El jefe del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmó que los manifestantes arrestados durante la ola de protestas iniciada el 28 de diciembre serán sometidos a juicios rápidos, informó la televisión estatal.
La promesa se produce en un contexto de represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha causado desde cientos hasta varios miles de muertos en el país. El anuncio se da en medio de la creciente preocupación internacional por la posible ejecución de Erfan Soltani, un manifestante condenado a muerte por el cargo de “moharebeh” —“guerra contra Dios” en la ley iraní—.
Durante una visita a una prisión, Mohseni Ejei declaró: “Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, según lo difundido por la televisión estatal iraní. También indicó que los tribunales están acelerando los procesos judiciales para quienes permanecen detenidos en relación con las recientes protestas.
Las cifras de muertos y detenidos difieren notablemente entre las autoridades iraníes y las organizaciones independientes. El grupo HRANA, con sede en Estados Unidos, sostiene haber verificado 2.403 muertes de manifestantes, además de 147 personas vinculadas al gobierno, doce menores de edad y nueve civiles no relacionados con las protestas. En total, HRANA documenta 2.571 fallecidos desde el inicio de la represión. En tanto, Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, contabiliza al menos 734 muertos, aunque advierte que la cifra real podría ascender a varios miles.
Un funcionario iraní reconoció públicamente, por primera vez, una cifra global de dos mil muertos durante los disturbios. No obstante, las autoridades siguen atribuyendo gran parte de las muertes a “operativos terroristas” supuestamente apoyados desde el extranjero. Medios internacionales y organizaciones humanitarias han resaltado la escala sin precedentes de la violencia empleada para sofocar las protestas.
La pena de muerte ha tomado un lugar central en la respuesta oficial. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la primera ejecución estaba programada para este 14 de enero y señaló de modo explícito el caso de Erfan Soltani, de 26 años. Amnistía Internacional exigió al régimen iraní la suspensión de todas las ejecuciones, en especial la de Soltani.
Desde Washington, el presidente Donald Trump declaró en una entrevista con CBS News que “Estados Unidos actuará de manera muy firme” si Teherán inicia una campaña de ejecuciones de manifestantes. Trump aseguró mantener abiertas todas las opciones, incluida la acción militar, para responder a la represión. Además anunció el cese de reuniones con funcionarios iraníes y la imposición de aranceles a quienes comercien con la república islámica. El mandatario subrayó: “Una muerte ya es demasiado”.
Las protestas nacieron como reacción al alza del costo de vida, pero pronto evolucionaron hacia un movimiento antigubernamental. Los enfrentamientos se han prolongado en varias ciudades del país. El líder supremo, Ali Khamenei, encabeza un régimen que ahora afronta la mayor ola de desobediencia civil desde la revolución islámica de 1979.
El bloqueo al acceso a internet es otra táctica empleada por las autoridades. Desde el 8 de enero, Irán permanece bajo un apagón digital que, según Netblocks, llegó a 132 horas consecutivas durante la jornada del miércoles. HRANA señala que la falta de conectividad dificulta la verificación independiente de las cifras de víctimas y detenidos.
La reacción internacional ha sido enérgica frente a la represión. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó la situación como “la represión más violenta de la historia contemporánea de Irán” y exigió su cese inmediato, según declaraciones recogidas por Reuters. Amnistía Internacional reiteró el pedido de suspender todas las ejecuciones, mientras la diplomacia estadounidense intensificó la presión sobre Teherán mediante advertencias, sanciones y apoyo público a los manifestantes.
El clima en Irán sigue marcado por la incertidumbre y la confrontación entre opositores y partidarios del régimen. En ese escenario, diversos sectores advierten que la memoria de los actos represivos perdurará y tendrá consecuencias duraderas para el futuro del país.
