En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), iniciada tras la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, la Justicia ordenó 15 nuevos allanamientos: 9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 6 en la provincia de Buenos Aires.
Los operativos, llevados a cabo por la Policía, apuntan a la búsqueda de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Según fuentes policiales, hasta el momento no se han solicitado detenciones en relación con estos procedimientos.
La orden judicial, a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, se dispuso tras aparecer nuevos indicios luego del análisis de los móviles de los primeros implicados en la causa. Según la información recabada, esos dispositivos contenían datos que podrían comprometer a otras personas, por lo que los operativos se concentran en hallar aparatos electrónicos pertenecientes a esos nuevos involucrados, informó Infobae.
El origen de la causa
La investigación se inició a partir de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exjefe del área y ex titular de la ANDIS, en los que se describiría una supuesta operatoria de pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo. En esos registros, según consta en la causa, se mencionaba la presunta participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de su asesor Eduardo “Lule” Menem.
La difusión pública de los audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el avance del expediente.
El fiscal Picardi ordenó la transcripción de los audios, mientras que tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano solicitaron peritajes para determinar la autenticidad de las voces y verificar si los archivos habían sido editados. Paralelamente, la defensa de la droguería involucrada pidió que se anularan como prueba esos audios, solicitud que fue rechazada por el juez.
La causa, que comenzó tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón —abogado de Cristina Kirchner en causas civiles—, se nutrió de pruebas como declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos. El mes pasado, la justicia levantó el secreto de sumario que pesaba sobre el expediente.
Entre las medidas adoptadas, la Justicia autorizó el acceso al contenido de cajas de seguridad pertenecientes a exfuncionarios como Spagnuolo, al exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y a la familia propietaria de la droguería Suizo Argentina.
En allanamientos previos los investigadores dieron con sumas millonarias y agregaron al expediente los registros de ingresos y egresos de los countries Isla de Nordelta (residencia de los hermanos Kovalivker), Altos de Campo Grande en Pilar (donde vive Spagnuolo) y El Paso Country Club (domicilio de Garbellini).
La Justicia también incautó correos laborales y el contenido del servidor de Suizo Argentina, empresa que figura como proveedor central en el esquema investigado por su capacidad logística y sus entregas diarias en todo el país. Según la pesquisa, la ANDIS no compraba medicamentos mediante licitaciones tradicionales, sino a través de concursos privados de precios para cada fármaco, en función de la necesidad de cada paciente.
Los operativos se producen un día después de que la Cámara de Diputados aprobara las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, previstas para el próximo miércoles a las 14:00.
