El proyecto de reforma laboral que propone el Gobierno de Javier Milei incorpora cambios destinados a brindar mayor seguridad jurídica a las empresas y a desincentivar el litigio, en un contexto en el que numerosas pymes enfrentan juicios millonarios y cuestionan las razones que motivaron fallos en su contra.
Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el stock de juicios laborales pendientes suma 637.330 expedientes. De ese total, 308.082 corresponden a causas por riesgos del trabajo y 329.248 a juicios por despido, que son las dos principales fuentes de litigiosidad en la materia.
Así, en relación con los aproximadamente 6,3 millones de asalariados registrados en el sector privado, el volumen de juicios en trámite equivale a cerca del 10% de los trabajadores.
Por otra parte, este año la cantidad de demandas iniciadas en el Sistema de Riesgos del Trabajo alcanzó un récord histórico. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y noviembre se notificaron 122.875 nuevos juicios, lo que elevó a 131.998 el total de causas acumuladas en los últimos doce meses.
Fuentes empresarias destacaron algunos de los puntos principales que se modificarían si la iniciativa supera el filtro legislativo. En líneas generales, el texto oficial establece un régimen legal para la actualización de los créditos laborales, permite —con control judicial— el pago de sentencias en hasta 12 cuotas para las pymes y aclara expresamente que la base de cálculo de la indemnización excluye conceptos no mensuales, como vacaciones, aguinaldo o premios no habituales, lo que reduce los márgenes de reclamo.
En materia de riesgos del trabajo, fija un plazo de noventa días para la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en las jurisdicciones adheridas y desvincula los honorarios de los peritos del monto del juicio o del porcentaje de incapacidad detectada.
Aspectos legales
Walter Mañko, abogado y socio a cargo del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte, afirmó que, tal como está redactada, la reforma busca eliminar posibles discrecionalidades en los tribunales.
Sin embargo, subrayó que hay artículos que podrían terminar en la Justicia si los legisladores no introducen ajustes.
El especialista enumeró los cambios procesales más importantes que comenzarían a regir a nivel nacional de aprobarse el proyecto:
- Indemnización por despido sin justa causa: el proyecto establece que el pago es total y cancelatorio, es decir, una vez abonada la indemnización, el trabajador no podría iniciar un nuevo reclamo, aunque existan errores en el cálculo.
- Presentación de prueba: se suprime la posibilidad de que el trabajador ofrezca prueba hasta tres días después de la contestación de la demanda. Deberá hacerse al inicio del proceso.
- Avance del proceso judicial: se elimina el impulso de oficio del juez y se dispone que el avance del expediente dependerá de las partes.
- Caducidad de la instancia: si el trabajador no impulsa el proceso mediante presentaciones durante 6 meses, el demandado podrá solicitar la caducidad, salvo en casos de demoras vinculadas a cuestiones como pedidos de prueba en el exterior.
- Exclusión del fuero laboral para causas contra el Estado: los conflictos laborales con intervención estatal pasarán al fuero contencioso administrativo, donde no aplica la Ley de Contrato de Trabajo.
- Criterios obligatorios de la Corte Suprema: los jueces laborales de primera instancia y de cámara no podrán apartarse sin justificar los criterios fijados por la Corte Suprema; de lo contrario, el magistrado podría ser sancionado por mal desempeño. Mañko estima que probablemente esto se judicialice porque no están obligados a adoptar el precedente sino a analizar cada caso en particular
- Cambio de criterio para prestadores de servicios: bajo la normativa vigente, la relación laboral se determina por la existencia de dependencia técnica, jurídica y económica; es decir, si cumple órdenes, reúne condiciones similares a las de un empleado de la empresa o percibe una suma mensual equivalente. Eso generó juicios por parte de prestadores externos. Con la nueva ley, pasarían a considerarse autónomos
- Honorarios de peritos: se modifica el sistema de regulación de honorarios, que dejarán de calcularse en función del monto del juicio. Ahora serán tarifados
- Tratamiento del trabajo no registrado: el proyecto no aborda el trabajo “en negro” mediante sanciones directas, sino que prioriza incentivos para el blanqueo
- Se mantienen instancias previas: continúa sin cambios el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) como etapa administrativa previa al juicio
- Actualización de créditos laborales: se establece un esquema de ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual con el fin de unificar criterios
- Fin del anatocismo: al fijarse una fórmula de actualización, se elimina la aplicación de intereses sobre intereses
Alejandro Rossi, profesor del departamento de derecho laboral de la Universidad Austral, agregó: “En materia de intereses en los juicios laborales, al tender a fijarlos en ‘lo menos posible’, la propuesta ignora la realidad inflacionaria estructural. Un interés bajo o fijo desincentiva el acuerdo y alarga los litigios, ya que el paso del tiempo licúa el valor de la condena. Históricamente, esto ha generado una práctica donde extender el juicio resultaba conveniente para la parte empleadora”.
