
La discusión sobre la reforma laboral presentada por el Gobierno incluyó, en su versión inicial, un artículo sobre el Impuesto a las Ganancias que generó debate en diversos sectores económicos y políticos. Ese artículo, luego eliminado, proponía reducir la alícuota que afrontan las grandes empresas del 30% al 27%, una modificación que alteró el diseño final del proyecto y acentuó las diferencias entre los actores involucrados.
La propuesta original, elaborada por el equipo económico, apuntaba a reformar la ley vigente del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Según ese texto, la alícuota del 30% aplicada a las empresas con mayores utilidades pasaría al 27%. La iniciativa buscaba acercar la carga fiscal local a la de otros países de la región y mejorar la competitividad de las firmas argentinas. El punto se debatió en el marco de la revisión integral del régimen laboral, en la que el Gobierno intentó avanzar sobre aspectos vinculados a la contratación, la litigiosidad y los costos laborales.
La eliminación del artículo obedeció a la decisión política de no incorporar en ese proyecto una reforma tributaria de tal envergadura, dado que la iniciativa estaba orientada principalmente a la modernización laboral. Las autoridades consideraron que una rebaja de la alícuota de Ganancias para grandes empresas tendría un impacto fiscal relevante y no resultaba prioritaria en el contexto del debate laboral. La determinación trastocó las expectativas de algunos sectores empresariales que aguardaban una reducción de la presión impositiva sobre las utilidades.
En el texto original del proyecto, el artículo en cuestión establecía: “Las utilidades de las sociedades de capital quedan gravadas con una alícuota del 27%”. Actualmente, la normativa vigente fija una alícuota del 30% sobre las ganancias netas de las empresas que superan determinados montos de utilidad. La modificación propuesta buscaba reducir ese porcentaje y aproximarlo al promedio de la región, donde la carga sobre las utilidades empresariales suele ser menor.
La supresión del artículo provocó repercusiones en el ámbito empresario. Las principales cámaras industriales y comerciales expresaron su malestar por la decisión de no avanzar con la rebaja y sostuvieron que una reducción de la alícuota de Ganancias habría liberado recursos para inversiones y contratación de personal. Señalaron que la carga impositiva sobre las utilidades empresariales, junto con la presión tributaria general, condiciona la competitividad y limita el crecimiento del sector privado.
Desde el Gobierno afirmaron que el objetivo central del proyecto consistía en introducir cambios en las normas laborales y no en el esquema impositivo. Funcionarios del equipo económico explicaron que una reforma tributaria de esa magnitud requería un debate independiente y un análisis del impacto fiscal sobre las cuentas públicas. La administración priorizó la viabilidad política de la reforma laboral y optó por dejar sin efecto la rebaja de la alícuota de Ganancias.
El nivel de la alícuota de Ganancias para las empresas ocupa un lugar central en la agenda empresaria desde hace varios años. Dirigentes del sector insisten en que la presión fiscal argentina supera la de países vecinos y desalienta la inversión productiva. Economistas que respaldan la reducción de la carga tributaria sostienen que una alícuota más baja sobre las utilidades podría impulsar la generación de empleo y favorecer el crecimiento. Sin embargo, la discusión sobre el equilibrio fiscal llevó al Gobierno a dejar de lado la reforma impositiva en esta instancia.
En la versión final del proyecto, elevada al Congreso, no figura el artículo que proponía la rebaja al 27%. El texto se concentra en cambios al régimen de contratación, la regulación de los juicios laborales y la flexibilización de algunas condiciones de empleo. La estructura impositiva para las empresas permanece sin alteraciones, manteniéndose el esquema de alícuotas vigente para el Impuesto a las Ganancias.
Sectores vinculados a la industria y los servicios insistieron en la necesidad de abordar la cuestión tributaria en futuras iniciativas. Aseguran que la competitividad de las empresas argentinas depende en gran medida de la carga fiscal y que la rebaja en la alícuota de Ganancias sigue siendo una demanda prioritaria. Plantean que el esquema actual genera distorsiones y reduce la capacidad de las firmas para invertir y crecer.
Desde el Gobierno señalaron que la situación fiscal obliga a posponer cualquier modificación relevante en los impuestos que gravan a las empresas. El contexto de déficit y la necesidad de mantener la recaudación limitaron el margen de maniobra para introducir cambios en Ganancias. La administración dejó abierta la puerta para revisar el esquema tributario en el futuro, en el marco de una reforma impositiva integral.
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