Salvataje para la reforma laboral de Milei y el consenso sigiloso entre Kicillof y Barrionuevo

Los proyectos de un gobierno débil tienen un destino meteórico. Se pulverizan -como los meteoritos- a medida que se acercan a la atmósfera. El debate en el Congreso sobre la reforma laboral ha llegado a un estado de fineza tal, que lo que se discute sobre la iniciativa original que mandó el Ejecutivo, no es lo que podrá aprobarse. La línea de corte pasa por todo lo que se le va a sacar, y por lo poco que quedará en la versión final.

Los legisladores de las dos cámaras han actuado en la clandestinidad durante todo enero, escondiendo reuniones y debates para que no los señalen como traidores -en la Argentina de la intransigencia quien negocia es un traidor-. Está peor visto que pagar por los votos, como hacen los gobiernos. Los mueve el consenso: es razonable que haya una ley de modernización laboral que pueda festejar el Gobierno para vender sus lemas a los calificadores de su gestión: inversores y organismos internacionales. Pero también en la oposición hay resto para descremar el proyecto al que el Senado le dio dictamen en diciembre, y mostrar a la altura del espíritu de los tiempos. Llegados a la última semana de enero, parece decidido que, de los cuatro capítulos de una reforma laboral, sólo se aprobará pacíficamente el primero. Es el capítulo de los derechos individuales de contratación, contenidos en la vieja ley de contrato de trabajo. Oficialismo y oposición, entienden que las modalidades de contratación tienen que ajustarse a los tiempos y que eso merece una renovación que festejarán todos. De esto hablaron el jueves los presidentes de los bloques de Unión por la Patria con el triunvirato de la CGT, reunión que albergó el compañero del vidrio Cristian Jerónimo en sus oficinas.

Los otros tres capítulos están en barbecho sin mucha suerte de que prosperen, al menos en los términos en que están reflejados en el dictamen oficial. Uno es el capítulo de los derechos colectivos -ultraactividad, negociaciones por rama o por empresa-. No lo quieren ni los sindicalistas, a quienes expresa el peronismo, ni los empresarios. Los convenios vigentes deben ser el piso de la negociación y no el techo. El tercer capítulo son los derechos asociativos sobre los que se basan los sindicatos -cuota solidaria y otras regulaciones cerradas-. Puede haber alguna pincelada, pero difícil que se toquen. Son la argamasa sobre la que se construye la relación entre sindicatos y empresarios y nadie quiere embarrarse en el basismo de las comisiones internas que controla la izquierda antisistema. Ese capítulo también afecta la existencia de las obras sociales y su financiamiento, que la mayoría quiere mejorar y no destruir.

El cuarto capítulo es el que más defiende el Gobierno y que tiene resistencia de muchos sectores. Se trata de la creación de fondos como el FAL, que crea una caja con dineros de los jubilados para fondear indemnizaciones por despido. Es un intento de este gobierno de tener, como lo tuvieron los anteriores, un fondo con dineros de la recaudación previsional para emitir títulos que sirvan para financiarse al Estado, a algunas empresas y, principalmente, a las provincias en emergencia.

Siempre existió el recurso de ir a la ANSES a bancar a una provincia en emergencia. Así han quedado las jubilaciones. Es una nueva fisonomía de la calesita financiera. En este capítulo se incluye la reducción de aportes previsionales, la eliminación de impuestos internos, la reducción de los aportes al impuesto a las ganancias. Los críticos más astutos de la iniciativa le reprochan al Gobierno que el proyecto laboral tiene un caballo de Troya financiero. El Gobierno argumenta con angustia que hay que derogar la vieja ley Centeno -por el abogado que la inspiró- de los tiempos de Isabelita (1974) pero lo que quiere es hacer una reforma fiscal que produzca un recorte a la recaudación coparticipable de 1 punto del PBI. “La simulación es un ingrediente de la política”, ha recordado esta semana el premier de Canadá en su gran discurso en Davos. “El poder del sistema no proviene de su veracidad, sino de la voluntad de cada uno de actuar como si fuera verdad”. (Mark Carney). Es también el método legislativo de este gobierno, amañado por juristas de estudios privados y de universidades confesionales que intentaron lo mismo con la ley de bases, que tenía 700 artículos. Quedaron 200 porque hasta querían disfrazar de pingüinos a los jueces, como en las películas de Hitchcock.

