El Ejecutivo nacional presentó el jueves pasado en el Senado el proyecto de “Ley de Modernización Laboral”. Tras la convocatoria a sesiones extraordinarias, entre el 10 y el 30 de diciembre, la gestión de Javier Milei busca sancionar tres leyes que marcarán la segunda etapa de su mandato. Con un Congreso renovado y poniendo a prueba su estrategia y su capacidad de negociación, el libertario aspira no sólo a conseguir la tan ansiada reforma laboral, con la que promete reactivar el empleo y la economía, sino también a aprobar dos iniciativas presentadas en septiembre y junio pasados: Presupuesto nacional e Inocencia fiscal.
Pero la más importante para el poder libertario es la reforma laboral. En la justificación del proyecto se afirma que pretende “actualizar el marco laboral vigente, a fines de remover las distorsiones que afectan la creación del empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores” y su trámite legislativo comenzará el próximo martes 16.
Ese día se reunirán los presidentes de bloque y comenzará el tratamiento formal del paquete de leyes previsto para las sesiones extraordinarias, que concluirán el 30 de diciembre próximo. Por su parte, el presupuesto y la inocencia fiscal se discutirán en el mismo período, pero en la Cámara de Diputados, donde los libertarios cuentan con unas 85 bancas que, aunque no les otorgan la mayoría para imponer la agenda, sí les permiten jugar su poder de negociación en un Congreso fragmentado.
La ilusión con el Senado
Pese a las denuncias de senadores como Carolina Moisés, que advierten que el proyecto debe tramitarse primero en Diputados por incluir capítulos impositivos —como la reforma del IVA y del régimen de Ganancias—, el Gobierno ingresó el texto —confeccionado por el Consejo de Mayo— a la Cámara alta. Es que el Presidente se entusiasma con la media sanción y una aprobación exprés antes de fin de año.
Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 33 votos garantizados: a sus 20 se le suman los 10 del radicalismo y los tres del PRO. De repetirse cuatro de los apoyos que obtuvo en sus dos primeros años de gestión, el Gobierno de Milei tendría la media sanción asegurada.
No obstante, se esperan fuertes cruces en el recinto, pese al escaso tiempo para debatir. La oposición cuestiona el ingreso del proyecto a la Cámara alta. “La Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados. Cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento”, aseguró Moisés, senadora por Jujuy.
Desde la Casa Rosada sostienen que cuentan con respaldo constitucional y jurisprudencial para ingresar primero por el Senado. En su defensa señalan que el eje de la reforma no es lo impositivo. Desde el Ejecutivo explican que la decisión se apoya en el artículo 77 de la Constitución Nacional, que establece que “las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo”, salvo las excepciones previstas en la propia Carta Magna. En ese punto, aclaran que el artículo 52 fija que la iniciativa exclusiva de Diputados rige para las leyes sobre “contribuciones”.
El estancamiento del empleo
En un país donde el empleo privado está estancado desde hace 12 años y eso se refleja en el aumento del trabajo informal y del monotributo, la iniciativa oficial propone modernizar los vínculos laborales mediante 197 artículos que introducen importantes cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen sindical, la negociación colectiva, el sistema de indemnizaciones, la formalización del empleo y la regulación de nuevas formas de trabajo.
En las últimas semanas, desde que se supo que el Presidente buscaría aprobar la reforma laboral, el debate sobre los posibles cambios que incluiría el texto final copó tanto los programas políticos como las redes sociales. No fue hasta el jueves que se pudieron leer las 122 páginas del proyecto que Milei presentó en el Senado. Entre sus principales medidas figuran indemnizaciones más bajas con topes de actualización, vacaciones fraccionadas y la creación de un banco de horas, entre otras.
En ese marco, el proyecto promete fomentar el empleo formal y el blanqueo laboral al crear un régimen de incentivos para quien contrate trabajadores en blanco. La medida tendrá un año de vigencia y establece que las empresas que incorporen a personas desempleadas, monotributistas o exempleados públicos y aumenten su nómina tendrán descuentos en las contribuciones patronales durante los primeros 4 años.
Por otro lado, se establece un régimen de blanqueo para los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados que contempla, por un plazo de 6 meses, la extinción de la acción penal por evasión; la condonación de multas y un porcentaje de la deuda por aportes, y el pago de deuda hasta en 72 cuotas.
En cuanto a la negociación del pago, bajo el concepto de “negociación dinámica”, se impulsa que tanto el sindicato como el trabajador puedan acordar con la empresa ingresos extra como compensaciones, sujetos a niveles de productividad o al cumplimiento de determinados objetivos. Cabe aclarar que este tipo de “extras” no se consideran remunerativos, es decir, no integran el ‘salario en blanco’ del empleado y, por lo tanto, no se consideran en el cálculo del cobro del medio aguinaldo o como parte de un salario sobre el cual se calculará un haber jubilatorio, llegado el momento.
Con modificaciones controvertidas que afectarán de distinto modo según el lugar que ocupe cada trabajador en la escala productiva, el debate concentrará la atención durante los últimos 15 días del 2025. Serán dos semanas que opacarán la época festiva de Navidad y fin de año. Por su parte, la CGT nacional convocó a un paro general para el jueves 18, aunque en Córdoba los gremios estatales aún lo debaten, mientras siguen atentos a lo que pueda resolverse en la unicameral provincial por el posible aumento de los aportes previsionales. Tanto el Gobierno nacional como empleados y empleadores estarán a la espera de lo que decida la Cámara alta.