Sucede que, según la explicación del especialista, la normativa prevé que, para los juicios en trámite, los intereses se calcularán en función de una tasa que determinará el Banco Central, probablemente tomando como referencia una tasa bancaria activa o pasiva, como las del Banco Nación u otra entidad similar.
”A priori no se puede precisar cuál será, pero en cualquier caso los montos resultarán sensiblemente menores que el esquema de IPC más un adicional del 3% aplicado en los años posteriores a 2020, dado el salto de la inflación durante ese período″, sostuvo Rossi.
Mañko apuntó: “Argentina tiene, por naturaleza, un nivel alto de litigiosidad, especialmente en el ámbito laboral. En ese contexto, cada cambio que se intenta introducir suele suscitar resistencia y habilita que muchos abogados presenten cuestionamientos de inconstitucionalidad”.
“Por ejemplo, el hecho de que el trabajador no pueda litigar luego del pago de la indemnización abre la puerta a ese tipo de objeciones”, detalló.
En el bloque opositor consideran que la reforma laboral libertaria no plantea una reconfiguración sustancial que permita anticipar una caída significativa de la litigiosidad a futuro.
Por su parte, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), se refirió puntualmente a la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a financiar indemnizaciones. La iniciativa prevé un aporte mensual obligatorio del 3% de las remuneraciones a cargo de los empleadores, calculado sobre la misma base que las contribuciones patronales al SIPA y compensado con una reducción equivalente en ese concepto.
Aunque valora la medida porque cree que garantizará indemnizaciones y reducirá demandas por ese motivo, expresó dudas sobre su implementación.
En primer lugar, plantea qué ocurrirá con el dinero acumulado en los fondos si el empleado no es despedido, sino que renuncia o finaliza su trayectoria laboral. Además, cuestiona cómo se aplicará el esquema a los trabajadores que ya estaban en funciones antes de una eventual sanción de la ley.
Rosato afirma que resta precisar si los empleados podrán acceder a esos aportes aun cuando no sean desvinculados. “Otorgar este beneficio le daría armonía y aceptación al proyecto”, sostiene.
Casos
En las últimas semanas se publicaron varios casos de juicios laborales millonarios que resultan difíciles de afrontar para pequeñas y medianas empresas. Los empresarios involucrados señalan que las resoluciones los ponen al borde de la quiebra.
En primer lugar, Alberto Chinkies, propietario del restaurante Piegari, calificó como injusto el fallo que ordenó un embargo preventivo de $155 millones, en el marco de una demanda que asciende a $270 millones. El litigio se originó por la denuncia de un ex empleado que afirmó haber sido despedido por falta de pago de salarios al inicio de la pandemia.
El monto original que Chinkies debía abonar era de $9.429.176,61, cifra que se incrementó por intereses y multas.
Criticó a la jueza porque considera que la decisión carece de fundamento. Sostiene que presentó documentación que refuta los argumentos de la demanda y acredita que los sueldos fueron efectivamente abonados, pese a lo cual recibió una sentencia en su contra.
Por otro lado, está el caso de Naranja mandarina, una pyme de Junín dedicada a la fabricación y venta de ropa para niños, que cuenta con tres empleados y atraviesa una crisis por una sentencia de la justicia bonaerense que obliga a sus dueños a pagar $190 millones e impone un embargo de $330 millones, monto que supera ampliamente su facturación anual.
El conflicto comenzó cuando un revendedor se presentó ante la Justicia laboral sosteniendo que había sido un “empleado despedido”, postura que el tribunal avaló al considerarlo viajante de comercio.
Además, trascendió recientemente el reclamo de Mario Fiore, dueño de la alimenticia “El Bahiense”. Enfrenta un juicio por $250 millones porque un trabajador se consideró desvinculado luego de ser suspendido por 15 días debido a un proceso mal ejecutado.
La cifra inicial a pagar rondaba los $3 millones, pero creció exponencialmente por los intereses aplicados.
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