El debate por el ordenamiento del tránsito en Quilmes terminó desbordando el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD) y se convirtió en un conflicto político y social de alto voltaje.
Mientras el cuerpo legislativo se disponía a tratar una ordenanza clave para implementar el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y otros mecanismos de control vial, en las calles se produjeron incidentes entre militantes sociales y la policía bonaerense.
En el centro de la polémica quedó el lugar que el proyecto reserva para los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”, y el cruce público entre la intendenta Mayra Mendoza y el dirigente social Juan Grabois.
La iniciativa oficial propone una transformación integral del esquema de tránsito y estacionamiento en Quilmes, Bernal y Quilmes Oeste. El texto unifica tres sistemas que serán concesionados en bloque por un plazo de diez años: el SEMM, el Sistema Municipal de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito (SMDEIT) y el Sistema de Control y Pesaje de Vehículos de Transporte de Carga (SCPVTC).
La concesión se definirá mediante licitación pública y el municipio percibirá un canon por la explotación del servicio. El valor del pliego fue fijado en tres millones de pesos.
El proyecto establece zonas precisas donde funcionará el SEMM, con días y horarios definidos: de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 14, excluyendo domingos y feriados.
También fija un plazo de gracia de diez minutos para registrar el pago y un esquema de sanciones para quienes incumplan, que puede incluir multas equivalentes a entre 100 y 200 horas de estacionamiento.
El Departamento Ejecutivo tendrá la facultad de ajustar tarifas y de ampliar o reducir hasta un 20% las cuadras incluidas en el sistema.
El SEMM se aplicará en las siguientes zonas específicas:
Quilmes Centro: Avenida Brandsen entre Avenida Hipólito Yrigoyen y Paz; Paz entre Avenida Brandsen y Avenida Alberdi; Avenida Alberdi entre Paz y Avenida Hipólito Yrigoyen; Avenida Hipólito Yrigoyen entre Avenida Alberdi (norte) y Avenida Alberdi (sur);Avenida Alberdi (sur) entre Avenida Hipólito Yrigoyen y las vías del ferrocarril Roca; Olavarría entre las vías del ferrocarril Roca y Avenida Hipólito Yrigoyen.
Bernal Centro: Avenida San Martín entre Avenida Avellaneda y Avenida Zapiola; Avenida Zapiola entre Avenida Belgrano y Avenida San Martín; Avenida Belgrano entre Avenida Zapiola y Don Bosco; Don Bosco entre Avenida Belgrano y Lavalle; avalle entre Don Bosco y Avellaneda; Avenida Avellaneda entre Lavalle y Avenida San Martín.
Quilmes Oeste: Avenida Carlos Pellegrini en ambas manos entre las vías del ferrocarril Roca y Avenida Andrés Baranda. El polígono comprendido por las calles: Entre Ríos entre Avenida Andrés Baranda y Avenida Vicente López; Avenida Vicente López entre Islas Malvinas y Entre Ríos; Islas Malvinas entre Avenida Andrés Baranda y Avenida Vicente López; y Avenida Andrés Baranda entre Islas Malvinas y Entre Ríos.
Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, el foco del conflicto se concentró en cómo la ordenanza impacta sobre quienes hoy se ganan la vida cuidando autos en la vía pública. Desde el Ejecutivo municipal aseguran que el proyecto no criminaliza a los cuidacoches ni desconoce su situación laboral, pero sí descarta un punto central que reclaman organizaciones de la economía popular: la adjudicación directa del servicio a una cooperativa.
El proyecto aclara que la ordenanza contempla la situación de los “trabajadores preexistentes”, con la posibilidad de ser incorporados formalmente al sistema, bajo condiciones de registración, cobertura social y reglas claras.
Lo que el gobierno local rechaza es la idea de otorgar el control del estacionamiento medido a una organización específica sin un proceso competitivo. “La decisión es llamar a licitación para que cualquiera que cumpla con el pliego pueda presentarse”, remarcaron desde la Intendencia.
Esa definición fue interpretada por sectores ligados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) como una privatización encubierta que dejaría afuera a cientos de familias. Con ese argumento, militantes y cuidacoches se movilizaron hasta el HCD para exigir ser escuchados antes de la votación. La protesta terminó con enfrentamientos, denuncias de represión y detenciones, lo que elevó la tensión política.
Juan Grabois, referente del MTE y aliado histórico del oficialismo nacional, apuntó directamente contra la gestión de Mayra Mendoza. En mensajes publicados en redes sociales, acusó al gobierno municipal de habilitar la represión policial para imponer una “privatización amañada” del estacionamiento medido y cuestionó la falta de diálogo con los trabajadores. Sus declaraciones incluyeron duras críticas al accionar policial y un reclamo por la liberación de personas detenidas durante los incidentes, entre ellas una trabajadora de prensa.
Desde el municipio respondieron que el operativo de seguridad se desplegó para resguardar el edificio público y garantizar el normal funcionamiento del Concejo Deliberante. Además, justificaron el avance de la ordenanza en las reiteradas denuncias de vecinos por situaciones de aprietes, cobros compulsivos y conflictos vinculados a los cuidacoches en zonas céntricas. “Hay un reclamo concreto para ordenar el estacionamiento y dar mayor seguridad”, señalaron voceros oficiales.
Para el oficialismo local, la implementación de tecnología para el control del tránsito y el estacionamiento es parte de un plan integral que busca reducir la congestión, mejorar la seguridad vial y transparentar un servicio que hoy funciona de manera informal.
Para las organizaciones sociales, en cambio, el problema no es el ordenamiento en sí, sino que se avance sin un acuerdo que garantice la continuidad laboral de los cuidacoches dentro de un esquema gestionado por la economía popular.
El choque entre ambas miradas dejó al descubierto una disputa más profunda sobre cómo integrar a los trabajadores informales en políticas públicas de modernización urbana. Mientras el Concejo Deliberante se prepara para definir el futuro de la ordenanza, el conflicto ya trascendió lo local y expuso tensiones políticas dentro del propio campo oficialista. En Quilmes, el debate por los “trapitos” se convirtió en un símbolo de una discusión mayor: orden y control estatal versus inclusión social y trabajo popular.
