Tras modificar el régimen de subsidios energéticos, el Gobierno prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional respecto del servicio de distribución de gas, al no haberse resuelto las causas que motivaron su declaración inicial.
La medida, publicada en el Boletín Oficial como Decreto 49/2026, extiende la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El vencimiento previo estaba previsto para julio de este año.
Según el Gobierno, la decisión responde a la persistencia de los factores que motivaron la declaración original: entre ellos, la insuficiente capacidad de transporte para atender la demanda interna y las exportaciones de gas natural, especialmente durante el invierno.
El decreto destaca que las obras clave para ampliar la infraestructura continúan en ejecución y que sus efectos solo serán visibles a partir del invierno de 2027. Mientras tanto, la importación de Gas Natural Licuado (GNL) sigue siendo un recurso esencial para garantizar la seguridad energética del país. El texto oficial afirma que el abastecimiento a Buenos Aires y al litoral depende “indispensablemente” de la inyección de GNL en los meses fríos, ya que sin ese volumen importado no sería posible satisfacer la demanda residencial ni asegurar el funcionamiento de las centrales térmicas.
El documento señala que la falta de inversión en la red de transporte es consecuencia, principalmente, de políticas tarifarias que no promovieron el desarrollo de la infraestructura. Aunque el Estado intervino mediante Energía Argentina Sociedad Anónima como único importador de GNL, las autoridades sostienen que esa medida no brindó soluciones eficientes y generó grandes erogaciones sin mejoras tangibles en el sistema.
En ese marco, el Gobierno prevé otorgar mayor protagonismo al sector privado, permitiendo a nuevos importadores acceder a la infraestructura de regasificación, actualmente limitada a la terminal de Escobar. El decreto establece que la comercialización del GNL deberá concentrarse en un único operador privado, bajo control de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), hasta la entrada en funciones del nuevo ente regulador conjunto de gas y electricidad.
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Cómo es el sistema de tarifas y subsidios energéticos que empezó a regir en enero
El Gobierno puso en marcha este mes un nuevo esquema de subsidios energéticos que, según la proyección oficial, expondrá a los usuarios de ingresos bajos a incrementos superiores al promedio del sistema.
La estrategia oficial abandona la segmentación tarifaria por ingresos vigente desde 2022. El nuevo régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), adopta un criterio binario: los usuarios o serán beneficiarios o no, sin escalas intermedias. Este mecanismo se aplicará a través de un único Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), que reemplaza al sistema anterior y reduce la cantidad de categorías y requisitos.
Para acceder al beneficio, los hogares deberán acreditar ingresos que no superen tres Canastas Básicas Totales (CBT), según los valores que mide el Indec. Quienes excedan ese límite deberán abonar la tarifa plena, sin bonificación estatal.
El nuevo esquema también incorpora los subsidios a las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), integrando por primera vez a los hogares sin acceso a la red de gas natural. De este modo se amplía la cobertura y se unifican los criterios en todo el país.
A partir de 2027, el volumen de gas subsidiado quedará limitado al período invernal, de mayo a septiembre. En el resto de los meses, todos los usuarios pagarán el consumo sin subsidios, sin importar su nivel de ingresos.
Durante el invierno, los hogares de ingresos bajos y medios recibirán un subsidio del 50% sobre el precio del gas en el PIST. En 2026 se suma una bonificación extra de hasta el 25%, que se irá reduciendo de manera escalonada como parte del ajuste tarifario.
El efecto de estas modificaciones será inmediato: las tarifas medias de gas natural aumentarán este año alrededor de un 23% respecto a los valores de 2025. Los usuarios de menores ingresos sentirán el impacto con mayor fuerza, ya que deberán asumir una proporción mayor del costo del gas.
El Estado prevé una reducción en el gasto de subsidios al gas natural de aproximadamente el 44% interanual. Al mismo tiempo, la cobertura de las tarifas sobre el costo real del suministro alcanzaría el 83%. Es decir, las facturas cubrirán más de cuatro quintas partes del gasto total, disminuyendo la intervención estatal en el sector energético.
El nuevo esquema busca simplificar los procedimientos, reducir el gasto público y acercar el precio final de la energía al costo real, en un contexto en el que la cobertura de los subsidios dejará de depender de la segmentación y se concentrará en los hogares que no superen el umbral de ingresos fijado por el Gobierno.
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