El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió a la causa causa Enersa-Securitas, que investiga presuntos pagos de coimas en el marco de contratos de seguridad, y negó cualquier “relación de amistad” con los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, principales acusados en el expediente. La aclaración llegó luego de que, en los chats analizados por la Justicia, apareciera mencionado un “Julio” junto al apellido “Bordet”, lo que generó especulaciones sobre la identidad del funcionario citado.
Tras la explicación que días atrás dio el exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet —quien rechazó cualquier participación en los hechos—, Rodríguez Signes buscó despejar dudas. “No hago caza de brujas, quiero poner las cosas donde van”, afirmó. En ese sentido, enmarcó la causa en el procedimiento previsto por la Ley 27.401, que regula la responsabilidad penal empresaria, y remarcó que se trata de “una autodenuncia de una empresa multinacional que procura la eximición de responsabilidad penal”.
Según detalló, Securitas realizó una investigación interna “muy importante y voluminosa” antes de presentarse ante el Ministerio Público Fiscal. Esa autodenuncia abarca “multiplicidad de sujetos, hechos y momentos distintos”, incluidos los vinculados al contrato de seguridad celebrado con Enersa en 2018. “En lo personal, en la época de los hechos yo no tenía ninguna relación con el contratista”, subrayó.
Y apuntó de forma directa a los Tórtul: “Eran empleados del denunciante. No hay que sacarle responsabilidad al denunciante-contratista: la empresa debe hacerse cargo de esa situación”.
Rodríguez Signes dedicó un tramo central de su explicación a desestimar la relevancia jurídica de las menciones aparecidas en los chats. Señaló que las comunicaciones internas incorporadas al expediente “abarcan otros casos también, no solo Enersa”, y que en ellas “uno de los imputados invoca a otro”.
Ese tipo de alusiones, insistió, “no constituye ninguna prueba de incumplimiento de deberes de funcionario público, ni de Bordet ni de ninguna de las personas mencionadas”. Reiteró que la simple invocación de nombres en conversaciones privadas “ni siquiera es un indicio” y cuestionó el sentido de su difusión pública: “Me pregunto quién está detrás de esto y por qué se utiliza la información de determinada manera”.
Como exsíndico de Enersa, también describió el funcionamiento del órgano de control interno. Explicó que la Sindicatura realiza una revisión jurídica formal del proceso de contratación y que, en este caso, no recuerda observaciones sobre irregularidades significativas. “Todo está en los libros de actas, hoy en manos del Juzgado”, comentó, y relativizó la importancia del contrato en cuestión: “Ni remotamente es el más importante de la empresa”.
Consultado sobre su vínculo con los Tórtul, fue tajante: “A Marcelo no lo conozco; a Claudio sí, porque es una persona conocida en Paraná. Nunca hubo reuniones privadas”. Recalcó además que los hermanos actuaban dentro del marco contractual fijado por su empleadora. “No hay que olvidar que los Tórtul eran Securitas”, sostuvo, y reiteró que el proceso judicial “busca eximir a la empresa de responsabilidad penal, trasladándola a sus empleados”.
Finalmente, aclaró que las decisiones de contratación en Enersa son tomadas por el directorio y posteriormente controladas por el Tribunal de Cuentas. “No son decisiones arbitrarias ni tomadas entre cuatro paredes: es un procedimiento como cualquier contratación pública”, concluyó.
