Eran las 19. Estábamos sobre la vereda, en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña: periodistas, reporteros gráficos y manifestantes inorgánicos. La mayoría nos habíamos quedado para ver cómo continuaba la marcha contra la reforma laboral tras la represión que, a las 17, había vaciado la Plaza de los Dos Congresos. La Policía comenzó a avanzar por la calle rumbo a nosotros y, de pronto, apareció la motorizada. Aparecieron sin aviso. Estaban armados, nos apuntaron y nos empezaron a gritar: “Al piso, al piso”. A mi amiga y a mí nos dejaron ir cuando nos identificamos como periodistas de PERFIL. No encontrábamos a un compañero y el pensamiento fue automático: se lo llevaron.
Por suerte apareció enseguida. Zafó. No fue el caso de Nicolás Viñas, un fotógrafo freelance que fue arrestado mientras documentaba la protesta y recién liberado al día siguiente. En Argentina, terminar en una comisaría por participar de una manifestación se volvió una posibilidad cada vez más concreta. La Comisión Provincial por la Memoria relevó un total de 31 detenciones arbitrarias. Los demorados fueron cerca de 100. Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), solo en la intersección de 9 de Julio y México retuvieron de una vez a unas 50 personas y hubo operativos que llegaron a la zona de Constitución.
El avance policial ocurrió después de las 16, cuando un pequeño grupo de manifestantes encapuchados empezó a lanzar piedras y proyectiles improvisados. El operativo represivo no terminó cuando la zona se despejó. En las horas siguientes, la Policía avanzó en una especie de “cacería” sin justificación: ese fue nuestro caso, por ejemplo, aunque estábamos en la vereda sin hacer más que filmar videos.
La detenidos.phtml">brutalidad y la falta de acción policial para frenar al puñado de encapuchados instalaron una sospecha: ¿hubo infiltrados? PERFIL intentó comunicarse con las autoridades de Seguridad de la Ciudad y la Nación para aclarar las dudas sobre el operativo, pero no obtuvo respuesta.
Hubo dos recortes que se repitieron hasta el cansancio en los medios oficialistas: el de un grupo de cinco jóvenes preparando una bomba molotov y el de un manifestante rompiendo una vereda a martillazos. Esas imágenes alimentaron el argumento de la prensa mileísta, que insiste en la “violencia kuka”, pero también dieron fuerza a quienes señalaron escenas que resultaron inverosímiles.
No obstante, las hipótesis de “infiltrados” o de “violentos” no agotan las explicaciones posibles. ¿Se está registrando una escalada de violencia frente a un Gobierno que restringe el derecho a huelga y movilización? Si ese fuera el caso, sigue siendo incomprensible que un operativo de 800 policías no haya podido frenar a un grupo inorgánico y pequeño antes de que la situación se desbordara. Un tercer escenario plantea una suerte de “zona liberada”: permitir que ocurra algo para tener la excusa perfecta y justificar la represión.
Testigos del operativo: escenas que alimentaron las sospechas
María del Carmen Verdú, fundadora de CORREPI, señaló que en el operativo del 11F hubo elementos extraños: “Jamás en la vida vi que un grupito pueda ponerse a armar una molotov con todo el tiempo del mundo mientras son filmados por cadena nacional”, aseguró. Sin embargo, advirtió: “Hay que tener cuidado con el discurso fácil de los infiltrados cada vez que vemos un piedrazo. Hay personas que entienden que ese es el camino a pesar de no estar legitimados por la mayoría”.
Lula González trabaja en El Destape y es una de las pocas periodistas con presencia constante en las movilizaciones contra el Gobierno, sobre todo en las de cada miércoles. En esta oportunidad casi terminó detenida cuando intentó mostrar en cámara los cartuchos de las municiones que estaba usando la policía.
“La convocatoria grande era a las cinco de la tarde y a partir de las cuatro se empezó a querer disipar a todas las fuerzas políticas. Estando in situ, consideré que eran infiltrados por mi experiencia cubriendo la movilización durante el debate por la Ley Bases, cuando sucedió lo del auto de Cadena 3, y en la marcha donde atacaron a Pablo Grillo, cuando se prendió fuego un patrullero”, contó.
Al día siguiente revisó el material fotográfico de la marcha y, entre los manifestantes que iniciaron el conflicto, identificó a dos jóvenes que suelen asistir a las movilizaciones de los jubilados. “El resto no sé, pero ellos no eran infiltrados”, añadió.
González afirmó que “cada movilización es impredecible”, pero que existe un patrón que observó en los últimos tres miércoles. “Hubo un recrudecimiento de la violencia, sobre todo por parte de la Policía de la Ciudad: vi cómo quebraban a los jubilados y cómo los golpeaban, vi cuando tiraron contra Cristian, un chico discapacitado, y cómo casi se llevan a Fernando, un hombre que está con muletas”, relató.
