La voz de Bernardo Salduna, serena pero decidida, resuena como la de un juez que, después de colgar la toga, continúa ejerciendo su juicio a través de la palabra. En una reciente entrevista en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ofrece un análisis sin adornos sobre la situación institucional, judicial y política de la provincia.
Con la experiencia de quien conoce a fondo la historia, Salduna no elude los temas delicados: desde la independencia del Poder Judicial hasta la necesidad de reducir los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que actualmente cuenta con nueve vocales, a cinco. También plantea la eliminación de la Sala Penal y una revisión de los mecanismos de acceso y permanencia en la magistratura.
A sus 79 años, no carga con nostalgias, sino con una rica memoria. Desde la distancia, Salduna examina con honestidad su tiempo en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En la entrevista, no escatima en críticas ni en diagnósticos contundentes: lo que alguna vez percibió como un bastión de integridad judicial se ha transformado en un edificio con cimientos inestables. “Tenía sobre la Justicia una visión idealista”, reconoce, admitiendo que, al ingresar al STJ, su percepción estaba influenciada por la imagen tradicional de la magistratura entrerriana: independiente, proba y de alta estatura intelectual. Sin embargo, esa imagen se disolvió rápidamente. “Cuando llegué al Poder Judicial, me encontré con elementos que relativizaron ese concepto”, añade.
Salduna describe su experiencia en el ámbito institucional como frustrante, marcada por la resistencia a sus intentos de reforma y la hostilidad interna que no oculta. “No solo no encontré eco, sino que también encontré respuestas negativas”, sentencia, apuntando que las agresiones provino de sus propios colegas. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando propuso cambios en la gestión de viáticos judiciales, sugiriendo requisitos mínimos como estar al día con el despacho y rendir cuentas. Su postura generó una reacción unánime entre los miembros del Tribunal, quienes le exigieron firmar los viáticos que él se negaba a validar.
“Desde 2017 hasta que me jubilé, mi planilla de viáticos es cero. ¡No cobré nada!”, enfatiza. Con sutileza, insinúa que ciertos viáticos eran justificables, mientras que otros decidió no convalidar. Su negativa a avalar gestiones oscuras lo aisló, al igual que su defensa de los plazos judiciales. “La justicia lenta no es justicia”, declaró, haciendo eco de su opinión ante magistrados que consideraban los plazos como meramente orientativos.
Salduna se despidió del STJ sin causas pendientes. “Hice un informe que incluso envié a diversos medios de prensa, donde dejé el Superior Tribunal sin ningún expediente a despacho”, destaca. Sin embargo, su salida no fue pacífica: solicitó tiempo para organizar la Sala Laboral, pero fue declarado cesante antes de finalizar el mes.
No oculta su visión crítica sobre el funcionamiento del Superior Tribunal, proponiendo reducir su número de miembros de nueve a cinco y eliminar estructuras como la Sala Penal, que considera innecesaria. “No tiene razón de ser”, afirma, explicando que sus funciones están constitucionalmente asignadas al pleno.
Además, advirtió que parte de la crisis institucional se relaciona con la falta de renovación, comentando que varios vocales “estarían en condiciones de ir a cuidar a los nietos”.
Salduna también se defendió en el controversial juicio político a Claudia Mizawak, asegurando que respondió a todos los pedidos de informe, y que fue blanco de ataques mediáticos motivados por prejuicios políticos: “No era una cuestión ni de amistad ni de nada”, aclara.
En el programa “Cuestión de Fondo”, afirma con la misma claridad que firmaba sus fallos que, para él, un juez es un servidor público que debe rendir cuentas: “Si se entiende que está bien remunerado, debe devolver a la sociedad lo que le está dando. Creo que muchas veces no ocurre así”. Esta declaración resume su filosofía de servicio: menos formalidades y más responsabilidad.
