El 11 de septiembre se determinará cuánto dinero debe devolver Cristina Kirchner al Estado Argentino. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —compuesta por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos— iniciará la audiencia, donde escuchará a la fiscalía y a la defensa, y contará con cinco días para resolver el monto del decomiso que deberá afrontar Cristina Fernández de Kirchner en el caso de Vialidad.
Los jueces podrán formular preguntas breves. Intervendrán el fiscal Mario Villar y la defensa, representada por Carlos Beraldi. En esta instancia, el enfoque se centra en el monto a determinar. En 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 estableció un decomiso provisorio de $84.835.227.378, sujeto a actualización una vez que la condena se haga definitiva, prevista para el 17 de junio de 2025. Con la intervención de peritos de la Corte, la cifra se elevó a $684.990.350.139,86. La defensa ha cuestionado la metodología y el uso del IPC, no negando el decomiso, sino discutiendo el cálculo y el resultado obtenido.
Durante el juicio oral, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la ejecución inmediata de los bienes de todos los condenados, desestimando las objeciones planteadas. En esta fase de Casación, Villar expondrá, mientras que, del lado de la defensa, Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy argumentan que el TOF2 confunde el decomiso penal con la reparación civil, sosteniendo que el debate sobre el monto debería trasladarse al fuero civil y comercial. El TOF2 —integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— actualizó el monto y, aunque aceptó el recurso, dejó claro que esto no suspende la ejecución, incluso con posibilidad de remate si se ordena.
Para Luciani y Mola, el decomiso no es una opción; es una obligación derivada de la sentencia firme. En tanto, la defensa, además de solicitar la suspensión por falta de fondos, critica el índice de actualización y argumenta que solo le correspondería el 6% del total. También ha pedido incluir pruebas sobre sus bienes y convocar a Máximo y Florencia Kirchner, buscando individualizar responsabilidades.
Contexto: la ex presidenta se encuentra cumpliendo arresto domiciliario y ha sido intimada por el juez de ejecución, Gorini, a realizar el pago en un plazo de diez días hábiles, bajo la advertencia de que se procederá a ejecutar bienes. Esta medida también afecta a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros. La defensa sostiene que, sin una definición clara sobre el monto y su metodología, no debieran avanzar con los embargos. Si la Casación respalda la cifra, la ejecución inmediata solicitada por la fiscalía continuará; pero si se realiza una modificación, todos tendrán que reevaluar los números. En este caso, lo central ya no será el discurso, sino el número en la planilla.
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