Pablo Cuarterolo es fotógrafo de PERFIL y forma parte del equipo que cubre sistemáticamente las movilizaciones. Del 11F se llevó una percepción: “Estás en el lugar y te enfocás en hacer fotos y registrar todo. Pero después, cuando revisás el trabajo, notás que hay situaciones inverosímiles. En la escena de la molotov, por ejemplo, el que daba las órdenes era un muchacho con una camisita de lino celeste que tenía más aspecto de oficinista que de militante anarquista. Intentaron detener a un montón de gente, pero no se avanzó en el momento sobre esos pibes y todavía no está claro si fue identificado, a pesar de todas las filmaciones”, reflexionó.
En se viralizaron cortes que mostraban la ineficacia de la policía para apuntar con el camión hidrante contra el grupo que preparaba la bomba casera, lo que alimentó aún más la idea de que la situación estaba “armada”. El diputado nacional Juan Grabois fue uno de los que habló abiertamente de “infiltrados”.
Cuarterolo también fue testigo de otra foto que recorrió los medios: la de un joven frente a la policía con los pantalones bajos. La imagen transmitía violencia y provocación desmedida. Para los voceros del Gobierno representó algo así como la “irracionalidad” de la protesta. Del otro lado, hubo quienes la leyeron como señal de que los presuntos violentos no pertenecían a ninguna agrupación.
“Eso pasó en Rivadavia y Rodríguez Peña, cuando un grupo le tiró una molotov a un grupo de policías que se acercaba. Esta persona parecía fuera de sí, alcoholizada, y se puso delante de los efectivos. No parecía consciente de lo que hacía. Le dispararon y lo sacaron de la zona otros manifestantes”, relató Cuarterolo.
Violencia, militancia, infiltrados y política
La hipótesis de los infiltrados ganó fuerza a medida que se fueron liberando los detenidos. La pregunta que se instaló era simple: ¿cómo podía ser que con semejante despliegue solo hayan detenido a personas que no habían cometido infracciones? El jueves 12, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó un video en sus redes para intentar desmentir esa narrativa: “Dijimos que los íbamos a identificar. Y miren qué tengo acá. En esta carpeta tengo el trabajo articulado de la Justicia y la Policía Federal Argentina”, afirmó.
Infobae accedió a las identidades de los cuatro sospechosos que, al cierre de esta edición, tenían un pedido de arresto. El dato permitió a la prensa oficialista revalidar su argumento: los violentos existen y tienen nombre y apellido. Por ahora, sin embargo, no fueron vinculados a ninguna organización política o militante, como sí ocurrió con la mayoría de los detenidos durante el debate por la Ley Bases.
Aquella manifestación dejó en claro que el gobierno de Javier Milei estaba dispuesto a avanzar. Hubo decenas de heridos por balas de goma y 33 personas imputadas por delitos graves sustentados en la Ley Antiterrorista. El periodista Pablo Solanas reflexionó sobre esto en un artículo de Revista Crisis titulado “De violencias e infiltrados”. Según señaló, en esa oportunidad el oficialismo logró alterar el eje del debate público: “Terminamos luchando no ya contra la situación que generó la protesta sino contra las detenciones injustas”. La escena se repitió el miércoles 11.
Solanas también advirtió contra la simplificación automática ante cada episodio violento: “Hay que afinar el análisis y asumir el debate sobre la violencia”. A su juicio, la afirmación de que “esa violencia solo le sirve al Gobierno” es plausible, pero suele ser simplista: no siempre la conclusión es tan lineal. La reflexión circula en ambos sentidos: ni todo es infiltración estatal ni toda acción violenta es pura manipulación funcional al poder.
Desde esa perspectiva, la discusión no se agota en señalar a los servicios de inteligencia y admite que puede haber militantes o grupos que eligen no retroceder. Quizás la pregunta no sea solo si el 11F hubo infiltrados, energúmenos sueltos o una zona liberada. Frente a un Gobierno cada vez más dispuesto a reprimir, la violencia estatal y la respuesta violenta pueden retroalimentarse. Es una conversación que se da dentro de la militancia y entre las organizaciones.
La llegada de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad instaló una práctica que ahora sigue su discípula Monteoliva: el “protocolo antipiquete” se activa con previo aviso a las organizaciones, pero una vez que se desconcentran las movilizaciones, la Policía sale a “cazar”. No es una metáfora al azar, sino el término que repiten los militantes para advertir el riesgo. “El miércoles se vio: para el primer momento, cuando había estructuras políticas en la plaza, necesitaron un conflicto para justificar el avance. Al atardecer, la situación fue distinta. Sucede siempre. Por eso nosotros y todas las organizaciones les recomendamos a las personas que se vayan cuando se van de las marchas las columnas grandes”, subrayó Verdú.
A las 16:30 nos afectaron los gases lacrimógenos mientras intentábamos registrar el operativo. A las 19 estábamos filmando en la vereda. En nuestro grupo no había piedras, barricadas ni bombas molotov, pero la Policía avanzó igual. Aunque el debate sobre infiltración, desborde o zona liberada admite un alto grado de especulación, quedó algo claro: en Argentina manifestarse o hacer una cobertura periodística dejó de ser un acto previsible y cualquier chispa (provocada, espontánea o tolerada) puede convertirse en la justificación perfecta para lo que viene después.
ML
