A Javier Milei ya no le inquieta la brevedad del periodo de sesiones extraordinarias. Convocó al Congreso para sesionar durante el receso de verano, entre el 2 y el 27 de febrero. Pero, a solo cinco días del inicio, los funcionarios que responden al Presidente confirman un obstáculo previsto desde diciembre: los plazos no alcanzan para que ambas cámaras sancionen el proyecto de reforma laboral, con dictamen de mayoría desde fines del año pasado.
La relojería legislativa avanza a toda marcha en el Senado, mientras que en Diputados la dinámica es otra. En la Cámara Alta, el oficialismo, junto a aliados clave, presentó un pedido formal para que la vicepresidenta Victoria Villarruel convoque a sesión el próximo miércoles a las 11, con el objetivo de llevar al recinto la iniciativa de “modernización laboral”. La presentación refleja la fuerza política impulsada por Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, y lleva la firma de los jefes de bloques que representan a 44 senadores.
El documento no solo lleva la rúbrica de Bullrich: también consta la firma de los jefes de bloque del PRO, la UCR y de espacios vinculados a fuerzas provinciales y a sectores del peronismo que aportan votos al oficialismo.
Entre los firmantes figuran la tucumana Beatriz Ávila, vinculada al gobernador Osvaldo Jaldo; el misionero Carlos Arce, representante de Hugo Passalaqua; el correntino Carlos Camau Espínola, por Provincias Unidas; la exministra neuquina Julieta Corroza, de Rolando Figueroa; y el cordobés Luis Juez, que aunque no forma parte del macrismo votará a favor.
El texto presentado presume una suma de 44 voluntades, dos menos que las 46 que el Gobierno logró para aprobar el Presupuesto 2026 antes de fin de año. Por ahora, desde La Libertad Avanza calculan que obtendrán 41 votos el próximo miércoles, con la mira en la aprobación general del proyecto. La votación en particular permanece abierta. En el entorno de Bullrich evitan exponer a los aliados, aunque una alta fuente oficialista reconoció que también cuentan con apoyos dentro del peronismo. No los identifican, pero estiman que Carolina Moisés, de Convicción Federal, podría asegurar los tres votos del PJ que quedaron excedentes en la negociación del Presupuesto.
“Todavía quedan algunos días para cerrar lo que falta”, dijo un senador oficialista, aunque advirtió que la victoria del miércoles no tendrá un camino fácil en Diputados. Esta semana, los jefes de todos los bloques informaron al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, que los tiempos son insuficientes después del miércoles.
Incluso si se aprueba el proyecto, los días hasta fin de mes serán escasos por los feriados de carnaval y el poco tiempo disponible para dictaminar antes de llevarlo al recinto. Ese factor resulta clave, porque dificulta la celeridad que el oficialismo buscaba para cerrar la llamada “guerra relámpago” de febrero.
Tal como están planteados los tiempos y las negociaciones, una desaceleración del impulso que llega desde el Senado podría abrir un escenario indeseable en Diputados. En el oficialismo relativizan que una eventual postergación de los plazos vaya a dañar el plan trazado, pero tres interlocutores directos en la negociación con Bullrich confirmaron a PERFIL que se están incorporando varias modificaciones al texto. No se prevé un nuevo dictamen para evitar más obstáculos; los cambios serán introducidos durante la sesión del miércoles próximo. Será entonces cuando se revelen las alteraciones que se negocian a varias bandas: desde el intercambio tributario con los gobernadores —que siguen rehusando aceptar una reducción de la coparticipación por la baja del Impuesto a las Ganancias— hasta el listado de exigencias de las cámaras empresarias. Los focos más críticos que inquietan a Bullrich son la intransigencia de los bancos para aceptar cambios en la legislación sobre las cuentas sueldo y los reclamos de las pequeñas y medianas empresas, agrupadas en CAME, para eliminar una decena de artículos que suprimen la ultraactividad y que podrían derivar en una judicialización masiva de la norma si el texto se convirtiera en ley.
En ese punto concentran los principales recaudos; quizá por eso hay más preocupación en no exhibir las concesiones del oficialismo que en ampliar los plazos al máximo. Del texto final de la reforma que se conozca el miércoles dependerá el margen que tenga el oficialismo para lograr la sanción en Diputados. Si prevalece la postura más intransigente del Gobierno sobre la reforma laboral, el tramo siguiente en Diputados se presenta empinado, aunque no imposible. La reforma incluye no solo cambios en el mundo del trabajo, sino también modificaciones impositivas y la derogación de los estatutos de viajantes de comercio, peluqueros, choferes particulares y periodistas.
El capítulo de las derogaciones, al final del texto, tiene trabados a algunos negociadores que intentan ganar tiempo. Proponen una prórroga de seis meses, pero el argumento resulta poco convincente, sobre todo para un oficialismo que rechaza cualquier postergación. Así como en el Gobierno admiten a regañadientes que el plazo de extraordinarias no les alcanza, también dan por hecho que el acuerdo Mercosur – Unión Europea no podrá aprobarse antes del 1 de marzo, fecha en la que Milei inaugurará el período 144 de sesiones ordinarias del Congreso. A partir de entonces empezará otra etapa y la semana próxima se conocerá de qué manera llegará el Gobierno
