El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció públicamente el hallazgo de dispositivos de espionaje en dependencias oficiales, entre ellas su propio despacho y oficinas de la Secretaría General de la Gobernación. El hecho generó una fuerte repercusión política y motivó expresiones de repudio tanto a nivel provincial como nacional.
A través de sus redes sociales, Frigerio calificó lo ocurrido como un episodio de “enorme gravedad institucional” y lo vinculó con “prácticas oscuras del pasado”. En ese sentido, aseguró que ya se dio intervención a la Justicia para que se investigue el origen de los dispositivos y se identifique a los responsables. “En Entre Ríos la transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, afirmó.
El caso despertó reacciones en distintos sectores del arco político. Desde su propio espacio, referentes del PRO y de Juntos por el Cambio manifestaron su solidaridad con el mandatario y reclamaron el esclarecimiento inmediato de lo sucedido, al considerar que se trata de un ataque directo a la institucionalidad.
En el plano provincial, una de las primeras dirigentes en pronunciarse fue la intendenta de Paraná, Rosario Romero, quien respondió al mensaje del gobernador en la red social X. “Ante los hechos de espionaje denunciados, quiero expresar mi enérgico repudio a este tipo de prácticas que recuerdan épocas oscuras de la Nación”, escribió, y agregó que “la política se construye con consensos y diálogo en las sanas reglas de la democracia”.
El episodio reavivó el debate sobre los límites del poder, la protección de la privacidad de los funcionarios y el uso ilegal de herramientas de inteligencia en ámbitos institucionales. En ese marco, distintos actores políticos coincidieron en señalar que se trata de un hecho de extrema gravedad que debe ser esclarecido con rapidez y transparencia.
El episodio reavivó el debate sobre los límites del poder, la protección de la privacidad de los funcionarios y el uso ilegal de herramientas de inteligencia en ámbitos institucionales. En ese marco, distintos actores políticos coincidieron en señalar que se trata de un hecho de extrema gravedad que debe ser esclarecido con rapidez y transparencia.
Mientras avanza la investigación judicial, desde el gobierno provincial insistieron en que no se trata de un hecho menor y remarcaron que el objetivo es que no quede impune. “No vamos a mirar para otro lado”, señalaron fuentes oficiales.
La denuncia de Frigerio y las posteriores expresiones de repudio marcaron un punto de inflexión en la agenda política entrerriana, con un mensaje transversal: el espionaje ilegal no puede tener lugar en una democracia.
Lo que dijo el gobernador en las redes
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