El Reino Unido intensificó este miércoles su estrategia financiera contra Rusia mediante un paquete de sanciones dirigido a un banco de Kirguistán y a plataformas de criptomonedas vinculadas al Kremlin. Según Londres, el objetivo es cortar las vías opacas que Moscú utiliza para eludir las restricciones impuestas tras la invasión de Ucrania.
La medida afecta al Banco Capital, con sede en Biskek, y a su director, Kantemir Chalbayev, acusados de facilitar pagos relacionados con el abastecimiento militar ruso. También se incluyen las plataformas de intercambio Grinex y Meer, así como el token digital A7A5, respaldado por rublos, que ha movido más de 9.300 millones de dólares en sólo cuatro meses. El Gobierno británico sostiene que este token fue creado específicamente para eludir las sanciones occidentales.
Stephen Doughty, secretario de Estado británico de Sanciones, afirmó que la decisión busca exponer los intentos de Moscú de financiar su guerra a través de canales alternativos. “Si el Kremlin considera que puede ocultar sus esfuerzos desesperados de mitigar el impacto de nuestras sanciones mediante transacciones a través de redes criptográficas dudosas, está muy equivocado”, declaró en un comunicado. Agregó que las medidas buscan demostrar la determinación de eliminar los mecanismos ilícitos “dondequiera que se encuentren”.
El anuncio se produjo tras la adopción de medidas similares por parte de Estados Unidos la semana pasada, dirigidas a entidades financieras de Asia Central que operan en conjunto con Moscú. Para Londres, el desafío no consiste únicamente en sancionar a los actores rusos, sino también a los intermediarios extranjeros que facilitan las rutas de dinero hacia el Kremlin.
El caso del token A7A5 ha suscitado particular interés. Informes de Chainalysis y Elliptic, dos de las principales firmas de análisis de blockchain, revelan que desde su lanzamiento ha canalizado más de 51.000 millones de dólares en transacciones, con operaciones diarias que superan los 1.000 millones. Su capitalización de mercado se triplicó en pocas semanas, alcanzando los 521 millones de dólares a finales de julio, un crecimiento que no puede explicarse sin su uso masivo por parte de entidades rusas.
Una investigación del Financial Times reveló que detrás de esta estructura financiera se encuentra el banco ruso Promsvyazbank, asociado al sector defensa y sancionado desde 2014, así como el oligarca moldavo Ilan Șor, fugitivo tras un fraude bancario de mil millones de dólares en su país. Este hallazgo refuerza la percepción de que Moscú se apoya en redes híbridas que combinan crimen financiero y experimentación tecnológica para sostener sus operaciones.
La dependencia de Rusia de estos mecanismos no es nueva. Desde 2022, plataformas como Garantex —sancionada por Estados Unidos— han servido como nodos de intercambio en Moscú, antes de ser reemplazadas por nuevas versiones como Grinex. En la práctica, el esfuerzo de muchos países se ve obstaculizado por un ecosistema capaz de mutar y regenerarse con notable rapidez.
El alcance de la estrategia rusa va más allá del token A7A5. Según reveló Reuters en marzo, empresas petroleras rusas ya están utilizando Bitcoin, Ether y Tether para comerciar con China e India, evitando así los bancos sometidos a vigilancia internacional. Esta práctica se ha expandido en paralelo a la decisión del Kremlin de legalizar la minería de criptomonedas en 2025, lo que ha llevado a Rusia a convertirse en el segundo mayor minero global, detrás de Estados Unidos.
A esta arquitectura se suman instrumentos internos como el sistema de pagos Mir, creado en 2014 tras la anexión de Crimea para sustituir a Visa y Mastercard dentro de Rusia, y el rublo digital, aprobado en 2023 y aún en fase de pruebas, mediante el cual el Banco Central busca establecer un sistema de pagos bajo control estatal. Según analistas de la usina de pensamiento RAND Corporation, estas iniciativas configuran una economía paralela que, si prospera, podría socavar la eficacia de las sanciones internacionales.
La elección de Kirguistán como centro de estas operaciones no es casual. Según un informe de TRM Labs, desde 2022 el país centroasiático se ha convertido en una plataforma para la evasión de sanciones rusas, gracias a un marco legal permisivo y a la proliferación de plataformas de intercambio de criptomonedas poco reguladas. Los investigadores han detectado allí la creación de stablecoins como A7A5 y el emergente USDKG, diseñados para facilitar la compra de tecnología sensible y bienes de doble uso destinados a Moscú.
La respuesta rusa no tardó en llegar. Horas después del anuncio de Londres, el Ministerio de Exteriores en Moscú comunicó que incluía a 21 ciudadanos británicos en su lista negra. Entre ellos se encuentran periodistas, consultores y miembros de ONGs, a quienes acusó de propagar “acusaciones infundadas” contra el país.
La cancillería rusa justificó la medida como respuesta al “rumbo de confrontación” de Londres. Aunque estas restricciones tienen un efecto práctico limitado —se traducen en prohibición de entrada a Rusia y congelamiento de eventuales activos en el país—, buscan reforzar la narrativa oficial de que Occidente utiliza las sanciones como herramienta de guerra política.
Este patrón no es nuevo. En abril, Rusia ya había sancionado a parlamentarios británicos tras una serie de medidas europeas. El mensaje de Moscú apunta menos al castigo efectivo que a mantener un discurso de resistencia frente a la presión internacional.
Mientras tanto, Londres insiste en que el objetivo es cortar el flujo de dinero que sostiene al ejército ruso. En resumen, se trata de impedir que el Kremlin financie la guerra a través de monedas digitales y jurisdicciones periféricas.
En medio de esta tensión, el sistema financiero internacional se enfrenta a un desafío mayor: cómo controlar instrumentos que, por diseño, se mueven más rápido que los mecanismos tradicionales de supervisión. En esta dinámica, cada sanción se convierte en una carrera contra la innovación clandestina del Kremlin.
