La designación de tres nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) provocó un nuevo conflicto político y judicial en el Congreso. Los nombramientos se concretaron en la madrugada durante una extensa sesión en Diputados, como resultado de un acuerdo entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza que dejó al PRO al margen y desencadenó la reacción inmediata del bloque amarillo, que decidió llevar el caso a la Justicia.
Con 186 votos afirmativos, la votación permitió cubrir vacantes clave en la AGN y fue promovida por la conducción de la Cámara baja. Desde el PRO denunciaron, en cambio, que la maniobra fue irregular: sostienen que la designación no figuraba en el temario de la sesión y que vulnera el equilibrio político que debe regir la integración del organismo de control.
Los auditores cuestionados por el PRO son Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti. Almada fue propuesta por La Libertad Avanza; Forlón responde a Unión por la Patria y ya ocupó un cargo en la AGN; y Calletti quedó asociada a acuerdos con gobernadores afines al oficialismo. La terna surgió de la negociación entre el kirchnerismo y el espacio libertario, lo que terminó de fracturar el vínculo con el PRO en este tema.
Tras la sesión, el bloque que conduce Cristian Ritondo anunció que judicializaría la designación y así lo hizo. La denuncia apunta no solo contra los nuevos auditores, sino también contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y contra los legisladores que avalaron la votación, al argumentar que se avanzó sobre atribuciones que no correspondían en ese contexto parlamentario.
El conflicto abre ahora un frente judicial que pone bajo la lupa el funcionamiento de la AGN y vuelve a exponer las tensiones internas entre los aliados circunstanciales del oficialismo y el PRO, que pasó del acompañamiento legislativo a la confrontación directa cuando se trataron los cargos de control del Estado.
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