Advierten que la medida afecta a medios locales, cableoperadores pequeños y comunidades del interior, representando un retroceso en pluralidad, diversidad cultural y federalismo.
Sostienen que la normativa favorece la concentración mediática y reduce el acceso a contenidos regionales, contrariamente a lo que ocurre en países como Francia, Canadá y Reino Unido, donde el Estado garantiza la presencia de voces locales en los medios.
