Una de las paradojas de la Argentina es que, siendo un país esencialmente agropecuario, las políticas destinadas a esa actividad fueron, a diferencia de lo habitual en la mayoría de las naciones, netamente negativas durante décadas. No se trata solo de una opinión: organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo estudiaron y concluyeron hace algunos años que, mientras en otros países la mayoría de los productores recibió estímulos —créditos o apoyos directos—, en la Argentina ocurrió lo contrario: el Estado le quitó más de lo que le otorgó al campo.
Aun así, el agro argentino logró mantenerse y mejorar su competitividad, aunque no alcanzó su máximo potencial. Esa es la gran deuda pendiente.
Por eso, cuando se discuten públicamente medidas de apoyo para incentivar inversiones —medidas que otros sectores, como la energía o la minería, incorporan sin reparos— excluir al agro, que siempre demostró eficiencia a pesar de las dificultades, no parece la mejor estrategia.
Como parte del paquete de reformas del Gobierno, comenzó a discutirse un Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). “La propuesta de incentivo fiscal consiste en establecer un régimen de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y una devolución más rápida del crédito fiscal de IVA por inversión en bienes de capital”, explicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Sin embargo, a ese esquema le falta un componente: una parte importante del agro —actividad que, como se recordará, salvo para la foresto-industria, había quedado excluida del RIGI—.
Con el criterio de ampliar el alcance del RIMI, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) destacó que “bajo la redacción actual, un gran porcentaje de las inversiones agroindustriales de economías regionales quedarían excluidas de los beneficios”. Entre los sectores afectados se encuentran, según el CAA, bodegas y plantas de procesamiento de alimentos y bebidas; plantas de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres, molinos y fábricas de molienda de girasol y fábricas de maquinaria agrícola.
Fabricación de equipos agrícolas
El CAA, que comenzó a reunirse con senadores, propone eliminar las restricciones que limitan el beneficio “solo a Micro, Pequeñas o Medianas empresas (Tramo 2), permitiendo que cualquier empresa agropecuaria pueda aplicar si realiza inversiones productivas significativas”. Además, propone incorporar un inciso para el resto de las empresas que no entran como pymes con un monto de inversión mínima de US$30 millones para que puedan acceder a los beneficios del régimen.
“A nivel individual pueden entrar los productores, pero hay muchas empresas medianas, desde semilleras, feedlots hasta tambos que no encajan en el RIMI, por eso pedimos ese cambio”, explicó una fuente del CAA.
La entidad recordó que “el RIGI ya excluye las inversiones agroindustriales, dejando fuera del marco legal al 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales. Al limitar el RIMI exclusivamente a pymes, se repite este escenario de desprotección para la inversión mediana”.
Otra propuesta que se conoció en los últimos días fue la que formuló Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que propone una reforma tributaria con una visión proactiva del sector, que busca contribuir con medidas concretas al diseño de un sistema impositivo que acompañe el crecimiento y no penalice al que produce, invierte y genera empleo”, según el presidente de la entidad, Carlos Castagnani.
Carlos Castagnani, presidente de CRACamila Godoy
Entre otros puntos, la iniciativa de CRA promueve la amortización acelerada de inversiones, un Régimen de Venta y Reemplazo Agropecuario, la devolución acelerada del IVA técnico derivado de inversiones, incentivar el uso de fertilizantes mediante la deducción de Ganancias y, por supuesto, la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX).
Las propuestas del agro, tanto estas como otras que se han planteado en los últimos años, no responden a una lógica corporativista ni a la búsqueda de privilegios respecto de otros sectores. Esa interpretación es la que genera irritación entre los funcionarios del actual gobierno.
Se trata, en definitiva, de igualar las condiciones de juego para una actividad que históricamente afrontó reglas adversas y, aun así, se mantuvo en pie.
