Según informó la defensora Martha Benedetto, por mes se presentan entre tres y cuatro barrios disconformes con la operatoria a seguir para obtener el servicio.
Ocurre que la empresa Redengas sólo se encarga de elaborar los anteproyectos de obra para los vecinos que solicitan el servicio. Es decir los planos con los aspectos técnicos a desarrollar, entre ellos los diámetros de las cañerías a instalar, las características de los trabajos a realizar y las profundidades a la que se ubican.
Una vez elaborado el anteproyecto, que debe ser aprobado por el ente regulador (Enargas) le envía a los vecinos una copia y anexa el listado de empresas habilitadas para efectuar la obra. Después el vecino debe contactarse con estas empresas para ver si existe la posibilidad de concretar la obra y acordar un precio. Redengas dice no tener capacidad de inversión para realizar la obra y sólo actúa como inspector de los trabajos.
Los vecinos consideran este proceder un abuso por parte de la firma. “En distintos barrios los planteos son similares. Entre ellos qué ocurre con los vecinos que no aportan a la obra y acceden luego, a expensas de quienes se organizan y financian la obra en primer término. O quién “indemniza” al vecino que financia ante la situación de inequidad; quién se hace responsable de los controles sobre las obras y sobre todo, cuál es el rol del Estado en toda la cuestión”, dijo Benedetho.
Como consecuencia de los reclamos recibidos, Benedetto y la ingeniera Silvia Pidoux, integrante de Servicios al Ciudadano de la Defensoría, sostuvieron ayer un encuentro con Mario Luna, gerente de Redengas, a fin de plantearle los reclamos y ampliar la información difundida públicamente sobre posibles créditos para extensión de la red.
Luna manifestó la contemplación de toda la operatoria en el Marco Regulatorio del Gas (Ley Nº 24.076 y disposiciones de Enargas). La defensora remarcó en este sentido, la diferencia entre la “legalidad” y la “justicia”, especificando que el hecho de estar contemplado en la normativa vigente no implica que no se registren vulneraciones de derechos ciudadanos.
Respecto del “traspaso” de la obra a la empresa que realizan los vecinos una vez que pagan la extensión en el barrio, el ingeniero puntualizó que este traspaso sólo obedece a la necesidad de que Redengas se responsabilice de la operatoria de la red y el mantenimiento, pero la infraestructura queda -en todo caso- para el Estado cuando termine la concesión en 2020.
Redengas no interviene en la realización de la obra, a cargo de contratistas, sólo realiza el proyecto técnico, y en ese sentido no tiene injerencia sobre la cantidad de vecinos que se conectan, quedando la viabilidad económica de la obra -única traba para la ampliación- a cargo de los propios vecinos.
El funcionario informó además que la firma tiene desde hace dos años planes de financiación accesibles para conexión interna, en la que hasta una instalación de 1.500 pesos es financiada por la empresa y se instrumenta a través de sus gasistas matriculados. La financiación es hasta en 36 cuotas mensuales.
Finalmente y en relación a la información difundida sobre créditos para extensión de la red, Luna manifestó que sería inminente una intervención del Estado haciéndose cargo de inversiones en infraestructura de red externa.
