Las autoridades rusas han abierto al menos 99 causas penales por corrupción contra altos funcionarios en lo que va de 2025, según informaron medios locales este lunes. Esta cifra se acerca al total registrado durante todo 2024, cuando se iniciaron 122 procesos por el mismo motivo.
De acuerdo con el periódico independiente Nóvaya Gazeta Europa, entre los imputados se encuentran diputados, ministros, viceministros, alcaldes y sus adjuntos. Además, el medio destaca que un tercio de los casos involucra a miembros de las fuerzas de seguridad.
El número de investigaciones supera con creces los niveles registrados entre 2019 y 2023, incluido el primer año de la guerra en Ucrania, lo que evidencia un notable endurecimiento en la persecución judicial por este tipo de delitos.
El informe también señala un aumento en los procesos por corrupción en niveles más bajos de la administración pública. Según datos de la Fiscalía General rusa, solo en el primer trimestre de este año se destaparon cuatro veces más casos que en el mismo período del año anterior.
Por otro lado, al menos 76 personas han sido procesadas penalmente en Rusia en los últimos tres años por realizar donaciones al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), la organización fundada por el líder opositor Alexéi Navalny, quien falleció en prisión en 2024. Así lo reportó este lunes la plataforma independiente Mediazona, que monitorea sistemáticamente los casos relacionados con la represión política en el país.
El FBK fue declarado “extremista” por las autoridades rusas en 2021, lo que prohibió oficialmente sus operaciones y convirtió en delito cualquier vínculo financiero con la organización. Las primeras causas penales por donaciones se iniciaron en agosto de 2022, seis meses después del comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania.
Con el tiempo, los investigadores han comenzado a incorporar como pruebas no solo las transferencias directas, sino también aquellas realizadas a través de otras entidades vinculadas al entorno opositor, utilizadas para evadir las restricciones y proteger la identidad de los donantes.
Desde la ilegalización del FBK y la intensificación de la represión tras la guerra, las autoridades rusas han endurecido los castigos para aquellos que apoyan de cualquier forma a la disidencia, extendiendo la persecución más allá de los activistas visibles e incluyendo incluso a ciudadanos que intentaron colaborar de manera discreta.
Estos datos reflejan un aumento significativo en la actividad judicial relacionada tanto con casos de corrupción como con el control de organizaciones consideradas extremistas.
(Con información de EFE)
