EL CALAFATE.- Ante los productores que asistieron a la 102a. Exposición Rural de Puerto Deseado se presentó un innovador modelo de ganadería ovina sustentable para regenerar la estepa patagónica: la propuesta plantea levantar una barrera física de dos metros de altura efectiva, de más de 3OO km a lo largo de la ruta nacional 3, para impedir el cruce de guanacos y, de ese modo, recuperar la salud del suelo, implementar un manejo ecosistémico, acceder a financiamiento mediante bonos de carbono y restaurar la rentabilidad del sector ovino de Santa Cruz.
La iniciativa surge de un diagnóstico crítico del sistema tradicional, afectado por la ausencia de políticas agropecuarias sostenidas, la presión de la fauna silvestre, el incremento de depredadores y el avance de la desertificación; factores que provocaron pérdida de stock, abandono de campos y una menor actividad económica en amplias zonas rurales de una producción que fue la base de la economía regional.
El “Modelo Integral de Ganadería Ovina Sustentable” es un proyecto técnico de gestión macro-ecosistémica para el corredor de la ruta nacional 3 y propone una transición hacia la “ganadería regenerativa” mediante tecnología orientada a recuperar la salud del suelo.
“Será un proyecto inclusivo porque dentro de esta área hay productores grandes, medianos y chicos, proponemos programación de pastoreo, pero también hablamos de lugares que se van a dejar descansar, porque el productor que no tiene animales también va a poder recibir sus bonos de carbono”, detalló a LA NACION el productor Sebastián Apesteguía, con dos establecimientos en el departamento Deseado, donde se gestó la emergencia agropecuaria anunciada días pasados para toda la provincia.
Apesteguía presentó el proyecto a productores y funcionarios en la Sociedad Rural de Puerto DeseadoCRA
El proyecto contempla la construcción de una barrera física de dos metros de altura efectiva a lo largo de un tramo de entre 315 y 400 kilómetros en el noreste provincial, entre la ruta 3 y el mar, sobre una superficie de 2.260.000 hectáreas que incluye cerca de un centenar de establecimientos agropecuarios. Técnicamente se fija la altura de 2 metros como estándar innegociable por la capacidad del guanaco de sortear obstáculos de hasta 1,60 metro. La obra está proyectada para una vida útil de 50 años y empleará materiales de la economía circular local, como tubing petrolero recuperado.
El objetivo es regular las cargas animales dentro de un clúster; por eso establece, entre otros puntos, que la carga de guanacos en el área productiva no deberá superar el 10% de la receptividad del suelo, destinando el excedente al aprovechamiento comercial de carne y fibra, actividad que en la provincia ya se instrumenta a través del Plan de Manejo del Guanaco.
Detrás de la propuesta, inspirada en experiencias de Australia y Nueva Zelandia, está Apesteguía, Técnico de Producción Agropecuaria y propietario de La Rufina y La Pava, dos establecimientos ubicados a 70 km de Puerto Deseado que fueron los primeros en exportar lana con certificación orgánica. “Estamos en un punto de inflexión, el cambio climático nos está pegando feo, ahora atravesamos sequía, los mercados a nivel internacional remontan, pero no lo vemos reflejado localmente, tenemos predadores, guanacos, y si bien hay un Plan de Manejo del Guanaco, no alcanza si tomamos dimensión de lo que es la provincia de Santa Cruz”, dijo.
Apesteguía no solo conoce el trabajo de campo, sino también la labor de los organismos gremiales del sector: fue dirigente en la Sociedad Rural de Puerto Deseado, presidió la Federación de Instituciones Agrarias de Santa Cruz (FIAS), donde hoy es vocal, y sostiene que la salida para el campo santacruceño solo puede ser colectiva.
“Planteamos construir una barrera que nos va a permitir tener la carga ovina que soporta nuestros campos, pero, además, regular la fauna y también los predadores. No decimos no queremos pumas o guanacos, sino que proponemos manejarlos”, reflexionó.
Según la presentación de la propuesta, a la que accedió LA NACION, la barrera que delimitará el clúster dispondrá de eco-ductos o compuertas para garantizar la conectividad biológica, situados cada 5 a 10 kilómetros; permitirán un paso controlado y se abrirán de manera estratégica para favorecer el flujo genético de la fauna silvestre.
En amarillo el clúster previsto que contendrá más de 100 estancias en el nordeste de Santa CruzApesteguia
De acuerdo con la propuesta, la inversión en estos dispositivos y en toda la infraestructura perimetral provendrá de un esquema de financiamiento mixto: el capital inicial se compone de un 50% de inversión privada, un 30% del Estado y un 20% de créditos blandos. Este sistema se apoya en el insetting regional, por el cual empresas mineras e hidrocarburíferas locales adquirirán Bonos Santacruceños para financiar la obra y cumplir sus metas ambientales.
Apesteguía señaló que la membrama podría financiarse con aportes de las empresas mineras y petroleras que operan en la provincia: “Parte del dinero que adelantan se les van a devolver con los bonos verdes para ellos pueda compensar la huella de carbono que generan”. También se espera sumar a esa prefinanciación aportes nacionales y créditos internacionales. Todo será amortizable a 50 años y los productores sostendrán el sistema devolviendo la inversión inicial mediante el pago a “valor producto” (kilos de lana, carne o carbono), lo que garantiza la sostenibilidad operativa en el largo plazo.
“Queremos que el INTA genere el protocolo nacional, avalado internacionalmente para certificar los Bonos de Carbono, y nuestro insetting regional, es que proponemos que la industria extractiva como la minería en el Macizo del Deseado, en vez de comprar bonos a nivel internacional, compensen su propia huella comprando bonos de carbono en Santa Cruz”, se entusiasmó Apesteguía.
Para asegurar la transparencia se usarán caravanas electrónicas y tecnología que permitan a los productos (lana y carne) contar con trazabilidad completa y una huella de carbono negativa certificada; además, la transición de un control de depredadores letal a uno basado en defensa con barreras físicas permitirá a los productores certificar su lana y carne como wildlife friendly, amigable con la fauna.
Los bonos se generan al transformar la capacidad de captura de la estepa en un producto financiero certificado, cuya validez dependerá directamente de la infraestructura tecnológica de control de cargas animales.
