La provincia de Tierra del Fuego se encuentra en medio de un proceso de transformación en su matriz productiva. Con el turismo en declive y un régimen industrial centrado en la fabricación de celulares y electrodomésticos cada vez más cuestionado, la salmonicultura se presenta como una alternativa viable para diversificar la economía local. Este debate ha cobrado fuerza en los últimos meses, impulsado por la iniciativa de un legislador libertario que busca derogar la prohibición vigente desde 2021 para permitir la cría de salmones y truchas en aguas provinciales.
El promotor de esta propuesta es Agustín Coto, representante del Partido Republicano TDF – La Libertad Avanza, quien ha presentado un proyecto para levantar la restricción establecida por la Ley 1.355. Esta normativa, aprobada en 2021 por unanimidad, prohibía la salmonicultura en las aguas jurisdiccionales de la provincia, tanto en lagos como en el mar, buscando proteger los ecosistemas locales. La modificación que avanza en la Legislatura mantiene la prohibición sobre el Canal Beagle, pero abre la posibilidad de desarrollar la actividad en otros cuerpos de agua.
Según el dictamen de la comisión, el Poder Ejecutivo tendría la facultad de delimitar zonas adecuadas mediante evaluaciones ambientales estratégicas. El texto especifica que se deberá garantizar “el bienestar social y económico sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas”. Sin embargo, organizaciones ambientales argumentan que la iniciativa viola el principio de no regresión en materia ambiental y podría contradecir compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Escazú.
La postura del gobernador
En mayo, el gobernador Gustavo Melella adelantó públicamente su apoyo a la salmonicultura. “Estamos trabajando en la ley para permitirla en toda la costa marítima del Atlántico, desde la Península Mitre hasta San Sebastián, así como en algunos lagos y lagunas. Somos conscientes de la necesidad de cuidar el ambiente, pero también debemos generar empleo”, afirmó en una entrevista con el diario Clarín. Aunque no especificó si el proyecto será presentado por el Ejecutivo, sus palabras coinciden con la propuesta legislativa en curso.
Este giro es significativo, dado que la prohibición original contaba con un sólido respaldo de ONGs internacionales como Greenpeace y Rewilding, además del apoyo de reconocidos chefs argentinos que celebraron dicha decisión como un precedente histórico. Ahora, en el contexto de una crisis económica provincial, el debate se reabre con nuevos argumentos.
Los cuestionamientos ambientales
Diversas organizaciones han expresado su preocupación por los riesgos que conlleva la salmonicultura. El Foro para la Conservación del Mar Patagónico advirtió que el avance del proyecto podría amenazar los ecosistemas fueguinos, recordando la experiencia de la Patagonia chilena, donde la actividad generó contaminación orgánica y química, propagación de enfermedades y escapes masivos de salmones, una especie exótica que altera procesos ecológicos.
Desde WCS Argentina se destacó que proteger únicamente el Beagle “es como cerrar una puerta y dejar abiertas todas las ventanas”. Reclaman una visión integral que contemple todas las aguas de la provincia para evitar impactos irreversibles.
La experiencia chilena
En el lado chileno de la frontera, Chile se ha consolidado como uno de los principales exportadores mundiales de salmones. En la región de Magallanes, limítrofe con Tierra del Fuego, operan alrededor de 50 centros de producción que generan unas 180 mil toneladas anuales y exportan por aproximadamente USD 650 millones. La actividad da empleo a entre 7.000 y 8.000 personas de manera directa, con salarios promedio de entre USD 1.500 y 1.700 mensuales, y su red de proveedores locales sostiene miles de puestos indirectos adicionales.
En términos macroeconómicos, la salmonicultura representa cerca del 50% del PBI regional en Magallanes y constituye una parte significativa de sus exportaciones. Según estimaciones privadas, la zonificación de áreas productivas en Tierra del Fuego podría generar ingresos inmediatos a través de concesiones valuadas en alrededor de USD 1 millón cada una.