Para adecuarse al espíritu de época el peronismo no cristinista de Diputados presentó el viernes un proyecto propio de modernización laboral -no de reforma, en una concesión léxica al Gobierno que tachó la palabra reforma en el proyecto que fue al Senado-. Lo elaboró la exministra de Trabajo de Alberto Fernández, “Keli” Olmos -Raquel Kismer- con el diputado Guillermo Michel, exfuncionario de Aduanas del anterior gobierno. Lo apoya Victoria Tolosa Paz y este lunes Kelly saldrá a cabalgar más adhesiones en el bloque de UP que integra, y en otros que comparten una mirada afín.

El martes está convocado el bloque de UP de Diputados y se sumarán adhesiones. La reforma laboral es ya asunto de la interna del peronismo. Lo expresa el consenso sigiloso entre Axel Kicillof y Luis Barrionuevo para mostrarse juntos. Lo hicieron hace dos semanas por primera vez, cuando el ministro Carlos Bianco y funcionarios de Lotería de Buenos Aires participaron de la inauguración de un original puente que une el hotel Sasso y el casino de Punta Mogotes. Ese encuentro, donde se habló del rechazo peronista al proyecto, se repitió el viernes en el hotel Juan Perón de los gastronómicos marplatenses, de nuevo con Bianco y un enviado de Martín Llaryora. Axel ve en el anticristinismo de Barrionuevo una oportunidad de diferenciación. Son los movimientos previos a las internas por el PJ provincial del 15 de marzo. En una semana cierran las listas (8 de febrero) y se sabrá si hay lista de unidad o van a las urnas Kicillof, representado por Verónica Magario, y el candidato de Máximo Kirchner. Clave para blindar o no la unidad de la marca PJ mirando el 2027.

La línea del proyecto es plantear reformas en el capítulo de los derechos individuales. Propone quitar al Estado la facultad de aprobar los convenios, que una vez acordados quedarían automáticamente homologados, desde el momento de su aprobación y su publicación. Un gesto con melodía liberal que debería gustarle al Gobierno, aunque su liberalismo parece contradicho por el peso que sus decisiones descargan sobre el público. Este es un gobierno anti-Estado que administra con una pesada carga de decisiones del Estado sobre el público. Iba a haber menos Estado, y se ha multiplicado con las 13 mil y pico de presuntas desregulaciones de las que se ufana el Presidente cuando se pasea por el mundo.

Esta concesión al espíritu de los tiempos la comparten los autores con el sector de Encuentro (Miguel Pichetto, Nicolás Massot) con el que firmaron el proyecto multipartidario, que se presentó el jueves para ayudar a las familias endeudadas para comer. Ese proyecto expresa, según los firmantes, una idea de ayuda social, pero ligada a un capitalismo moderno que se inspira en medidas que tomaron los gobiernos de Estados Unidos y de España. También propone una reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales; combatir el trabajo no registrado; extender las licencias por paternidad; una desgravación de aportes patronales que impactaría principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa dice que este recorte representaría solo un 0,6% de pérdida de recaudación para la ANSES, fácilmente recuperable con el incremento de la formalidad.

Para el pago de las indemnizaciones, el proyecto crea un sistema de créditos del Banco Nación para los empresarios. Lo pueden devolver en cuotas, pero a los empleados se lo tienen que liquidar al contado. El ánimo de la iniciativa es contrarrestar lo que pueda volver a Diputados desde el Senado. La crítica que hacen los autores es que la iniciativa del proyecto no es sólo hacer una reforma fiscal que desaparece y castiga a las provincias que pierden impuestos coparticipables.

Según sus autores del oficialismo, desde una minoría legislativa, también busca sustituir el derecho laboral para reemplazarlo por el civil y comercial, donde no se reconoce la asimetría de poder, y busca destruir el derecho a huelga para reemplazarlo por el Código Penal; sustituir la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios por la unilateralidad del patrón; invertir la pirámide de negociación; transferir el costo de la contingencia del empleador al trabajador o trabajadora, y a jubilados y pensionados.

