En medio de las vacaciones, el Gobierno retomó su plan para ajustar el Estado con la mira en organismos que el año pasado intentó -sin éxito- absorber o cerrar. La idea es achicar por entre un 10 y 20% de la planta de empleados públicos con retiros voluntarios, transferir sectores al sector privado, y a la vez ubicar “outsiders” de diferentes facciones internas en puestos estratégicos, para la toma de decisiones y el control de la caja.
El Instituto Nacional de Tecnología (INTI) es uno de los entes sujetos a los planes del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Después del desplazamiento de la cúpula en agosto de 2025, La Libertad Avanza aprovechó el vacío creado por la motosierra y el congelamiento de concursos para colocar 15 funcionarios, en su mayoría sin antecedentes ni carrera en el organismo. Desde el organismo no hicieron comentarios ante la consulta de este medio.
El último desembarco se produjo semanas atrás con la aparición del vicepresidente, Ezequiel Capelli, un hombre del riñón del ministro de Interior, Diego Santilli. Actualmente autónomo, según su Linkedin, fue director general de arbolado en la Ciudad, subsecretario de mantenimiento del espacio público bajo la gestión del PRO y director del Mercado Central hasta agosto del 2025.
Desde el inicio de la gestión a diciembre pasado, la nómina del INTI se redujo de 3.120 a 2.318 empleados, un 25,7% menos. Ahora, la orden es dar de baja a partir del 31 de enero la dirección de metrología legal y el organismo de certificación del INTI, con más de 150 técnicos y profesionales, para traspasar funciones a laboratorios y organismos privados.
En esa línea, fue desplazado en enero el gerente de Metrología, Héctor Laiz, considerado una “eminencia” en metodología en Argentina y un referente técnico a nivel mundial. En su lugar, apuntaron a Javier Alfredo Funes, sin experiencia en el área.
Las cambios comenzaron en septiembre con la designación del nuevo presidente, Miguel Romero, vinculado al secretario de Industria, Pablo Lavigne, hombre de Luis Caputo. Sin experiencia en el INTI, el abogado y martillero público fue asesor legal del Ministerio de Economía, Agricultura y Producción entre 2009 y 2020, y subsecretario de Defensa del Consumidor en la gestión actual.
Su antecesor y exToyota -ahora contratado por Mercedes Benz- recortó 800 puestos durante su gestión y pegó el portazo en agosto, disconforme con el decreto 462, que convertía al instituto autárquico en un apéndice de Industria, como parte de un plan para eliminar áreas y profundizar los despidos. Pero el Congreso frenó el DNU y el gobierno tuvo que retroceder.
El secretario de Turismo, Daniel Scioli, también tiene un allegado en el directorio, aunque desde abril del año pasado. Es el director administrativo, Christian Rasmussen, recordado en el instituto por retirarse con urgencia por una ventana del organismo ante el malestar del personal, tras anunciar despidos masivos en mayo de 2024, como gerente de recursos humanos.
Rasmussen tiene experiencia en saltar de trinchera: fue desde 2015 director de nocturnidad del exintendente macrista de Pilar, Nicolás Ducoté, candidato a concejal de Florencio Randazzo en 2017, director nacional de servicios inmobiliarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado con Alberto Fernández, y aspiró a gobernar Pilar cuando Scioli se precandidateó a Presidente en 2023.
Más reciente fue el ascenso de Juan Pablo Intelisano, presentado por Romero en reuniones de trabajo como el “jefe de Gabinete”, cargo inexistente en la estructura del INTI. Intelisano fue jefe de la mesa de entradas del Ministerio de Agricultura entre 2010 y 2017, y ahora -según cuentan puertas adentro- ubicó a su hermano Matías Intelisano al frente de la gerencia regional del organismo tecnológico.
