Con la reforma laboral del Gobierno ya en marcha en el Senado, el bloque del PJ en Diputados se reunió esta tarde para ordenar sus internas. Pese a las tensiones que atraviesan al espacio que conduce Germán Martínez, hubo acuerdo en avanzar con un dictamen unificado, alternativo al del oficialismo, y tratar de dilatar la sanción definitiva.
En el bloque conviven el kirchnerismo, el sindicalismo, los movimientos sociales, el massismo y el peronismo del interior. El sector gremial, en particular, ya cuenta con varios proyectos presentados.
Sergio Palazzo, diputado nacional y titular de La Bancaria, impulsa cuatro iniciativas que modifican la ley de contrato de trabajo en aspectos vinculados a vacaciones, licencias especiales, despidos arbitrarios y regulación del empleo en plataformas digitales.
La semana pasada, en tanto, la exministra de Trabajo Kelly Olmos presentó junto a Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz -entre otros dirigentes alejados de la conducción kirchnerista- una propuesta alternativa. El texto propone agilizar la homologación de acuerdos colectivos y fortalecer la protección de la crianza mediante nuevas licencias parentales compartidas.
También impulsa una reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales, sin recortes salariales, e incorpora herramientas digitales para la inspección del trabajo. Además, prevé mecanismos de financiamiento bancario de indemnizaciones judiciales para pequeñas empresas y regula formalmente la actividad en plataformas digitales.
La iniciativa no contó en un primer momento con el respaldo del sector sindical, aunque luego fue acompañada por algunos dirigentes como adherentes.
Según pudo saber LA NACION, entre referentes gremiales persisten reparos sobre la homologación automática de ciertos acuerdos colectivos sin validación expresa de la Secretaría de Trabajo. En privado, advierten que ese mecanismo podría derivar en mayores conflictos laborales. No obstante, ese punto no fue explicitado en la última reunión del bloque.
En paralelo, el oficialismo ya formalizó la convocatoria para tratar en el recinto del Senado el proyecto de reforma laboral, cuyos cambios aún no se conocen públicamente. Así lo anticipó la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien sostuvo que los ajustes consensuados con sectores dialoguistas no serán difundidos “para evitar confusiones”.
Esa definición complica el diálogo en Diputados, donde la oposición conocerá el texto definitivo una vez que ya esté sancionado por la Cámara alta. “No descartamos introducir cambios”, admitió un referente de uno de los bloques cercanos al Gobierno. Es decir, no es solo una idea del sector más intransigente.
Cualquier modificación que se le aplique al proyecto que llegue desde el Senado -ya sea mediante recortes, ajustes o adiciones- obligará a devolverlo en revisión a la Cámara de origen, lo que demorará su sanción definitiva. Ese escenario es leído como una posible victoria política por el PJ y el sindicalismo, que apuestan a dilatar la discusión y posponer la aprobación de la reforma en un contexto de movilización y protestas callejeras.
Mientras el peronismo discutía ajustes en materia laboral, una movilización de jubilados y personas con discapacidad en las inmediaciones del Congreso volvió a poner en escena la conflictividad social. La protesta fue noticia por la detención del padre Paco Olveira, que participaba de la manifestación junto a las agrupaciones convocantes.
Para la semana próxima, en tanto, la CGT aún no definió si avanzará con un paro o una movilización. En el sindicalismo anticipan que la central determinará en los próximos días cómo y cuándo volverá a salir a las calles. Por lo pronto, mantendrá una cumbre de su consejo directivo este viernes.
