La querella que representa a la familia del fotógrafo Pablo Grillo presentó un escrito ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 para que el cabo primero de Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, sea imputado por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la presentación de la querella, Guerrero fue identificado como el autor del disparo de una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo durante la represión de la protesta de jubilados del 12 de marzo frente al Congreso.
El escrito, realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, reconstruye que a las 17.18 de ese día Grillo, que cubría la manifestación, recibió el proyectil en la zona frontal del cráneo y quedó en estado crítico. El informe sostiene que el artefacto fue disparado en ángulo horizontal desde la línea de gendarmes que avanzaba sobre los manifestantes, lo cual “va en contra de los protocolos para el uso de armas lacrimógenas”.
Entre las pruebas adjuntadas figuran videos, peritajes médicos y técnicos. Un estudio de la Policía de la Ciudad concluyó que la granada viajó a 78 metros por segundo, con un ángulo de salida de apenas 1,5°, lo que descarta cualquier rebote previo. La pericia médica determinó que las lesiones de Grillo son “graves y gravísimas”, con fractura expuesta de cráneo y riesgo vital concreto.
El informe también señala que no fue un hecho aislado: las filmaciones muestran a varios efectivos disparando de la misma manera. En imágenes aportadas por la propia Gendarmería se registran disparos indiscriminados de gases y balas de goma. Incluso, se observa que tras el disparo que hirió a Grillo un superior le dio una palmada en el hombro a Guerrero en señal de aprobación.
La querella sostiene que la conducta del cabo primero Guerrero no puede analizarse como un acto aislado, sino en el marco del operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad bajo el protocolo “antipiquetes”. Por ese motivo también solicitó investigar a la ministra Patricia Bullrich y a la cúpula de la Gendarmería por el diseño, las órdenes y la supervisión del operativo.
Con esos elementos, la familia de Grillo reclama que Guerrero sea citado a indagatoria y procesado. “La elección de la manera de disparar fue deliberada, ya que sabía que así ponía en peligro la vida de Pablo”, sostiene el escrito presentado en el expediente. La jueza María Servini deberá resolver el pedido en los próximos días.
Gendarmería cerró su sumario interno sin sanciones
El informe de la querella también cuestiona con dureza el procedimiento interno de la Gendarmería tras los hechos del 12 de marzo. Según el documento, la fuerza inició un sumario administrativo cinco días después de la represión, pero lo cerró en apenas 48 horas sin imponer sanciones disciplinarias.
El expediente calificó lo sucedido como un “hecho fortuito” y responsabilizó a Grillo por haberse ubicado “en la línea de tiro”. Pese a la gravedad de las lesiones y a las pruebas que apuntan a un disparo en ángulo horizontal, las autoridades avalaron la versión de Guerrero, quien afirmó en ese ámbito que había actuado “según el protocolo”.
La querella afirma que esa investigación fue “una mera formalidad” dirigida a garantizar impunidad. Todas las declaraciones de los efectivos destacaron la “profesionalidad” del operativo mientras se omitían las pruebas en su contra. Incluso se ignoró el propio manual de la pistola lanzagases, que prohíbe disparar en ángulo recto hacia personas.
Aunque el sumario fue reabierto semanas después, volvió a cerrarse con las mismas conclusiones. Para los querellantes, ese proceso interno refleja “una narrativa corporativa” pensada para eludir responsabilidades, en contraste con las evidencias judiciales que hoy señalan directamente a Guerrero.
TC