Desde su perspectiva, la Justicia de Entre Ríos necesita una poda estructural, mayor transparencia y una renovación generacional que devuelva vigor a su funcionamiento. Porque, sin jueces a la altura de sus responsabilidades, el árbol institucional se reseca por dentro.
– ¿Le sorprendió el informe que publicamos hace un par de semanas en la revista ANALISIS sobre viáticos y ausencias pagas en el STJ?
– Desde hace un par de años miro a la Justicia desde el papel de simple ciudadano. He dejado de formar parte del Superior Tribunal. Al ingresar al Poder Judicial de Entre Ríos, venía de una larga trayectoria en la profesión y política y quizás tenía una visión un tanto idealista. La magistratura entrerriana, tradicionalmente, era considerada un modelo institucional, conocido por su independencia y corrección. Sin embargo, al llegar, me encontré con factores que relativizaron esa percepción. Durante aproximadamente 20 años en el Poder Judicial, intenté que la Justicia mantuviera esa imagen a través de diversas iniciativas y mi desempeño como vocal del Superior Tribunal. Sin embargo, debo decir que esa experiencia fue frustrante.
– ¿Quiere decir que no encontró apoyo?
– No solo que no encontré apoyo, sino que también enfrenté negatividad y agresiones.
– ¿De sus propios compañeros?
– Sí, de mis propios compañeros del Superior Tribunal. Mi salida del STJ no fue pacífica, principalmente por mis posturas que incomodaban a muchos colegas debido a mi independencia.
– Entonces, se fue porque estaba harto de algunos manejos…
– Me fui por varios motivos. Uno de ellos es que, llegada una cierta edad, se debe considerar el retiro. No existe en el Poder Judicial de Entre Ríos la limitación etaria que sí hay a nivel nacional, pero uno piensa que hay un momento en que debe decir basta. Esa fue una de las razones principales.
– Y había cierto descontento…
– Sí, claro. Había frustración porque intentaba mejorar aspectos de la Justicia y lo único que recibía era indiferencia, que sería lo menos grave; además, enfrentaba agresividad y hasta campañas mediáticas en mi contra.
– ¿Puede dar ejemplos de lo que proponía?
– Al ingresar al Poder Judicial, un colega dijo que los plazos son perentorios para abogados, pero orientativos para el juez. ¡El juez debe cumplir los plazos! “La justicia lenta no es justicia”. Esta máxima es algo que todos, incluidos los ciudadanos, tenemos internalizado. Esa fue una de las cosas que planteé…
– ¿Ese colega sigue en el Superior Tribunal?
– Sí, sí. No entraré en detalles personales ni nombraré a nadie. Al llegar, recuerdo que atravesamos una situación caótica en 2001-2002. Apenas nos pagaban los sueldos, y en esa situación sin viáticos ni viajes pagos, cuando la situación se normalizó y comenzó la posibilidad de desplazamientos, propusimos una reglamentación coherente para los viáticos.
– ¿Qué pasó al respecto?
– En 2016-2017 se desató un escándalo por el manejo desordenado de los viáticos, lo que derivó en procesos de juicio político. Propuse a mis colegas un reglamento que incluía presentar una declaración jurada según la cual el magistrado esté al día con su despacho y justificar el viaje y rendir cuentas.
– ¿Qué ocurrió luego?
– Ese planteo causó grandes tensiones. Declaré que, si no se aprobaba ese proyecto, no cobraría viáticos, lo cumplí. Desde 2017 hasta mi salida en 2025, mi planilla de viáticos fue cero.
– ¿Siguió firmando viáticos?
– Firme algunos que consideraba justificados y otros los dejé pasar. También presenté proyectos sobre morosidad judicial, ya que el Superior Tribunal tiene plazos para resolver, aunque no hay sanciones.
– ¿Cuántos relatores tiene cada vocal?
