Una fuerte polémica sacude al sector agropecuario bonaerense luego de que el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba) presentara en la Legislatura provincial un anteproyecto de ley destinado a declarar de “interés público” la protección de los suelos y el agua. La iniciativa, que ya fue analizada en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado provincial, recibió duras críticas de entidades rurales y referentes políticos, que la calificaron como una norma que “atenta contra la propiedad privada”, que “instala un esquema de control estatal” y que podría sumar “más trabas y burocracia” a la actividad productiva.
Uno de los artículos que detonó el debate es el que establece la protección de los suelos y el agua agropecuaria y forestal como de “interés público” con el objetivo de “mantener y/o mejorar su capacidad productiva y su funcionalidad en el ecosistema”. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestaron su rechazo: “Desde Carbap manifestamos nuestro rechazo al proyecto de Ley de Suelos realizado por el Ciafba, porque avanza sobre la propiedad privada, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”.
Carbap, que preside Ignacio Kovarsky, criticó el anteproyecto de ley
La norma también prohíbe “utilizar para la producción agropecuaria y/o forestal aquellos suelos no aptos para ello o que se encuentren en un estado de degradación que así lo requiera a efectos de procurar su recuperación”.
Entre las observaciones de Carbap figura la posibilidad de que el Estado defina qué son “suelos aptos”, un criterio que, advirtieron, “puede dejar tierras improductivas”. Además, cuestionaron la obligación impuesta para “todas las personas físicas o jurídicas que realicen producción agropecuaria y/o forestal… de colaborar con el cuidado de los suelos y el agua a través de las acciones necesarias para garantizar un uso y manejo adecuado”.
El artículo 2 dice: “Todas las personas físicas o jurídicas que realicen producción agropecuaria y/o forestal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y la administración pública provincial tienen la obligación de colaborar con el cuidado de los suelos y el agua a través de las acciones necesarias para garantizar un uso y manejo adecuado a los efectos de preservarlos para las generaciones futuras y para que continúen siendo funcionales a la seguridad alimentaria, a la mitigación del cambio climático, a la generación de divisas para la provincia de Buenos Aires y el país y la provisión de los servicios que el ecosistema necesita“.
Carbap advirtió que la norma implica una obligatoriedad generalizada: “todos los productores (dueños o arrendatarios) deben cumplir prácticas definidas por el Estado”, señalaron, al tiempo que alertaron sobre el alcance de las exigencias estatales.
El artículo 7 habla también de “acogerse a lo indicado por la Autoridad de Aplicación en la definición de los Distritos de Cuidado del Suelo y Agua (inciso b. del artículo 6°, Capítulo IV) respecto a las características agroambientales y la susceptibilidad y/o el grado presente de degradación a efectos de proceder según corresponda para la prevención de degradación, la conservación y/o la recuperación de los suelos de las unidades productivas bajo su responsabilidad”.
En cuanto a los planes de manejo, el proyecto establece que “deberán estar suscriptos por un profesional matriculado…, contemplar un plazo mínimo de cuatro (4) años/campañas agrícolas” y ajustarse al catálogo oficial de prácticas. Carbap señaló como una de las mayores objeciones la exigencia de “planes de uso y manejo obligatorios: cada cuatro años, con firma profesional y aprobación estatal”, que —dijeron— implicaría una nueva carga operativa y económica para el sector.
En el mismo sentido, el diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) cuestionó que, con ese marco, el productor “pierde autonomía: no decide libremente cómo usar su tierra, sino que está obligado a someterse a planes de manejo supervisados por burócratas y profesionales matriculados”.
Otro eje que generó cuestionamientos es el esquema de gestión y control: la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Desarrollo Agrario, con amplias facultades para “definir, caracterizar y crear Distritos de Cuidado del Suelo y el Agua”, aprobar o rechazar planes de manejo y administrar un fondo provincial. Carbap advirtió sobre la “creación de distritos y consorcios forzosos: obliga a integrarse a estructuras colectivas” y sostuvo que “se le otorgan facultades muy amplias para decidir, controlar y sancionar, concentrando un poder que en la práctica puede derivar en intervenciones discrecionales”.
El proyecto prevé, además, un régimen de incentivos y sanciones: quien cumpla podrá acceder a deducciones impositivas; quien incumpla, enfrentaría multas, la exclusión de programas e incluso la intervención administrativa.
Se crea un fondo provincial que se financiará con “el cero con cero ocho (0,08) por ciento del presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires, el producido de las multas aplicadas… y legados y donaciones”. Sobre este punto, Carbap alertó de una “nueva carga fiscal indirecta: creación de un Fondo Provincial que abre otra ‘caja’ de recursos”, en un contexto de alta presión impositiva.
Carbap alertó de una “nueva carga fiscal indirecta: creación de un Fondo Provincial que abre otra ‘caja’ de recursos”, en un contexto de alta presión impositiva
En la misma línea, Abel Real, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), dijo que están analizando el proyecto y que en breve emitirán una posición institucional. Anticipó que, a su juicio, implica “un atentado a la propiedad privada”.
Desde el Ciafba sostienen que la iniciativa apunta a enfrentar un problema estructural y en crecimiento en la provincia: “La utilización del suelo para la producción agropecuaria y/o forestal altera el estado estable alcanzado por los suelos como resultado del proceso evolutivo y, si no es realizada cuidadosamente, puede llevar a la reducción y hasta la pérdida de la capacidad del suelo de cumplir con el objetivo de proveer alimentos, fibras, combustibles y medicamentos en particular y su función en el ecosistema en general, lo que se da en llamar degradación”.
También advirtieron que “la erosión hídrica y eólica afecta más del 40% de los suelos de la provincia” y que “las consecuencias de este proceso incluyen pérdida de productividad, mayores riesgos de inundaciones, sedimentación en cursos de agua y disminución de la biodiversidad”. Por eso, plantearon la necesidad de “promover un cambio de paradigma hacia un manejo responsable y sustentable del recurso, garantizando su disponibilidad para las generaciones futuras”.
Horacio Repetto, expresidente de Ciafba y actual responsable de la Comisión de Conservación de Suelos, sostuvo que la iniciativa busca dar respuesta a la creciente degradación de los suelos bonaerenses y a la ausencia de un marco legal específico. “Tenemos que solucionar el problema que tenemos con los suelos en nuestra provincia y la herramienta que tenemos para hacerlo es a través de un proyecto que, me parece, es muy valioso, que puede tener modificaciones en los lugares que sea y las va a tener. Entra en una comisión y va a tener cambios, seguro, y, sobre todo, los verdaderos cambios van a venir en el decreto reglamentario”, afirmó.
Repetto explicó que, a diferencia de otras provincias de la región pampeana, Buenos Aires carece de una normativa de suelos, pese a que “las miles o millones de toneladas de suelo que se siguen perdiendo” constituyen un problema creciente. Señaló además que si se pretende que el suelo bonaerense siga alimentando a las generaciones futuras, es preciso actuar, y puso como ejemplo medidas adoptadas por Uruguay y otras provincias de la región para conservar recursos hídricos y suelos.
Subrayó que el proyecto no nació de manera aislada sino que cuenta con amplio respaldo técnico: “Este anteproyecto está avalado por todas las instituciones técnicas, porque en realidad este anteproyecto se presentó oportunamente y lo trabajaron Aapresid, CREA, INTA, universidades, todos en una mesa”, afirmó. Agregó: “La academia —las universidades, el INTA, etcétera— han participado en la redacción de este anteproyecto”.
