Ante el creciente reclamo de los productores agropecuarios por el mal estado de los caminos rurales y la falta de mantenimiento, el diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, presentó un proyecto de ley junto a sus colegas Romina Braga y Maricel Etchecoin Moro. Esta iniciativa busca realizar cambios estructurales en el financiamiento y la gestión de la red vial rural en la provincia de Buenos Aires.
En una conversación con LA NACION, el legislador explicó que el propósito de la propuesta es “mejorar la transparencia en el uso de los fondos públicos, garantizar la participación de los contribuyentes en la toma de decisiones y eliminar tasas que se cobran sin una contraprestación efectiva”.
Entre las medidas que incluye el proyecto se encuentra la creación de un “régimen legal único” para regular en toda la provincia las tasas municipales relacionadas con el mantenimiento y mejora de la red vial rural, así como la expedición de guías y certificados derivados del régimen provincial de Marcas y Señales. Estos tributos solo podrán cobrarse bajo las condiciones establecidas en la nueva ley, sin que puedan modificarse por ordenanzas municipales u otras normativas locales.
Si se aprueba, la iniciativa tendrá carácter de ley de orden público y se aplicará en todo el territorio bonaerense, anulando cualquier normativa municipal que se oponga a ella.
Un aspecto central del proyecto es la creación de Comisiones Viales Municipales, que estarán integradas por representantes de entidades agropecuarias con personería jurídica y técnicos de los municipios. Estas comisiones serán responsables de planificar, ejecutar y controlar los planes de mantenimiento de la red vial rural en cada distrito.
Cada comisión deberá elaborar un plan maestro anual, definir costos, administrar los fondos y rendir cuentas al finalizar cada ejercicio. Los bienes adquiridos con estos recursos pertenecerán al municipio, pero tendrán uso exclusivo para la comisión.
En cuanto al financiamiento, el proyecto estipula que al menos el 50% de la coparticipación provincial del impuesto inmobiliario rural recaudada en cada jurisdicción municipal se destinará a la vialidad rural. Estos fondos se transferirán automáticamente a una cuenta administrada por la Comisión Vial. Los municipios solo podrán cobrar una tasa si esos recursos no son suficientes para cubrir el presupuesto total.
Bugallo advirtió que “la Legislatura bonaerense no puede seguir ignorando este histórico e innegable reclamo del interior productivo sobre el agravado estado de los caminos rurales. Es urgente que brindemos una solución precisa, realizable y eficiente en el uso de recursos para poner fin a décadas de abandono”.
El contexto en el que se presenta el proyecto destaca la falta de mantenimiento de los caminos rurales como una de las principales preocupaciones del campo bonaerense. Durante las lluvias, muchos tambos y establecimientos agropecuarios quedan aislados, lo que provoca pérdidas económicas debido a la imposibilidad de transporte de la producción.
Bugallo describió la situación al decir: “No es solo barro, pozos y zanjones. Es angustia. Es la leche que se pierde en un tambo porque el camión no pudo ingresar, o los granos que no se pueden sacar a tiempo del campo”.
Además de promover la participación activa de los productores en las Comisiones Viales, la iniciativa establece mecanismos concretos para asegurar control y transparencia. Por ejemplo, se obligará a publicar anualmente el plan de obras, el detalle de los costos estimados y los informes de ejecución, con el objetivo de evitar discrecionalidades y garantizar que los fondos recaudados se destinen efectivamente a los fines establecidos.
“La administración y control por las Comisiones Viales Municipales garantizará una mayor eficiencia, previsibilidad y control ciudadano”, señala uno de los artículos del proyecto.
La propuesta también pretende corregir un desvío histórico en el uso de ciertos tributos, como la tasa por expedición de guías. Esta tasa, que surgió cuando el ganado se trasladaba a pie y causaba daños en los caminos, hoy carece de justificación práctica. El texto advierte que se trata de un tributo “cobrado por un servicio que no se presta”, cuya recaudación “no se traduce en ningún tipo de asistencia ni infraestructura para los productores ganaderos”. Su eliminación no solo aliviaría la carga fiscal del sector, sino que representaría un avance en la modernización del sistema tributario rural.
“Históricamente, la provincia ha delegado en los municipios el cobro de las Guías, pero lo recaudado sigue cayendo en la caja municipal, sin servicio a cambio. El único fin es engrosar las arcas municipales”, indicó el legislador. La ley establece que estas guías deben ser gratuitas, mientras que otros certificados emitidos por los municipios deben tener un costo razonable y proporcional al trámite real.
El proyecto también incorpora una modificación a la Ley Orgánica de las Municipalidades para limitar abusos, indicando que “las tasas no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados”.
En sus fundamentos, la propuesta busca “restablecer legalidad, proporcionalidad y control ciudadano sobre instrumentos tributarios que, por su mal uso, han afectado la confianza pública y la equidad fiscal”.
Finalmente, se establece que todas las normas provinciales o municipales que se opongan a esta nueva ley quedarán derogadas. El Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentarla, asegurando que no se modifique el contenido esencial de la norma.