El otro proyecto meteórico que se desintegra a medida que se acerca a la atmósfera es la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta iniciativa parece tener el apoyo de la mayoría de los bloques del Congreso y sería otra forma de llevar a la oposición a aprobarlo casi sin chistar y facilitarle una fiesta que pagaron los gobiernos anteriores, pero que se cuelga éste de la solapa. Sin embargo, el golpe que lo debilita y lo desintegra en el mediano plazo es la decisión del Parlamento Europeo de mandar el acuerdo a la justicia comunitaria. El Gobierno no lo incluyó en las extraordinarias de 2026. La sola aprobación ya fue un gesto de resistencia a los dichos y las muecas del gobierno de los Estados Unidos contra Europa. Como Washington ha moderado los ánimos de su presidente -según dice un documento que desclasificó el viernes el gobierno de Trump, que contiene la estrategia nacional de Defensa: United States’ National Security Strategy, desclasificado el 23 de enero, 2026- la UE parece congelar hasta nuevo aviso la vigencia del acuerdo que, además, fue aprobado con una diferencia a favor de 10 votos.

José Mayans y Germán Martínez compartieron una reunión en la sede del PJ de Matheu para discutir el acuerdo Mercosur-UE del que participaron Felipe Solá, Jorge Taiana y Santiago Cafiero (todos fueron cancilleres). Solá describió la historia de la participación del gobierno de Alberto en ese acuerdo, que había anunciado Mauricio Macri en la reunión del G20 en Osaka a finales de 2019. Estaban desatadas las PASO de aquel año y el Gobierno confiaba que esa noticia les cambiase la vida. No sirvió de mucho. Solá afirmó que una cosa era el acuerdo en 2020 y es otra hoy. Coincidió con Taiana en que es bueno aprobarlo con modificaciones y que hay que estar alerta a lo que haga Brasil, donde Lula es un gran defensor del pacto. Hay que evitar, dio a entender Solá, quedarse detrás de Brasil si ese país aprueba el acuerdo y primerea en la región.

Mayans ya había escuchado esa tarde, por teléfono, la opinión de Cristina de Kirchner. La expresidenta cree que la UE ha tirado la pelota a la tribuna hasta nuevo aviso y que no habrá novedades hasta dentro de 2 o 3 años. Mejor esperar, eludir la presión del gobierno que quiere mostrar al peronismo como que rechaza el acuerdo. El peronismo ya vivió en 2013 el mismo minué con pacto con Irán para el juzgamiento de los acusados por la AMIA en un tercer país. Era un año electoral, en febrero el Congreso aprobó el acuerdo, pero Irán nunca le dio vista a lo que decía, cambió el gobierno en Teherán y todo quedó en la nada. El peronismo pagó el costo de aprobar un papel que Irán ignoró, sus funcionarios fueron acusados de traición y, además, el peronismo perdió las PASO y las elecciones legislativas de ese año. Fue el preámbulo de su derrota en las presidenciales de 2015, en manos de quienes se habían opuesto a ese acuerdo. No hay que olvidar que fue aprobado en Diputados por 131 a 113, una diferencia mínima.

Los invitados a Matheu tomaron conocimiento del documento que describe la estrategia de Defensa de Washington. El documento insiste en el Corolario Trump de la Doctrina Monroe: dice que EE.UU. se asegurará la hegemonía en el hemisferio occidental, que en el continente le interesa proteger desde Groenlandia hasta Panamá. Se retracta de haber desairado a los canadienses y dice que cuenta con ellos. Su interés, agrega, es entrar en la competencia con China, pero sin ir a la guerra. “Hemos visto crecer la influencia de los adversarios -dice el documento en el diagnóstico- desde Groenlandia en el Ártico hasta el Golfo de América (así llama Trump al Golfo de México) el Canal de Panamá y lugares más al sur. Esto no solo amenaza el acceso de los EE. UU. a terrenos clave en todo el hemisferio; también deja a las Américas menos estables y seguras, socavando tanto los intereses de los EE. UU. como los de nuestros socios regionales”. “Defenderemos la Patria -dice el documento en su síntesis ejecutiva- y garantizaremos que nuestros intereses en el hemisferio occidental estén protegidos. Disuadiremos a China en el Indo-Pacífico mediante la fuerza, no la confrontación”. Una confesión de mansedumbre de Trump que pocos esperaban después del festival de Davos.