Representantes de las sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires se reunieron en Junín para discutir varios temas críticos, incluyendo una fuerte advertencia sobre el posible regreso de las retenciones en julio a sus niveles anteriores, el estado deficiente de los caminos y la infraestructura hídrica, y el aumento del impuesto inmobiliario rural. Los productores no descartaron la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones en respuesta a la eventual reinstauración de derechos de exportación para algunos de los principales cultivos. La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que para el trigo y la cebada, que desde enero tienen una tasa reducida del 9,5%, esta baja se mantendrá hasta el 31 de marzo de 2026. En contraste, la soja regresará al 33% en julio y el maíz verá un incremento del 9,5% al 12%, según lo establecido en un decreto del presidente Javier Milei.
El encuentro contó con la participación de representantes de General Arenales, Chacabuco, Pergamino, General Viamonte y Carmen de Areco, pertenecientes a la Zona 2 de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), así como con la presencia de los diputados provinciales Silvina Vaccarezza y Luciano Bugallo. Los ruralistas expresaron su preocupación por la falta de obras financiadas con fondos específicos y no descartaron la posibilidad de tomar acciones legales ante el aumento impositivo en territorio bonaerense. Solicitaron al gobierno provincial que destine los fondos necesarios para mejorar la infraestructura, especialmente en lo que respecta al mantenimiento de caminos rurales, esenciales para el transporte de la producción.
Gustavo Frederking, vicepresidente de la Sociedad Rural de Junín, manifestó su inquietud ante la posible reinstauración de las retenciones. Subrayó que, como ciudadanos, comprenden la importancia de combatir la inflación—el impuesto más gravoso—lograr un equilibrio fiscal—fundamental para un país serio y predecible—y poner fin a los piquetes, que constituyen una situación alarmante. Sin embargo, recordó que Javier Milei, durante su campaña, se opuso abiertamente a los derechos de exportación, calificándolos como “porquería”. Frederking reconoció el esfuerzo de los productores para mantenerse a flote ante una elevada presión tributaria y exigió que se cumpla con lo prometido, solicitando un cronograma claro para la eliminación de las retenciones.
Advirtió que, durante el gobierno de [Mauricio] Macri, la eliminación de las retenciones resultó en un crecimiento notable de la producción, mayor inversión, más empleo y una reducción de la pobreza. Regresar a un sistema anterior sería, según él, repetir errores del pasado.
Las entidades rurales de la región no descartan la posibilidad de una movilización para manifestar su postura. Han alertado que cualquier retroceso en la reducción de impuestos sobre la producción sería un grave error.
Los productores esperan que el presidente Milei cumpla con su compromiso y aclare cuándo se eliminarán definitivamente las retenciones. “Si el gobierno nacional persiste en aumentar las retenciones, es muy probable que convoquemos a una movilización del sector”, advirtieron.
En la reunión se expresó preocupación por la carencia de obras de infraestructura vial y hídrica, a pesar de los constantes aportes fiscales de los ciudadanos. Al comprar nafta, gasoil o GNC, los consumidores contribuyen a fondos nacionales destinados al mantenimiento de rutas y proyectos hídricos. Sin embargo, desde el sector agropecuario indican que no hay avances visibles ni mejoras en la red vial o en la gestión del agua en áreas productivas claves, como la cuenca del Río Salado.
Otro tema central del encuentro fue el aumento del 8% sobre la segunda cuota del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, que ya llegó en las boletas a los productores. Los representantes señalaron que la prórroga de la Ley Impositiva Fiscal 2024 limita la posibilidad de modificar valores, por lo que están considerando acciones legales ante las autoridades competentes. “Durante la reunión también manifestamos nuestra preocupación por la segunda cuota del inmobiliario y solicitamos fondos urgentes para la reconstrucción de la infraestructura vial, dañada por las intensas lluvias”, comentó.
Luciano Bugallo, diputado provincial por la Coalición Cívica, expresó que la falta de rentabilidad para los productores es una de las principales preocupaciones, resultado de la caída de los precios internacionales y la elevada presión impositiva, especialmente las retenciones. Bugallo resaltó que los productores sienten que el cambio prometido en campaña no ha llegado al campo, salvo por la reciente reducción temporal de las retenciones, que tiene fecha de vencimiento y está generando preocupación y tensión entre los productores.
Agregó que actualmente el Estado retiene el 60% de la producción bruta de los productores en impuestos en distintos niveles, siendo el gobierno nacional responsable del 90% de este total. “No hay previsibilidad, ni hoja de ruta, ni claridad respecto del rumbo que el Gobierno desea para la cadena agroindustrial, más allá de los discursos atractivos que ya nos han acostumbrado”, explicó.
“Si bien no es un sentimiento generalizado, ya se empieza a percibir el enojo y el temor a quedar excluidos del sistema, debido a la falta de rentabilidad”, concluyó.
