La oposición y las provincias ya encendieron las luces de alarma. El proyecto de “modernización laboral” que envió el Poder Ejecutivo al Senado incluye una serie de rebajas impositivas que, según sus estimaciones, tendrán un costo fiscal del 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) –unos US$ 5500 millones anuales– y, por tratarse de impuestos coparticipables, serán recursos que dejarán de percibir las provincias si la iniciativa, así planteada, se convierte en ley.
El impacto fiscal del 0,8% del PBI que significará esta merma en la recaudación implica nada menos que la mitad del superávit fiscal previsto en el proyecto de presupuesto 2026 (1,5% del PBI) advierte la oposición. Con el agravante de que el Gobierno, contrario a lo que pregona –e incluso impone como regla para todas las leyes que se discutan en el Congreso-, no explicita en ningún párrafo de su proyecto cuáles serán las fuentes de financiamiento de ese costo fiscal.
La oposición se lo reprocha sin ambigüedades: mientras a ella se le achaca la sanción de dos leyes –las de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad- por su costo fiscal sin su correspondiente financiamiento –incluso intentó derogarlas en el presupuesto 2026 por ese motivo-, el Gobierno parece tener piedra libre para subir o bajar impuestos sin dar explicaciones ni considerar que de la recaudación federal no solo se sostiene la Nación, sino también las finanzas de las provincias.
Estimaciones
El proyecto de modernización laboral contiene varios artículos impositivos. Uno de los más relevantes por su impacto fiscal es el que propone reducir las contribuciones que los empleadores pagan sobre el salario de sus empleados. Según la iniciativa, un 3% de esos aportes -que hoy financian el sistema jubilatorio- pasarán a solventar el nuevo régimen de indemnizaciones por despidos del sector privado.
Además, el proyecto prevé la reducción de un punto -del 6 a 5% – del aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios para financiar a las obras sociales.
En otro capítulo del proyecto el Gobierno propone, además, una poda en el impuesto a las Ganancias corporativo –que beneficiaría principalmente a las grandes empresas-, a lo que se suma la eliminación de algunos impuestos internos a consumos como servicios de seguros, telefonía celular y satelital, compra de autos de lujo, embarcaciones o aviones.
Los cambios que se propusieron en la reforma laboral, para la consultora Invecq, tienen un costo de 0,83% del PBI. “La mayor parte de este esfuerzo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral –indica-. El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)”, señala.
La consultora CEPA también le puso números al costo fiscal de la reforma tributaria contenida en el proyecto laboral. Según sus cálculos, la reducción de contribuciones patronales implicará un impacto de U$S 2070 millones de dólares anuales. Asimismo, estimó que el costo fiscal de la reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias para Sociedades sería de U$S 2279 millones de dólares anuales, a lo que se suman otros U$S 334 millones por la eliminación de impuestos internos a embarcaciones, aeronaves y objetos suntuarios.
Los cálculos de la oposición van en una línea similar. El diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria) advirtió que, con la reducción de las contribuciones patronales previsto en el proyecto, el sistema de la Seguridad Social se vería desfinanciado en $4,8 billones, lo que significa un 0,46% del PBI y el equivalente de U$S 3000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales.
Michel advirtió, además, que por la reducción en las alícuotas del impuesto a las Ganancias corporativo el Estado dejará de recaudar $3,1 billones, equivalentes a 0,3% del PBI; el beneficio, señala, quedará concentrado mayoritariamente, en solo 144 grandes empresas.
“¿Dónde impacta esa caída de recaudación? En el tesoro nacional y en las provincias –responde Michel-. Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de coparticipación federal. En promedio simple mensual, las provincias recibirían durante todo el 2026 $144 mil millones menos por mes”.
La discusión sobre el impacto fiscal de todo este paquete tributario todavía no se abordó en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado, aunque promete ser ardua. Por de pronto, el senador Jorge Capitanich (Unión por la Patria) estimó que el costo fiscal teórico del conjunto de medidas incluidas en el proyecto de modernización laboral tendría un costo fiscal total de U$S 5700 millones anuales, de los cuales U$S 3285 millones corresponden a las provincias.
La cuestión ya se abrió a debate y es motivo de ácidos reproches de la oposición. “¿Dónde está la igualdad cuando aparece dinero para bajar el impuesto a los autos importados con un costo fiscal de 300 millones de dólares mientras no había para los jubilados, universidades y personas con discapacidad? ¿Dónde está la igualdad cuando aparece dinero para bajar impuestos internos a la electrónica o a los automóviles o para bajar o eliminar el impuesto cedular?”, acicateó el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal).
