La sesión del Senado de este jueves definirá si deja sin efecto o no el veto sobre la Ley de Emergencia de Discapacidad que lanzó el Gobierno tras su aprobación en ambas cámaras. Las bancadas opositoras cuentan con los votos suficientes para lograrlo, lo que significa que, si avanzan, el acto presidencial perderá validez.
A la par de lo que sucede en la Cámara Alta, en las afueras del Congreso se encuentran reunidos familiares de personas con discapacidad que se manifiestan a favor de la legislación.
La iniciativa propone establecer la emergencia nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y cuenta con el respaldo de diputados de diferentes partidos.
Jorge, padre de una hija con autismo sin habla, se expresó en medio de la manifestación en un móvil de C5N. “Soy papá de Catalina, de 6 añitos. No habla, tiene problemas de atención. Tiene cuatro tratamientos más una maestra integradora. Perdió la fonoaudiología y la estimulación temprana por los recortes del Gobierno. Ahora nos quedamos sin maestra”, aseguró sobre su situación en cuanto a las medidas que se han tomado.
“Venía progresando y uno se da cuenta que los chicos retroceden, se acostumbran a los profesionales y después no quieren entrar al colegio. Es algo que la verdad te angustia”, dijo entre lágrimas Jorge.
“Si hubiese que pagar los tratamientos es imposible, es muy caro. Uno como padre quiere darle lo mejora a sus hijos. Yo entiendo que hay que recortar, ¿pero a los discapacitados? ¿Por qué a la parte más sensible de la sociedad? Espero que el senado nos acompañe, que la ley salga y que se pueda acomodar todo”, cerró el hombre visiblemente emocionado por la situación.
Brenda, la madre de la nena, también habló. “Cata va a pasar a primer grado sin la maestra integradora. Ya nos dijeron que están perdidos los tres meses que faltan de escuela. Que va a hacer primer grado si no escribe no puede prestar atención, va a sufrir”, explicó.
Además, aseguró que el problema tampoco encuentra solución por otras vías. “Desde el Ministerio de Educación me dijeron que tardan un montón para ponerla en un colegio especial y no la dejan volver a hacer salita de 5”, aseveró.
Mariana, madre de Lucía, fue otra de las voces que se oyó sobre el reclamo. “Vengo en representación de mi hija de 25 años Tiene discapacidad motriz y mental por un problema de salud mental, de depresión. No desee nunca traer una chica con discapacidad, me tocó. Encontrarme hoy acá como argentina, tan defraudad por mi presidente”, dijo en diálogo con un móvil de LN+.
“Yo te voté, un montón de padres con chicos con discapacidad te votamos. Como pueblo argentino también te podemos sacar. No es justo”, apuntó luego directamente contra el gobierno y hablándole a Javier Milei.
“Mi hija cobra una pensión de 230 mil pesos. Hace un ratito una senadora dijo 280 mil. ¿El resto dónde está? Es hermoso hablar de ahí adentro. Pero sos igual que nosotros, te puede tocar. Fíjense adentro de ustedes si tienen alma”, agregó luego Mariana sobre la situación económica que atraviesa.
Por la manifestación, la calle Solis, también llamada Segunda Entre Ríos que conecta Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, se encuentra interrumpida junto a las paradas de colectivos ubicadas en la Plaza del Congreso.
El texto incorpora reformas en las leyes 13.478, 22.431 y 24.901, con el objetivo de redefinir el concepto de discapacidad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, actualizar el sistema de certificación y permitir la compatibilidad de la pensión con el empleo formal hasta cierto nivel salarial.
Además, declara de interés público la labor de los prestadores de servicios y crea instancias obligatorias de consulta con personas con discapacidad y organizaciones vinculadas.
El Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de informar anualmente ante el Congreso sobre la ejecución presupuestaria y podrá ajustar el presupuesto para aplicar las medidas, sin alterar fondos destinados a servicios sociales.
En cuanto al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, la legislación fija la actualización mensual de aranceles en función de la inflación y otorga beneficios impositivos y facilidades de regularización de deudas para prestadores, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios.
También determina el financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, refuerza las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad y promueve el enfoque social de discapacidad desde los distintos niveles del Estado.
