La irregular situación de la Defensora del Niño, Marisa Graham, quien se autoprorrogó su mandato en enero pasado, fue resuelta este miércoles con una votación del oficialismo y la oposición dialoguista que decidió cesar su cargo de inmediato. La problemática de la comisión bicameral que supervisa y regula al organismo radica en que se ha generado un peligroso limbo en cuanto a quién asumirá el liderazgo de la entidad, lo que podría acarrear problemas futuros, no solo para sus empleados, sino también para los propios diputados y senadores, tras una reunión llena de chicanas y muy desorganizada que fue presidida por la diputada radical y titular de la comisión, Natalia Sarapura.
Primero, el contexto. Desde el último trimestre del año pasado, este medio informó que el Gobierno libertario buscó que Graham concluiría su mandato -previsto para finales de febrero- y abandonara la Defensoría. Para ello, se retrasó la conformación de la bicameral. La inacción de la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, resultó clave en este proceso. Entre las críticas dirigidas a la Defensora, se mencionaba la acusación de haber colonizado el organismo, excluyendo a aquellos pocos que, desde hace décadas, se preocupan genuinamente por la infancia. Además, se le cuestionaba su militancia a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La Ley 26.061 de 2005, que establece la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, señala en su artículo 49 que “el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien formará una comisión bicameral compuesta por diez miembros, cinco de cada Cámara, respetando la proporción en la representación política. Esta comisión será responsable de evaluar la designación a través de un concurso público de antecedentes y oposición”.
En marzo, la bicameral se constituyó y, tras errores graves por parte de La Libertad Avanza, que buscó colocar a la diputada Nadia Márquez en la presidencia, esta recayó en Sarapura. Desde su asunción, la comisión evitó reunirse, lo que generó la impresión de un acuerdo entre kirchneristas y radicales para mantener a Graham en su cargo hasta que se resolviera un nuevo concurso, algo que otras bancadas consideraban lejano de lo legal y adecuado.
Finalmente, este miércoles, casi tres meses después de iniciadas las sesiones ordinarias el 1 de marzo, la bicameral decidió convocar a concurso el próximo 16 de junio. En este marco, se activará un plazo de 180 días, que podría prorrogarse. Durante la jornada, Nicolás Mayoraz, quien también es diputado, tuvo que intervenir para intentar aclarar lo que pretendía Márquez, en medio de un intercambio de chicanas con el kirchnerismo. “Parecía una pelea entre camporistas. En un momento hizo menciones sobre su cabello. En fin, la política está muerta”, resumió un experimentado asesor del Congreso al término de la reunión.
Después de más de dos horas de controversia, se pasó a la votación para rechazar la resolución de Graham. El kirchnerismo sostuvo que para este tipo de decisiones se requería una mayoría de dos tercios -siete adhesiones-, mientras que el oficialismo y la oposición dialoguista interpretaron que no era necesario y avanzaron con seis votos a favor. Lo más notable ocurrió después, cuando nadie pudo explicar cómo proceder a continuación. Tanto Márquez como Mayoraz, quien calificó a Graham de “usurpadora” en varias ocasiones, así como Sarapura y la senadora radical Mercedes Valenzuela, presentaron argumentos confusos respecto a la magnitud del problema que se avecina. Sin embargo, dieron a entender que funcionarios como el jefe de Gabinete, el secretario administrativo del organismo y los abogados en funciones continuarían operando sin inconvenientes.
Las advertencias llegaron del senador peronista Pablo Bensusán, quien planteó: “Me gustaría saber la competencia de esta comisión. ¿De dónde surge y dónde podemos basarnos para ser una comisión de seguimiento de las funciones de secretarios o personas de rango inferior? Me preocupa por las responsabilidades que asumiremos. ¿Quién se encargará de la Defensoría mañana?”.
El legislador pampeano agregó: “No encuentro una cita normativa que nos faculte para ello. En el futuro, podrían acusarme de abuso de autoridad, quiero dejar constancia de esto. Quien asuma la responsabilidad de llevar adelante el órgano de la Defensoría hasta el concurso carecerá de fundamentos”. También hubo críticas del kirchnerismo sobre la validez de las decisiones adoptadas desde enero por Graham y su adjunto, un aspecto que ambos ignoraron en ese momento.
La propuesta de Valenzuela de un cuarto intermedio para el próximo martes marcó el cierre de un encuentro que evidenció la falta de consenso entre el oficialismo y los dialoguistas sobre cuestiones básicas previas a la realización de la comisión, dejándolos a ambos expuestos públicamente. En medio de este escenario, las organizaciones y personas que llevan años dedicándose a la niñez, como suele ocurrir, son las más perjudicadas.
El temor que circuló por los despachos del Congreso durante la tarde fue que, aun con competencias delegadas, el Gobierno decidiera tomar alguna medida respecto a la Defensoría. Sería el peor desenlace y un regalo para la Casa Rosada, que rechaza el debate legislativo. Para La Libertad Avanza, hubo un “gran trabajo” de Mayoraz y Márquez.
