A pocos días de que el Senado comience a tratar formalmente la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario adverso: no tiene los votos asegurados y quedó obligado a negociar con los gobernadores, cuyos legisladores concentran la mayor parte de las indecisiones. El debate, previsto para el 11 de febrero, dejó de ser técnico y se convirtió en una pulseada política en la que pesan el impacto fiscal del proyecto, la presión gremial y el riesgo de una judicialización posterior.
El bloque oficialista admite que aún no tiene asegurados los votos necesarios para aprobar la reforma en el Senado, por lo que dependería casi en exclusiva de Casa Rosada la definición de la estrategia que le permita conseguir los apoyos clave para avanzar en el tablero político.
La presidente del bloque, Patricia Bullrich, admitió que la suerte del proyecto dejó de depender exclusivamente de las gestiones que ella misma condujo en el Senado. La funcionaria sostuvo que la definición quedó en manos del Poder Ejecutivo, luego de haber afirmado la semana pasada que el debate por los fondos provinciales estaba “bajo un paraguas”, del Gobierno nacional.
Tal como indicaron varios medios, las negociaciones del presidente Milei con gobernadores de distintas fuerzas son clave. Los representantes provinciales se resisten al proyecto, principalmente por la reducción de coparticipación que implicaría la baja de ganancias, y condicionan sus votos a cambios o compensaciones. Algunos sectores más duros rechazan las modificaciones, mientras otros reconocen que sin ajustes no habrá votos suficientes.
“Nuestra voluntad, decisión y predisposición es seguir ayudando a la Nación. Ahora, el Gobierno nacional tiene que empezar a cumplir con las provincias, porque ya no tenemos margen, ya la recaudación del IVA bajó, porque el consumo no se levanta. Ahora, si se reduce la alícuota con la reforma laboral, evidentemente vamos a coparticipar menos Ganancias, entonces vamos a tener más problemas económicos y financieros”, declaró Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán a Infobae.
Aunque la decisión final recae en el presidente y en Karina Milei, Diego Santilli también es una pieza fundamental en la negociación con los gobernadores, con quienes, en general, mantiene buena relación.
Según cálculos legislativos, antes del debate la composición es de 26 senadores a favor, 25 en contra y 21 indecisos; esa indecisión se relaciona con legisladores que responden a gobernadores provinciales.
El peronismo, la CGT y los gremios
Dentro del bloque peronista hay grietas, con sectores que buscan articular posiciones contrarias al oficialismo. Ante esas diferencias, se convocó una reunión de bloque para intentar acordar una postura común.
Las tensiones se profundizaron después de que Kelly Olmos presentara su propio proyecto de modernización laboral, iniciativa que contó con firmas de algunos diputados en contra de la conducción de Cristina Kirchner.
Sectores del PJ han expresado que no se logra sumar votos nuevos significativos contra la reforma en el Senado, y se evalúa incluso judicializar el tema si la ley llega a aprobarse por considerarla inconstitucional, al igual que lo planteó la CGT.
En algunos sectores opositores sostienen que la reforma está “diseñada para empeorar la situación de Argentina” y criticaron la pérdida de derechos laborales.
La oposición gremial al proyecto deriva en movilizaciones y protestas, que incluso llevaron a que el tratamiento legislativo se pospusiera a febrero. Nuevas movilizaciones ya se esperan para cuando la Ley sea tratada.
En consecuencia, la oposición no logró consolidar mayorías nuevas y mantiene sus discordias. La CGT y sectores del sindicalismo continúan coordinando estrategias con legisladores opositores, lo que indica que la disputa no solo será legislativa, sino también judicial y social.
Mientras tanto, el oficialismo admite que podrían realizarse ajustes parciales para negociar con los gobernadores y alcanzar su objetivo en el Senado.
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