El gobierno de Javier Milei persiste en exhibir “gestos” destinados a consolidar su alianza geopolítica-financiera con Estados Unidos, sobre todo en lo relativo a las “líneas rojas” de la relación bilateral con China en el marco de la competencia estratégica entre ambas potencias. Se trata de un tema que involucra varias áreas críticas, incluida la espacial, y que fue abordado en el encuentro en la Casa Blanca a mediados de octubre.
Ese enfoque puso bajo la lupa al proyecto espacial sino-argentino en la provincia de San Juan, que reabrió un frente de tensión entre el gobierno nacional, la comunidad científica y la provincia. La controversia surgió tras las versiones que señalaron una decisión política para “desactivar” la finalización del radiotelescopio CART—Complejo Argentino-Chino de Radioastronomía—, un proyecto científico ejecutado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Conicet y la Academia China de Ciencias que quedó atrapado en una disputa geopolítica.
En medio de acusaciones cruzadas, desde la UNSJ rechazaron que exista una orden del Ejecutivo nacional para paralizar una obra que, con un 65% de avance, tenía prevista su finalización para mediados de 2026. En principio, señalaron en cambio un “problema técnico en la Aduana” como la causa de la demora, a la espera de una notificación oficial del gobierno de Milei que contradiga esa versión.
Según explicó a PERFIL el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro, los equipos están retenidos desde principios de septiembre y, si bien las trabas generan suspicacias, por ahora no existe una orden política manifiesta para detener el proyecto. “No hubo ninguna directiva superior que les ordenara frenar la carga”, detalló.
Castro afirmó que el problema surgió porque en el envío —procedente de China— se incluyeron objetos no declarados, como cepillos de dientes, platos y zapatillas pertenecientes a los técnicos que debían montar la antena. “Técnicamente, eso es una falta, aunque sea mínima. Puede implicar una multa o una contravención. Lo entendemos, lo admitimos y pedimos que sean lo más expeditivos posible”, señaló.
El decano admitió que, mientras se resolvía esa cuestión, desde Aduana expresaron dudas sobre la vigencia del convenio bilateral para el uso de la antena, cuya renovación se había caído en junio por la falta de la firma de una de las tres patas del proyecto: el Conicet. “Les explicamos que lo que venció es el acuerdo de uso, pero que otros convenios seguían vigentes. De hecho, para evitar cualquier problema, firmamos uno nuevo con el Observatorio chino, justamente para facilitar el ingreso de las partes y la llegada de los técnicos”, aclaró.
“Empíricamente, el proyecto CART está frenado hasta que entren esas partes. Pero mezclar esto con el radar de Neuquén es un error”, concluyó el decano de la UNJS, consciente del revuelo mediático en torno al tema.
El cruce geopolítico por el proyecto CART
Aprovechando los despejados cielos sanjuaninos —los mismos que en el siglo pasado utilizaron entidades académicas estadounidenses como la Universidad de Yale—, la “antena gigante” prevista para estudiar el cielo comenzó a construirse en 2016, a doce kilómetros del pueblo El Barreal Blanco, en el corazón de la cordillera sanjuanina de la región de Calingasta.
Avalado por el gobierno de Mauricio Macri, el megaproyecto científico espacial fue aprobado por Cancillería y el Ministerio de Defensa, que descartaron riesgos para la seguridad nacional, y además generó un derrame positivo en sectores como el turismo. Según cifras a las que accedió este medio, China aportaba la tecnología —unos 20 millones de dólares, según datos oficiales—, San Juan debía aportar la infraestructura —caminos, energía, red de datos y agua, con una inversión estimada en 15 millones de dólares—, y el Conicet contribuiría con el conocimiento científico.
La tensión se agudizó a mediados de septiembre, cuando autoridades académicas denunciaron no sólo la falta de renovación del convenio de uso del radiotelescopio en función de los inversores —que preveía un 60% para China, un 20% para San Juan y un 20% para la comunidad internacional, según averiguó PERFIL— sino también trabas en la importación de partes esenciales para proseguir con un proyecto que está en su etapa final.
Además, la presencia de un avión estadounidense antes del arribo del enviado de Trump, Peter Lamelas, reavivó la dimensión geopolítica del proyecto espacial. En ese momento, la embajada de Estados Unidos en Argentina reconoció a PERFIL que el avión “realizaba una inspección rutinaria, programada y autorizada, de una zona de aterrizaje utilizada para visitas oficiales”.
Sin embargo, su presencia incomodó a vecinos y a autoridades académicas del proyecto, que cuenta con el aval del Estado nacional por su carácter científico y financiamiento público, según una opinión consultiva del Ministerio de Defensa de 2016. A ese clima contribuyó la Resolución 151/2025, firmada el 17 de octubre por el ahora exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, que estableció que “toda instalación de radares, observatorios o sistemas aeroespaciales deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Defensa”.
En medio de la incertidumbre por la presión del Gobierno nacional sobre el proyecto espacial, la atención se centró en el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. A fines de septiembre afirmó que se trata de un convenio firmado durante el gobierno de Macri, con participación de Cancillería, la UNSJ y el gobierno chino, y que hasta ese momento no recibió ninguna comunicación oficial desde la Casa Rosada.
“Lo que tengo que ser es prudente”, dijo, y advirtió que el tema “involucra a dos potencias mundiales” y que “no sería bueno interferir en cuestiones de Cancillería”. “En San Juan tenemos unos de los cielos más limpios del mundo y ese radiotelescopio, el más grande del Cono Sur, está en una situación delicada”, añadió el mandatario provincial, sin especificar si lo abordaría con el Ejecutivo nacional.
PERFIL consultó al entorno del gobernador sobre el tema pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.
El silencio de China
Frente a la ausencia de un comunicado oficial que despeje los rumores sobre CART, China optó por la misma postura que el Ejecutivo provincial: prudencia. Desde la embajada en Buenos Aires prefieren “no hacer comentarios” y remitir al curso de los canales oficiales, incluso ante las denuncias sobre trabas en la importación de piezas clave y contingentes demorados en el puerto de Shanghái a la espera del visto bueno argentino.
La última vez que la embajada china reaccionó públicamente fue en respuesta a las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, sobre la supuesta “injerencia china” en el país durante las negociaciones por el rescate financiero de Trump al gobierno de Milei. “Es una mentalidad arraigada de la Guerra Fría (…) Parece ignorar que la cooperación siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes”, sostuvo la embajada a cargo de Wang Wei en su momento.
Mientras tanto, el radiotelescopio que promete ser el más grande de América del Sur permanece anclado en la cordillera sanjuanina: imponente, pero detenido, a la espera de que el conflicto burocrático y geopolítico se destrabe antes de que la estructura —casi una década en construcción— sufra un deterioro irreversible.
