El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó hoy las condenas en la conocida causa de la “Ruta del dinero K”, allana el camino para que varios de los implicados sean arrestados. Esto se debe a que las condenas superiores a tres años de prisión son de cumplimiento efectivo y, con la decisión del máximo tribunal, están en condiciones de ejecutarse al no quedar más instancias de revisión.
La Corte dejó firme la condena a 12 acusados, aunque la situación es diversa en cada uno de los casos. Este aspecto será evaluado por el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py, que deberá ser notificado formalmente por el máximo tribunal, hecho que hasta la tarde de hoy no había sucedido. Se prevé que mañana comience dicho trámite, según informaron fuentes judiciales a Infobae.
Una de las incógnitas que surge es la situación del empresario Lázaro Báez, condenado a 10 años de prisión por el lavado de 55 millones de dólares. Báez estuvo detenido en esta causa desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019, momento en el que recuperó la libertad. Sin embargo, continuó bajo arresto domiciliario debido a otro expediente, también relacionado con lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, en el que recibió una condena de cuatro años y seis meses. Esta última condena aún no es firme.
Báez fue primero detenido en una casa de la provincia de Buenos Aires y ahora reside en un domicilio en Santa Cruz. Su abogado, Martín Villanueva, ha argumentado que se debe considerar todo el tiempo que Báez lleva privado de libertad: tres años en la cárcel de Ezeiza y cinco años y medio en prisión domiciliaria, sumando un total de nueve años y seis meses, con lo cual sostienen que ya habría cumplido la condena de 10 años.
No obstante, fallos de la Cámara Federal establecieron que, en el caso de Báez en la causa de la “Ruta del dinero K”, solo se computen los tres años que estuvo encarcelado, ya que posteriormente fue excarcelado en este expediente y la prisión domiciliaria corresponde a otro caso.
La decisión final recaerá en el Tribunal Oral Federal 4, presidido por el juez Guillermo Costabel, que deberá consultar a las partes, tanto la defensa como el fiscal federal Abel Córdoba, quien participa en la causa. Si el tribunal determina que Báez ha estado tres años en prisión por esta causa, se abrirán dos posibilidades: que regrese a la cárcel o que continúe bajo arresto domiciliario.
Seis condenados más deberán ser detenidos, dado que enfrentan penas de entre cinco y tres años y seis meses de prisión. Estos son Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-; Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del cual se realizaron las operaciones de lavado; César Fernández y Fabián Rossi, ex empleados de la financiera S.G.I de Federico Elaskar; el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.
Ninguno de los seis ha estado detenido en el proceso, por lo que deben cumplir la totalidad de sus condenas. Sin embargo, se presentan algunas particularidades. Fernández, Rossi y Molinari han presentado en la justicia certificados que indican que padecen diversos problemas de salud, lo que podría dar lugar a solicitudes de prisión domiciliaria.
Además, Molinari, Castro y Mendoza superan los 70 años, edad a partir de la cual la ley permite solicitar la prisión domiciliaria por razones etarias. Sin embargo, la norma especifica que la concesión no es automática por motivo de edad.
La Corte Suprema también ratificó las condenas de Martín Báez, hijo de Lázaro Báez; del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco. Martín Báez fue sentenciado a seis años y medio de prisión, mientras que Pérez Gadín y Chueco recibieron condenas de seis años.
Los tres ya habían estado en prisión por esta causa. Martín Báez cumplió cuatro años y medio (desde enero de 2019 hasta su excarcelación en junio de 2023). En el caso de Chueco y Pérez Gadín, también se asemeja a lo que ocurrió con Lázaro Báez: estuvieron encarcelados por esta causa hasta su liberación, pero continuaron bajo arresto domiciliario por el caso del campo “El Entrevero”. Chueco fue liberado en junio de 2020 y Pérez Gadín en noviembre del año pasado. En esos casos, el tribunal deberá determinar si, conforme a los computos, ya han cumplido sus condenas y, por lo tanto, no deben ser arrestados nuevamente.
El arrepentido del caso, Leonardo Fariña, ya contaba con una condena de tres años y medio confirmada y actualmente se encuentra bajo libertad condicional, dado que prácticamente ha cumplido su pena.
