El capítulo impositivo de la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei abrió un nuevo frente de debate en Entre Ríos. Aunque desde la Casa Gris reconocen que el proyecto aún está bajo análisis, el gobierno provincial optó por un enfoque prudente frente a las advertencias sobre una posible caída en la coparticipación. En ese marco, relativiza las proyecciones más alarmistas y pone el acento en el impacto positivo que, aseguran, podría tener sobre la generación de empleo formal.
La discusión se reavivó luego de que varios gobernadores expresaran su preocupación por los cambios en el impuesto a las Ganancias, uno de los principales componentes de la masa coparticipable. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que la provincia podría resignar alrededor de $53.000 millones. Sin embargo, en el Ejecutivo entrerriano aseguran que esas cifras aún no están consolidadas.
Funcionarios del entorno de Frigerio sostienen que el debate no debe centrarse exclusivamente en el plano fiscal. “Hay que pensar primero qué modelo de país queremos. La informalidad laboral es enorme y necesitamos reglas más modernas”, señalaron. En ese sentido, remarcan que una mayor registración de trabajadores podría ampliar la base tributaria y amortiguar cualquier caída inicial en los ingresos.
Desde el oficialismo también subrayan que una reducción de la carga impositiva podría funcionar como un estímulo para las inversiones. “Menos impuestos puede significar más actividad, más empleo y, en definitiva, más recursos”, afirman. Y aclaran: “Nadie quiere que las provincias queden desfinanciadas”.
La oposición peronista, en cambio, plantea un escenario muy distinto. Legisladores nacionales del PJ entrerriano solicitaron una reunión con el gobernador para abordar lo que consideran un impacto severo sobre las cuentas públicas provinciales. Según sus propios cálculos, la pérdida superaría los $81.000 millones durante este año.
El senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet advirtieron que las modificaciones propuestas reducirían la recaudación nacional y, en consecuencia, los fondos que se distribuyen entre las provincias y los municipios. “Se trata de una merma estructural que afectará la capacidad de gestión y de prestación de servicios esenciales”, señalaron.
De acuerdo con ese análisis, la baja proyectada a nivel nacional sería de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones impactarían directamente en los distritos por la vía de la coparticipación. Para Entre Ríos, esto se traduciría en un recorte promedio mensual de casi $7.000 millones.
En el gobierno provincial, sin embargo, insisten en que el enfoque debe ser más amplio. “Cualquier transformación de esta magnitud implica costos y beneficios. Lo importante es que el sistema laboral deje de expulsar trabajadores a la informalidad”, sostienen.
El contrapunto deja al descubierto dos lecturas opuestas: mientras la gestión de Frigerio apuesta a los efectos de mediano y largo plazo, el peronismo advierte sobre un impacto inmediato en las finanzas públicas. La discusión recién comienza y promete escalar a medida que el proyecto avance en el Congreso.
