Tras una profunda crisis económica que se agudizó el último año, la Justicia declaró la quiebra de la láctea Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La empresa, con accionistas del Vicentin Family Group y gerenciada —con opción a compra— por la venezolana Maralac, producía marcas reconocidas que había adquirido a SanCor, entre ellas SanCor Yogs, SanCor Vida, SanCor Shimy y Sancorito. La medida se adoptó luego del fracaso del proceso de reestructuración que la compañía venía llevando adelante. El gremio de la industria afirmó que 550 trabajadores “quedarán en la calle”.
En el marco del expediente N° 24.424/2023, correspondiente al concurso preventivo de ARSA, el juez Federico Güerri, subrogante del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 29, resolvió el 31 de octubre pasado declarar la quiebra de la empresa, ordenando la liquidación final de sus activos y el cierre definitivo de todas sus instalaciones.
Según pudo saber LA NACION, tras el período de concurso preventivo —en el que la empresa presentó una propuesta a sus acreedores sin reunir las mayorías necesarias para aprobarla— el expediente avanzó hacia la etapa de salvataje prevista en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ). Ese mecanismo ofrece una última oportunidad a las compañías en crisis, al permitir que terceros, incluidas cooperativas formadas por trabajadores, presenten ofertas para adquirir la firma y evitar la quiebra. Si alguna propuesta obtiene el aval de los acreedores y la homologación judicial, la empresa puede seguir funcionando bajo nueva conducción; de lo contrario, se dicta la quiebra indirecta.
“La ley en eso es muy clara y directa: si no se presenta nadie al salvataje se declara la quiebra. Es secuencial y automático. El gremio de Atilra, en su momento, hizo alguna presentación, pero no en este tema puntualmente. Algunos acreedores se presentaron en la etapa del concurso, pero ahora se abre una nueva etapa para que se presenten acreedores de fecha posterior al concurso. El síndico tendrá que hacer un dictamen, de acuerdo a sus criterios científicos, quiénes son o quiénes no son acreedores y después emite una resolución al juez, donde determina quiénes son definitivamente acreedores, por cuánto dinero y quiénes no lo son”, indicaron fuentes consultadas del Juzgado.
Una de las plantas de ARSA, en Arenaza, provincia de Buenos Aires
En detalle, el Juzgado Comercial 29 decretó la quiebra de ARSA al confirmar que “no se inscribió ningún interesado” en el registro abierto para el salvataje, y por ello ordenó la inhibición general de bienes, el bloqueo de todas las cuentas bancarias y la clausura definitiva de sus instalaciones.
La clave de la resolución fue que “no se inscribió ningún interesado en el registro abierto a los fines del salvataje de la concursada”. Ante la falta de un comprador o inversor que pudiera rescatar la compañía, el juez subrogante no tuvo otra alternativa que dictar la quiebra.
Cabe recordar que la quiebra implica medidas precautorias inmediatas para preservar los activos en beneficio de los acreedores, entre ellas el bloqueo total de la operatoria financiera de la empresa.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) se manifestó al respecto y dijo que “la quiebra de ARSA dejará en la calle a 550 trabajadores”Gentleza arsa
En primer lugar, se decretó la “inhibición general de bienes de la fallida”. La medida permanecerá “inscripta hasta que medie disposición en contrario de este Juzgado”, ya que constituye garantía del crédito de los acreedores.
Se ordenó, además, al Banco Central que comunique a “todas las instituciones financieras y a los proveedores de servicio de pago del país” la quiebra de Alimentos Refrigerados SA. Las órdenes judiciales incluyen “cerrar todas las cuentas corrientes de la fallida, plazos fijos, caja de ahorro y demás imposiciones a su favor”. Además, se dispuso “embargar y transferir los saldos existentes al Banco de la ciudad de Buenos Aires” a una cuenta habilitada para el expediente.
También se requirió informar sobre la existencia de “cajas de seguridad a nombre de la fallida” y, en caso afirmativo, disponer “el bloqueo del ingreso de los titulares y -de existir- a los autorizados a la caja de seguridad referida”. A los terceros, la resolución les “prohíbe a los terceros hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces”.
Una de las medidas más drásticas es la clausura inmediata de los establecimientos de la deudora. ARSA tiene dos plantas industriales: una en Arenaza, provincia de Buenos Aires, y otra en Monte Cristo, provincia de Córdoba. En ese marco, la quiebra afectó de modo directo e inmediato al presidente de la sociedad, Santiago Jesús Segovia Brun.
De forma contundente, la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) sostuvo que “la quiebra de ARSA dejará en la calle a 550 trabajadores”.
“Esta situación tiene mucho en común con lo que sucede con La Suipachense. Vicentin Family Group (Uruguay) le da el gerenciamiento al grupo venezolano de la familia de Alfredo Fernández. Este grupo también va a quebrar a La Suipachense. Han presentado un plan de reconversión que solo es una manifestación de deseos. Son empresas que no han presentado los balances”, remarcaron.
Por último, agregaron que “el sector no vive un mal momento, por el contrario, hay una gran producción; bajo consumo interno, muchas exportaciones”. “Los empresarios lácteos que administran bien, les va bien, a los que no, quiebran”, enfatizaron.
La resolución fija el calendario para que los acreedores puedan verificar sus deudas. El plazo para que “los acreedores formulen el pedido de verificación de sus créditos ante la sindicatura” vence el 9 de febrero de 2026 y “los alcances y procedencia de los créditos insinuados será dictada –a más tardar– el 13 de marzo próximo. Respecto a los bienes de la empresa, la sindicatura “comenzará el trámite de enajenación inmediatamente después de ubicado algún bien”.
Fue en mayo de 2024 cuando los problemas de la empresa comenzaron a visibilizarse y se abrió su concurso preventivo, planteándole al gremio Atilra la necesidad de suspender parte de sus empleados.
En la compañía indicaban que estaban pagando los sueldos “con dificultad” e incluso, a veces, “desdoblados”, pero que por la caída del consumo era muy complicada la recuperación. Insistían en que, para poder seguir cumpliendo con los trabajadores, debían mantener la producción porque los ingresos provenían exclusivamente de la comercialización.
Los problemas continuaron y se profundizaron en mayo pasado, cuando la empresa láctea resolvió suspender por 30 días la actividad en sus plantas de Córdoba y Buenos Aires. Para entonces, ambas instalaciones ya enfrentaban cortes de energía por falta de pago, una señal del deterioro financiero que atravesaba la compañía.