La magnitud del negocio se refleja en las cifras recientes de comercio exterior. Según “Valor Soja”, en el primer trimestre de 2025, Chile exportó salmones y truchas cultivadas por un valor de USD 1.828 millones, cifra equivalente a las exportaciones argentinas de miel, frutas frescas, pescados, mariscos, lácteos y carnes bovina, porcina, aviar y ovina en el mismo período. Además, la publicación subrayó que “gran parte del alimento utilizado en las granjas chilenas proviene de granos producidos en Argentina”.
El caso chileno, por otro lado, no es aislado, ya que muchos países han desarrollado la acuicultura. En 2022, por primera vez, el volumen de frutos del mar producidos mediante acuicultura superó el de la pesca de captura, tanto en mar como en río, alcanzando el 50,8% del volumen total de pescados y mariscos.
Se proyecta además que para 2027, la acuicultura representará el 56% de la producción total. Esta tendencia ha sido adoptada por países sudamericanos con tradición pesquera, como Chile, Ecuador y Brasil, pero no en Argentina. Según el último anuario ictícola de la FAO, el volumen de producción acuícola en Chile pasó de 392.000 toneladas en el año 2000 a 1,5 millones en 2022. En el caso de Ecuador, las cifras aumentaron de 61.000 a 1,1 millones de toneladas, y en Brasil, de 172.000 a 738.000 toneladas. Para Argentina, el informe no ofrece datos, probablemente porque son inferiores al umbral de reporte.
Proyecto en Malvinas
Por otro lado, en las Islas Malvinas, ocupadas de facto por Gran Bretaña aunque territorio argentino y fueguino, la empresa Unity Marine, de capitales británicos y daneses asociada a la consultora F-Land ApS, que estudió corrientes marinas y oleaje para identificar zonas óptimas, ha presentado un proyecto para instalar granjas de salmón en aguas circundantes. Se contempla una producción inicial de 50.000 toneladas anuales, con el objetivo de cuadruplicar esta cifra a partir de una inversión inicial cercana a USD 7 millones para establecer 8 centros de cultivo a entre 3 y 7 kilómetros de la Isla Soledad.
Según James Wallace, director del proyecto, esta iniciativa diversificaría la economía isleña, reduciría la dependencia de la pesca del calamar, actualmente en retroceso, y generaría empleo.
En 2021, luego de la sanción de la ley 1.355 que el proyecto libertario busca modificar, el investigador Daniel Schteingart, entonces director del Centro de Estudios de la Producción (CEP) del ministerio liderado por Matías Kulfas y actual director de investigaciones del centro Fundar, señaló en un posteo en Twitter (hoy X) que no era apropiado “FESTEJAR una prohibición a una actividad productiva; considero pertinente discutir cómo regularla, escalas, zonificaciones, pruebas piloto, modos de producción. No PROHIBIR de cuajo”.
Mucho menos, añadió, “cuando la pobreza subió DIECISEIS puntos en tres años, donde la economía se achicó y cuando nos cuesta mucho desarrollar nuevas actividades productivas y hacer crecer las existentes”. Schteingart instaba a debatir “estándares, controles estatales, regulaciones, zonificaciones, rentas”. Las prohibiciones que hay que festejar, agregaba, “son las que prohíben el trabajo infantil y la trata de personas, no actividades productivas (..) Argentina necesita crecer y para eso necesita exportar, o seguiremos multiplicando la pobreza. Y necesita hacerlo con sostenibilidad macroeconómica y ambiental. Festejar prohibiciones no creo que sea el camino”.
Entre la prohibición y la producción
El debate en Tierra del Fuego enfrenta dos posturas contrapuestas. Por un lado, quienes argumentan que se trata de una oportunidad estratégica para generar empleo y divisas en una provincia afectada por la recesión, con más de 90.000 personas viviendo bajo la línea de pobreza. Por otro, las organizaciones que alertan sobre los costos ambientales de introducir una actividad de alto impacto en ecosistemas sensibles.
El desenlace dependerá de la Legislatura fueguina y de la decisión política del Ejecutivo provincial. Lo cierto es que, tras cuatro años de prohibición, la salmonicultura ha vuelto a ocupar un lugar central en la discusión como una posible alternativa económica frente al agotamiento de otros motores productivos. La mirada está puesta en el espejo chileno, con sus beneficios y también con sus problemáticas.