– No hay justificación para que un vocal no esté al día con su trabajo. Hice un informe que envié a medios de prensa, indicando que dejaba el Superior Tribunal sin ningún expediente a despacho. Aunque había 84 expedientes atrasados en la Sala Laboral. Pedí 60 días para que mis colegas se pusieran al día, pero el resultado fue que me declararon cesante.
– Cuando usted se fue, ¿quiénes eran sus compañeros en la Sala Laboral?
– La doctora Susana Medina y el doctor Carlos Carlomagno, que siguen ahí.
– Volviendo a su consulta inicial: ¿le sorprendió el festival de viáticos y ausencias “pagas”?
– Sí. Me parece que debería regularizarse de alguna manera, no beneficia la imagen del Poder Judicial.
– ¿Cree que la morosidad aún persiste?
– Basado en el informe de ANÁLISIS, no estoy en el Poder Judicial y no puedo conocer la situación actual.
– ¿Cómo era su relación con la doctora Medina?
– Nunca tuve problemas personales con ninguno, aunque si los tuvieron conmigo, deberían preguntarles a ellos. Valoro muchas de sus acciones, como el programa “La Justicia a los barrios”, que buscaba acercar la justicia a la comunidad.
– ¿Se debaten los temas en la Sala Laboral o en el STJ? A veces parece que los empleados solo recogen votos y se redacta la sentencia sin más.
– En mi época, salvo cuestiones puntuales, cada uno hacía su voto y lo pasaba.
– ¿No es un error no debatir más entre ustedes?
– Creo que debería haber más debate, al menos para lograr un criterio más consensuado. En mi caso particular, redactaba mis votos personalmente antes de dárselos a mis relatores para que buscaran jurisprudencia. Esa era mi forma de trabajar.
– ¿No se deja demasiado en manos de los relatores?
– Creo que en algunos casos sí. En mi caso, no ocurrió, pero hay vocales que dependen más de los relatores en la redacción de fallos.
– Se menciona que muchos magistrados y funcionarios cobran un sueldo que se paga con impuestos, ¿no es un derecho de la comunidad saber cómo se producen las sentencias?
– Así es. Los magistrados deben rendir cuentas a la sociedad.
– ¿Es necesario mantener el Instituto Alberdi?
– Cumplió una función importante en la capacitación judicial. Sin embargo, podría analizarse su presupuesto y estructura actual. Propuse reducir los miembros del Superior Tribunal, pues nueve no tiene razón de ser.
– ¿Qué sería lo ideal?
– Cinco sería lo adecuado para la aplicación e interpretación de la ley. Existe una nueva Cámara de Casación Penal, por lo que no tiene sentido la Sala Penal, que debe ser función del pleno.
– Durante el juicio político a Mizawak, usted era vicepresidente del Cuerpo. ¿Le molestó recibir críticas por esa cercanía?
– No juzgo los aspectos extrajurídicos de Mizawak, pero las acusaciones no tenían fundamento. Respondí a todos los pedidos de informe, y en un momento, un abogado mediático me atacó, argumentando que yo había sido reticente por ser su amigo. Yo solo respondí conforme a los informes pedidos.
– ¿Cree que hay que renovar el STJ?
– Creo que hay vocales que podrían retirarse. También estaría bien que no se cubrieran vacantes y el tribunal se redujera, incluso a cinco.
– ¿Deberían revisarse las condiciones de los jueces más antiguos?
– Podría ser, aunque eso podría dar lugar a manipulaciones y presiones, así que sería mejor, por ahora, dejar las cosas como están.
– En el Congreso de la UCR en Villaguay, mostró su descontento con el acuerdo con La Libertad Avanza.
– La mayoría compartía mi postura, pero no pude irme contento. La situación era compleja; ir solos a la elección en un panorama polarizado resultaría arriesgado. La única opción viable era ingresar en la negociación de La Libertad Avanza, ya que muchos aliados ya habían tomado esa dirección. Considerando mi posición en la provincia, sería difícil competir sin esta alianza.
