La Argentina registró en 2025 el ingreso de 134.000 demandas judiciales por riesgos del trabajo, un récord histórico que la ubicó muy por encima de otros países de la región y de Europa.
En términos relativos, la cantidad de juicios presentados en el país fue un 2200% mayor que en Chile y un 1500% superior a la de España, según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
El fuerte aumento de la litigiosidad se produjo en un contexto que el propio sector describe como paradójico. Mientras los indicadores de prevención y seguridad laboral mejoraron de manera sostenida desde la creación del sistema de riesgos del trabajo, el número de demandas no dejó de crecer y alcanzó en 2025 el nivel más alto desde que se llevan registros.
Según datos de la UART, los accidentes laborales se redujeron un 55% y las muertes vinculadas al trabajo cayeron un 80% en las últimas décadas. En cifras concretas, esos avances habrían permitido salvar unas 19.000 vidas y evitar más de 4,7 millones de accidentes. No obstante, la evolución de los juicios fue inversa: desde 2020 las demandas por riesgos del trabajo aumentaron un 200% y solo en el último año se sumaron 134.141 nuevos casos.
La comparación internacional dimensiona el fenómeno local. Mientras en Chile se registran 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y en España 8,5, en la Argentina ese indicador trepa a 132,8. Eso significa que la litigiosidad local es 16 veces mayor que la chilena y 23 veces superior a la española, aun cuando el país cuenta con una cobertura del sistema más amplia y niveles de siniestralidad similares.
Al volumen de demandas por accidentes laborales se le suman otros conflictos del derecho laboral, como juicios por despidos o reclamos salariales. En ese marco, el stock total de litigios por riesgos del trabajo llegó a 317.848 casos, pese a que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo lograron cerrar cerca de 70.000 expedientes judiciales a lo largo del año pasado.
Por qué crecen los juicios aunque bajan los accidentes
El informe también alerta sobre un comportamiento atípico en la dinámica de los juicios: en diciembre ingresaron más demandas que en noviembre, algo que solo había ocurrido en la antesala de la reforma del sistema de riesgos del trabajo aprobada en 2017. Además, durante el último cuatrimestre del año la litigiosidad mostró un crecimiento interanual del 12%, lo que consolidó la tendencia alcista.
Desde la UART sostienen que el origen del problema es, principalmente, judicial. En particular, señalan el incumplimiento de la Ley 27.348, sancionada en 2017, que estableció la creación obligatoria de Cuerpos Médicos Forenses en cada jurisdicción para unificar criterios y reducir la litigiosidad. La no implementación de ese esquema abrió la puerta a peritos externos, sin control ni supervisión, que fijan incapacidades fuera de los parámetros oficiales.
Según el reporte, esas pericias suelen ser avaladas por los jueces laborales, lo que termina multiplicando la cantidad de demandas. A ese incentivo se suma que los honorarios periciales se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia, un esquema que favorece el incremento de los porcentajes de incapacidad reclamados.
Por eso el impacto también se refleja en los costos: el 45% de lo que pagan las ART en juicios se destina a la intermediación —honorarios de abogados, peritos y gastos del sistema judicial—. En términos prácticos, por cada millón de pesos abonado en demandas, unos $450.000 quedan dentro de ese circuito.
“Corregir esta distorsión es clave para sostener un mecanismo que protege a trabajadores y empresas, y que hoy está siendo desbordado por una judicialidad que no responde a la realidad de la gestión en materia de prevención ni cobertura de accidentes del trabajo ni a ningún parámetro internacional”, finalizó el informe.
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