De la redacción de INFORME DIGITAL
El conflicto en el Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos volvió a mostrar las diferencias entre los dos gremios estatales más poderosos de la provincia. Los trabajadores denunciaron un recorte del 35% en horas extras, con posibilidad de nuevas rebajas en octubre, y mantienen asambleas con suspensión de la atención al público en todas las dependencias.
La situación impacta de lleno en escrituras, inscripciones de inmuebles, inhibiciones, operaciones comerciales, créditos hipotecarios y trámites de “bien de familia”. Por la magnitud de las demoras, colegios de escribanos y abogados reclamaron al Ejecutivo medidas para garantizar la prestación de servicios esenciales.
El secretario de Justicia, Julián Maneiro, aseguró que “la situación se está abordando mediante un diálogo permanente” y destacó la actitud de UPCN, que presentó propuestas y otorgó una tregua mientras se analizan alternativas.
Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se desmarcó. Su secretario general, Óscar Muntes, advirtió que lo dicho por Maneiro “no refleja la propuesta de ATE” y exigió una convocatoria formal a la mesa de trabajo. El gremio culminó la semana con retención de servicios y denunció que los recortes en el Registro superan los aplicados en otras áreas del Estado.
