En el marco de una agresiva estrategia de seducción y presión política, el ministro del Interior, Diego Santilli, visitará este viernes la provincia de Corrientes. El objetivo central del encuentro con el gobernador Juan Pablo Valdés es garantizar el apoyo para un paquete de reformas estructurales que el Ejecutivo considera innegociables: la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-UE y la Ley Penal Juvenil.
Hasta el momento, la Casa Rosada ha logrado alinear a ocho gobernadores bajo su órbita. Sin embargo, detrás del respaldo público de mandatarios como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Alfredo Cornejo (Mendoza), asoma un conflicto de intereses que amenaza la estabilidad del acuerdo: el costo fiscal que Milei pretende que paguen las provincias.
El costo del «alivio» corporativo
La principal fricción radica en el capítulo tributario de la reforma. El Gobierno nacional propone una reducción en el impuesto a las Ganancias para las sociedades, bajando la alícuota del 35% al 31,5%. Si bien el oficialismo presenta esto como un incentivo a la inversión, para las arcas provinciales representa un golpe seco de 1,2 billones de pesos en concepto de coparticipación.
Los gobernadores, incluso los más cercanos a la gestión libertaria, se muestran reticentes a convalidar un articulado que desfinancia sus distritos en pleno contexto de recesión. Las negociaciones actuales, delegadas en un círculo estrecho de funcionarios y legisladores, se centran en cómo compensar esa pérdida multimillonaria, mientras el Gobierno central mantiene su intransigencia sobre el equilibrio fiscal nacional a costa del provincial.
Una agenda de alto impacto ambiental y social
Además de la flexibilidad laboral, Santilli lleva en su carpeta la polémica reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que ha despertado fuertes críticas de sectores ambientalistas por abrir la puerta a la explotación minera en áreas protegidas. La inclusión de la baja de la edad de imputabilidad (Ley Penal Juvenil) completa el cuadro de una agenda que busca consolidar el giro ideológico del régimen libertario antes de las sesiones ordinarias.
La reunión en Corrientes será un termómetro clave para determinar si el bloque de gobernadores aliados aceptará el ajuste tributario o si las provincias comenzarán a exigir condiciones de gobernabilidad frente a la licuación de sus recursos.
