En el proyecto se destaca que “es el Gobierno nacional el que debe encarar las acciones tendientes a impedir que las fábricas pasteras en proceso de instalación en zonas aledañas al río Uruguay puedan nutrirse de los rollizos que producen los emprendimientos forestales provinciales”.
Finalmente, indica el proyecto que “es el Congreso de la Nación el encargado de dictar las normas pertinentes para llevar a cabo tal cometido, respondiendo de este modo al clamor de todo un pueblo que ha sabido luchar por la protección de sus derechos a vivir en un ambiente sano y que eso mismo le sea garantizado a su descendencia; una comunidad aguerrida que supo alertar en forma oportuna acerca del factible impacto ambiental negativo en la zona –río Uruguay–, tal como de la afectación de los intereses de todos los entrerrianos dadas las consecuencias que acarrearía sobre el medio ambiente, calidad del agua, contaminación del aire, daños al ecosistema y al desarrollo y sostenimiento de la economía regional, cuya base sustancial es la explotación de los recursos turísticos”, concluye.