En medio del debate en el Congreso por la baja de la edad de imputabilidad, tres diputados cordobeses firmaron el dictamen con disidencias en aspectos centrales del proyecto. En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa “Es por acá”, la diputada Alejandra Torres detalló por qué acompañaron la iniciativa en lo general, aunque marcaron reservas sobre el presupuesto, la ejecución de las penas y la reincidencia.
Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados por el nuevo Régimen Penal Juvenil, que obtuvo dictamen y comenzó a debatirse en sesión especial, los diputados cordobeses Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Juan Brugge rubricaron el despacho de mayoría pero dejaron expresadas disidencias en tres puntos nodales.
En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa “Es por acá”, Torres explicó que acompañaron el proyecto en términos generales. “Nosotros sí firmamos el dictamen de mayoría y tuvimos una disidencia en tres puntos fundamentales”, señaló la legisladora. El primero tiene que ver con vinculado a las condiciones materiales para alojar a los menores en caso de que se apruebe la baja de la edad de imputabilidad.
En ese sentido, Torres aclaró que la cuestión no se reduce a detener a los jóvenes. “No es un tema de que vamos por el castigo mismo”, afirmó, y añadió que “no es para alojarlos y dejarlos ahí que pasen la vida purgando penalidades, sino para estructurar su vida, reconstruirlos, resocializarlos”. Según explicó, si el Estado opta por la detención, deben existir establecimientos especiales y equipos capacitados que trabajen en su reinserción.
Allí aparece el segundo eje de disidencia: el financiamiento. La diputada subrayó que Córdoba ya aplica desde 2025 una política juvenil restaurativa orientada a la reinserción, lo que demanda recursos permanentes. “Eso exige profesionales importantes dedicados, altamente capacitados y también establecimientos especiales”, detalló. Por eso cuestionó que no quede claramente asegurada la asignación presupuestaria necesaria para implementar el régimen en todas las jurisdicciones.
El tercer punto planteado por los cordobeses es la escala penal diferenciada por edades y el denominado “derecho al olvido”. Torres consideró que debe aplicarse una progresiva de las penas según la edad y la gravedad del delito, y propuso que los antecedentes no acompañen a los jóvenes de por vida. “Que esto prescriba en un tiempo determinado, que nosotros sugerimos diez años”, señaló.
Durante la entrevista también rememoró las advertencias de la Iglesia y la Pastoral Social sobre la carencia de condiciones institucionales. “Lo hemos escuchado y entendemos que no es solamente detenerlo”, afirmó, y agregó que “el desafío es trabajar con el joven y su familia para evitar la reincidencia”.
No obstante, sostuvo que también debe considerarse la situación de las víctimas. “Sería injusto decirle a esas familias que se han visto afectadas por un delito que no vamos a hacer nada”, expresó, y enfatizó que “la mayoría de la sociedad lucha todos los días para vivir, ser honesta y educar a sus hijos”.
El proyecto que se debate corresponde a un texto de 2024, luego de que el Gobierno retirara una versión más reciente que incluía la asignación de fondos pero proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Con el dictamen ya firmado, el tratamiento continúa en el recinto con apoyos en general y diferencias en aspectos clave como la infraestructura para alojar a los jóvenes y los recursos necesarios para garantizar su implementación efectiva.
