Los acopiadores de granos de Rosario y Santa Fe presentaron una nota ante la Legislatura provincial para solicitar cambios en el proyecto de Ley Tributaria 2026, ya que, sostienen, el esquema actual los trata de forma desigual frente a las cooperativas. Advirtieron que la iniciativa del gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, mantiene diferencias impositivas pese a que ambos actores realizan tareas similares en la recepción, el traslado y el procesamiento de granos. Según señalaron, la normativa vigente “establece beneficios fiscales diferenciados según el tipo societario y no por la naturaleza de la actividad”, un aspecto que, dijeron, resulta clave para el correcto funcionamiento del mercado.
La nota fue suscrita por Félix Redolfi, presidente de la Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos, y por Carlos Bertolaccini, presidente del Centro de Acopiadores de Cereales de Santa Fe. En el escrito, los acopiadores argumentaron que la modificación proyectada en el inciso ñ) del artículo 213 del Código Fiscal produce un trato desigual, porque la exención del impuesto sobre los ingresos brutos para actividades de industrialización está prevista únicamente para las cooperativas.
Por ello pidieron “reemplazar el término ‘cooperativas’ por ‘sujetos’” con el fin de garantizar un trato fiscal igualitario entre todos los operadores que desarrollan tareas industriales vinculadas a cereales y oleaginosas. En la misiva subrayaron que ese cambio permitiría asegurar “un tratamiento fiscal equitativo en la exención aplicable a la actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosas”.
El reclamo también apunta a suprimir la exención que hoy beneficia a las cooperativas que comercializan combustibles y lubricantes. Las entidades solicitaron revisar el inciso d) del artículo 213 y advirtieron que esa ventaja “afecta la competencia leal entre operadores” y genera “distorsiones relevantes en mercados caracterizados por márgenes reducidos y alta trasladabilidad del impuesto”. Aseguran que estas diferencias acotan la capacidad de los acopios para competir en igualdad de condiciones y se trasladan con rapidez a los precios finales.
Además, pidieron derogar el párrafo incorporado al inciso c) del mismo artículo, que otorga una exención a las cooperativas que administran supermercados en rubros como alimentos y limpieza. Señalaron que estas medidas “podrían resultar contrarias a los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad”, porque favorecen a determinadas formas societarias sin evaluar la naturaleza de la actividad. Advirtieron que, en ciudades medianas del interior, esto puede profundizar desigualdades en mercados donde la competencia es directa.
Los acopiadores reclaman igualdad de condiciones para competir
En diálogo con LA NACION, Redolfi explicó que acopios y cooperativas realizan las mismas tareas y que el problema surge cuando la ley contempla únicamente a uno de los dos. “Dentro de la ley tributaria hay una parte donde nosotros consideramos que estamos discriminados frente a la misma actividad que realizan las cooperativas”, afirmó. Aseguró que la recepción y el movimiento de granos son idénticos para ambos pero que la normativa excluye a los acopios de beneficios que sí alcanzan a las cooperativas.
Por eso las entidades insistieron en que la exención debe aplicarse a la actividad y no al tipo societario. Recordaron que la exclusión vigente contradice el principio de igualdad consagrado en el artículo 8° de la Constitución provincial. Para Redolfi, estas diferencias son significativas y se repiten en otros niveles: mencionó que, a nivel nacional, las cooperativas no pagan impuesto a las ganancias mientras que los acopios deben tributar el 35%. “Consideramos que no hay una igualdad de condiciones, como dice el artículo 16 de la Constitución Nacional”, expresó.
Para Redolfi, estas diferencias son importantes y se repiten en otros niveles: mencionó que, a nivel nacional, las cooperativas no pagan impuesto a las ganancias mientras que los acopios deben tributar el 35%Adecoagro
Redolfi aclaró que este reclamo no alcanza a las cooperativas de servicios públicos que operan en localidades pequeñas —como las de agua, energía o telefonía— porque cumplen una función social distinta. Señaló que la petición se centra exclusivamente en el sector cerealero, donde la competencia entre acopios y cooperativas es directa y las diferencias fiscales pueden condicionar decisiones comerciales e inversiones.
“Si ellos tienen exenciones, nosotros también queremos tenerlas”, subrayó, al enfatizar que no debería haber ventajas cuando la actividad es la misma. Recordó además que “la cooperativa hace el mismo trabajo que los acopios” y que el régimen fiscal no los equipara.
Para el dirigente, ese es el núcleo del conflicto: “Ahí es donde nosotros nos sentimos discriminados”, dijo. “Consideramos que no hay una igualdad de condiciones, como dice el artículo 16 de la Constitución Nacional”, enfatizó.
