Durante una serie de allanamientos por narcomenudeo en Paraná la semana pasada, varias personas fueron arrestadas. Entre ellas se encontraba Aldana María Victoria Leiva, quien ya había sido condenada por el mismo delito en la Justicia Federal y gozaba de prisión domiciliaria. Al encontrarse con “una gran cantidad” de droga en su poder, el Tribunal Oral Federal decidió revocar este beneficio y ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 6.
Leiva había recibido una sentencia de tres años y seis meses de prisión en septiembre del año pasado, al ser considerada partícipe secundaria en una causa que desmanteló una organización dedicada a la venta de estupefacientes en varios puntos de la ciudad, así como a grupos en La Paz, Santa Elena y San Benito. Esta organización estaba liderada por Juan Alberto Espíndola, quien fue condenado a cinco años de prisión.
Después de ese juicio abreviado, a Leiva se le otorgó prisión domiciliaria por cuestiones de salud, niveladas a su lesión medular, y para cuidar de su hija de 15 años, en un domicilio del barrio Foecyt de la capital provincial.
El jueves pasado, en el marco de la causa por narcomenudeo que lleva el fiscal Santiago Alfieri, se realizó un allanamiento en la casa de Leiva.
El fiscal general, José Ignacio Candioti, manifestó que “para recolectar más información sobre las razones que motivaron su detención, personal de esta Fiscalía General se comunicó con el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, que indicó que la aprehensión de Leiva se efectuó tras el hallazgo de una gran cantidad de material estupefaciente”.
Candioti subrayó que la situación es grave y cuestiona la validez del beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Leiva, considerándolo motivo suficiente para proceder a su revocación. Explicó que la detención refleja un grave incumplimiento de las normas que rigen el régimen de prisión domiciliaria, lo que justifica su revocación.
El abogado defensor, Augusto Laferriere, argumentó que Leiva “se encuentra detenida (injustamente) bajo custodia de la fuerza provincial, por un allanamiento ordenado por el juez de Garantías N° 2, José Eduardo Ruhl, que afecta a varias personas”.
Destacó que, a diferencia de su clienta, el resto de los seis detenidos han sido trasladados a domicilios particulares bajo la modalidad de prisión preventivamente domiciliaria por un período de 60 días.
Para evitar obstrucciones en la investigación provincial en curso, Laferriere solicitó que se le asigne un nuevo domicilio a Leiva para cumplir con su pena privativa de libertad, sugiriendo el domicilio de calle Los Arrayanes n° 795, que estaría firmado por el Sr. Pablo Daniel Díaz.
Al decidir sobre el caso, la jueza de Ejecución del TOF, Noemí Berros, afirmó que “la actitud de la condenada refleja un comportamiento transgresor grave que justifica la revocación de la modalidad domiciliaria de la pena, y su inmediato traslado a la unidad penal N° 6 de esta ciudad”. Además, requirió al fiscal Alfieri que le enviara copias del legajo de investigación que involucra a Leiva.