Los hermanos comparten un derrotero común: ninguno hizo carrera en el ámbito de la ingeniería, la industria y la tecnología. El flamante gerente regional fue coordinador de fiscalización de la dirección general de administración de la subsecretaría de gestión administrativa del Ministerio de Turismo y Deportes bajo la gestión de Matías Lammens.
Romero designó a Arturo Abriani como gerente de asuntos legales, tras ocupar un rol similar en el organismo regulador de aeropuertos (ORSNA). La dirección operativa la ocupó Daniel Loiacono, un exdirector de la UIA, y la de Planeamiento y Comercialización, Facundo Durand, exdirector en la secretaría de Niñez a cargo de la ministra Sandra Petovello, y exsubsecretario de Mantenimiento del Espacio Público con el exintendente del PRO y ahora titular de la Agencia de Seguridad Migratoria, Diego Valenzuela.
Retiros voluntarios y venta de terrenos
El Gobierno también retomó la motosierra en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde desde la asunción de Javier Milei la plantilla pasó de 6.825 empleados a 6.073, una reducción de 752 personas (-11,0%). Luego del fallido intento de eliminar su autonomía y modificar su directorio con un mayor peso del Estado, el organismo presidido por Nicolás Bronzovich trabaja en un plan de retiros voluntarios a partir de marzo.
La propuesta que circula en los pasillos consiste en el pago de 1,5 sueldos por año trabajado a todos los empleados con hasta 60 años que renuncien, una mejora importante respecto del plan previo (1,2 sueldos con un tope de 20 años de antigüedad y medio sueldo para aquellos con más de 20 años). Así, un empleado de 60 años con 30 de antigüedad se llevaría 15 sueldos adicionales. “Están más desesperados”, dijo una fuente del organismo.
El otro plan que se trató este jueves en el consejo directivo es la venta de la estación experimental de Parque Leloir, un terreno de 27.000 hectáreas del INTA en Ituzaingó, donde se desarrollan tareas de agricultura urbana y familia con programas de semillas. En diciembre, se vendió un terreno en Palermo por US$ 18,5 millones a la desarrolladora Brukman Mansilla. El 70% del valor iba a ser destinado al INTA, pero desde el gremio Apinta afiman que aún no se refleja en el presupuesto.
Desde mediados de diciembre, el organismo contrató 8 directivos con designaciones transitorias, sin realizar concursos. Recursos humanos quedó a cargo del consultor Sebastián Ibarra. Según personas que lo conocen, sería un familiar lejano del exministro de Modernización, Aníbal Ibarra, área donde trabajó durante la gestión de Mauricio Macri, luego de ser asesor de RRHH en el gobierno porteño. También fue secretario nacional de Formación de Contenido del MID, movimiento cuyo referente es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hijo del fundador del partido.
Bronzovich apuntó como director general de Administración al licenciado en relaciones públicas, Gustavo Abaurrea, unexcoordinador de agencias del PAMI desde la gestión de Mauricio Macri que llegó al organismo a fines de 2024 de la mano de Juan Pazo, extitular de ARCA y hombre de Caputo.
Las otras incorporaciones fueron Claudio Dobniewski, (coordinador de sistemas y tecnología), Ariel Star (gerencia de desarrollo y arquitectura de datos), Gustavo Tesei (coordinación nacional operativa), Diego Nicolas Ponsone (gerencia de logística y servicios), Héctor Rodríguez (gerencia de compras) y Solange Costoya (gerencia de diseño organizacional, selección y desarrollo de carrera).
Por último, la Dirección Nacional de Vialidad, encargada de la construcción y mantenimiento de rutas, dispuso un plan de retiros voluntarios con el pago de hasta el 90% de un sueldo por año con un máximo de 24 años de antiguedad, y el abono de 1 a 8 cuotas dependiendo del monto del haber (desde hasta $ 10 millones a más de $ 30 millones). El objetivo es reducir entre un 10 y 20% de la planta de 4.950 empleados, cerca de 1.000 puestos, según fuentes oficiales.
