El uso de una cautelar judicial para ejercer la censura previa encendió las alarmas en el Congreso. La medida, que prohibió la difusión de audios de la secretaria general de la presidencia Karina Milei, fue señalada como un precedente riesgoso para la democracia. En el Senado la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Carolina Moisés, convocó a una conferencia donde denunciaron un “ataque anticonstitucional a la libertad de prensa”. En Diputados la Comisión de Libertad de Expresión, paralizada desde hace un año y medio por decisión de su presidenta, la libertaria Emilia Orozco, abrió de manera informal sus puertas para recibir a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. La presencia de legisladores de distintos bloques funcionó como un respaldo a la prensa frente a los embates del oficialismo. “Lejos de callarnos vamos a seguir mostrando investigaciones”, advirtieron los periodistas quienes adelantaron que en las próximas horas mostraran pruebas de un cruel mecanismo mediante el cual “se incentivaba a los empleados a bajar subsidios para discapacidad.”
En una reunión de urgencia, el viernes por la noche, la Casa Rosada resolvió avanzar contra los periodistas. Aun sabiendo que la cautelar dictada será un placebo de corta duración –porque choca de lleno con la Constitución Nacional y los tratados internacionales–, el gobierno buscó ganar tiempo y frenar nuevas filtraciones en la previa de una elección clave. En este contexto, el Congreso –que en los últimos meses viene funcionando como contrapeso y espacio de control frente a los excesos del Ejecutivo– se puso en marcha. Diputados de la oposición se autoconvocaron a una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión tras la cautelar que impidió la divulgación de audios de Karina Milei y los pedidos de allanamiento contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. Con la presidenta del cuerpo, la libertaria Emilia Orozco, dedicada a su campaña en Salta, fue el vicepresidente Cristian Castillo (Frente de Izquierda Unidad) quien anunció la convocatoria y cursó las invitaciones. Mientras la reunión transcurría en el Congreso, Orozco publicaba en sus redes sociales imágenes de su recorrida por Iruya en las que se la puede ver junto a un burro.
Pese a las maniobras, la cita contó con representación de todas las fuerzas políticas, incluso del bloque Coherencia, recientemente conformado por exlibertarios. La única ausencia fue la de los legisladores del oficialismo y sus aliados del PRO. También participaron referentes de organismos de derechos humanos: Diego Morales por el CELS y Myriam Bregman en representación del CeProDH. “Hace un año que la diputada Emilia Orozco no convoca a la comisión de Libertad de Expresión. Es un modus operandi del oficialismo”, denunció Castillo. Al no tratarse de una convocatoria formal, los diputados no pudieron firmar dictámenes. Sin embargo, lograron que la reunión fuera transmitida por el canal oficial de la Cámara Baja. No ocurrió lo mismo en el Senado, donde la conferencia convocada por la presidenta de la Comisión de Medios, Carolina Moisés, se desarrolló en un salón que “casualmente” no tenía conexión de fibra óptica para transmitir.
En el mismo sentido, la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard subrayó: “Esta comisión estuvo clausurada porque desde que se constituyó no pudimos sesionar para denunciar hechos gravísimos que acontecieron”. Y advirtió: “Estamos padeciendo censura como en épocas de dictadura. Jamás pensé que en más de 40 años de democracia íbamos a tener que informarnos por medios extranjeros”.
Cuando tomó la palabra, Jorge Rial fue contundente: “Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra nosotros, que solo estamos informando sobre corrupción en el Gobierno”. El periodista aseguró que las investigaciones que perturban los planes de la Casa Rosada seguirán: “Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar públicamente más pruebas y estamos dispuestos a compartirlas con la Justicia, porque el laburo del periodismo es esto”.
Según adelantó, el nuevo material incluye capturas de pantalla de WhatsApp que exhiben un mecanismo de premios y castigos dentro de la administración pública: empleados incentivados de manera aleatoria a recortar subsidios destinados a personas con discapacidad. Un sistema de recompensa para quienes se animaran a pasar la motosierra sobre los más vulnerables. El conductor también relató episodios de amedrentamiento. Contó que el viernes un Falcon verde se detuvo frente a su casa en un claro intento de intimidación y que esa misma noche, durante la reunión de urgencia en Balcarce 50 tras la divulgación de los primeros audios de Karina Milei, un funcionario llegó a decir que “querían a Rial preso”. Rial cerró con una advertencia: “Este es un punto de quiebre. Se metieron con la libertad de expresión y si nos llevan puestos a nosotros, se van a llevar puestas todas las libertades. No creen en la Constitución porque es como la criptonita para ellos”.
A su turno, Mauro Federico salió al cruce de las acusaciones incluidas en la presentación del Ministerio de Seguridad. “No tengo ningún contacto con servicios de inteligencia bolivarianos”, aclaró, y negó cualquier vínculo con el abogado Franco Bindi –pareja de la diputada Marcela Pagano y señalado por el propio gobierno como supuesto autor de las filtraciones–. “Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias”, remarcó el periodista, que apuntó directamente contra la gestión libertaria: “Nuestro objetivo es poner en relevancia que este gobierno armó una organización para destruir el sistema nacional de asistencia a las personas con discapacidad”.
Federico advirtió que lo que salió a la luz hasta ahora es apenas “la punta de un iceberg”, al que describió como un “saqueo” a la Agencia Nacional de Discapacidad. Visiblemente emocionado aseguró: “No me canso de angustiarme de ver personas reclamando en la puerta de la Andis, yendo a pedir explicaciones de por qué les retiraron su pensión: 280 mil pesos a una persona que no le alcanza para morfar. Si eso no es un genocidio planificado, ¿qué es?”. Por último se refirió a las fuentes que nutren sus investigaciones para despejar sospechas: “Nuestras fuentes no son venezolanos, no son rusos. Muchos son laburantes: algunos los echaron, otros siguen ahí adentro trabajando, pero no soportan no poder dormir de noche”.
Más temprano en el Senado, la presidenta de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, Carolina Moisés, convocó a una conferencia junto a legisladores opositores en la que se calificó la avanzada del gobierno como un ataque directo a la libertad de prensa y a la Constitución. Allí, el radical Martín Lousteau sostuvo que el gobierno intenta “naturalizar la censura previa” y advirtió que, lejos de un gesto aislado, se trata de un mecanismo que erosiona las bases del sistema republicano. La propia Moisés remarcó que “se están cruzando líneas rojas que ponen en riesgo la esencia del sistema democrático” y confirmó que convocará formalmente a la comisión para analizar los pasos a seguir frente a la cautelar.
