Tras la decisión del Gobierno de habilitar la exportación directa de lana desde los establecimientos ovinos, los referentes del sector celebraron la medida porque consideran que abre una nueva oportunidad para los productores: permite vender al exterior sin intermediarios y reducir costos y trámites, con un ahorro que puede rondar los US$ 2000 por camión.
Sin embargo, también advirtieron temores por el impacto que la medida podría tener sobre la industria, especialmente en provincias con fuerte agregado de valor. En ese marco se mostraron cautelosos, a la espera de conocer la letra chica de la reglamentación y cómo se implementará la norma en la práctica.
La habilitación, dispuesta mediante una resolución del Senasa que crea la categoría de “barraca de campo”, permite que los productores, una vez inscriptos, exporten lana sucia directamente desde sus establecimientos, sin necesidad de trasladarla previamente a centros urbanos o barracas tradicionales. Es decir que dejan de estar obligados a vender a la industria procesadora local como ocurría hasta ahora.
Dirigentes del sector ovino señalan que la medida abre oportunidades para el productor, aunque genera cautela por su impacto en la industria
Según César Guatti, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, la exigencia de pasar por una barraca habilitada no tenía justificación operativa ni sanitaria y se había transformado en una traba meramente administrativa. Explicó que, en la práctica, la lana salía directamente del establecimiento rumbo al puerto y que el trámite exigido era solo formal. “La lana ni siquiera se bajaba del camión, pero había que pagar la firma de una barraca como si hubiese pasado por ahí”, señaló.
Guatti remarcó que se trataba de un procedimiento burocrático, costoso y sin sentido práctico, que no agregaba valor al producto ni mejoraba los controles. “Era un proceso que no tenía lógica”, afirmó, al subrayar que la lana “no es un producto comestible, se guarda en galpones y no transmite enfermedades”. Según detalló, para un camión con unas 20 toneladas de lana, el costo de esa certificación podía rondar los US$2000, un gasto que recaía directamente sobre el productor. “Eso va todo a costo y termina pegando en la rentabilidad”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que la nueva resolución del Senasa viene a corregir una distorsión que el sector venía planteando desde hace tiempo en las mesas de desregulación.
Además, remarcó que la medida ayuda al sector en un contexto en el que la provincia está atravesada por una fuerte sequía y con problemas en la producción ovina. “Estamos en una situación delicada, con pérdidas de corderos y dificultades de reposición”, advirtió. Por eso consideró que cualquier alivio de costos y simplificación administrativa “ayuda a mejorar las ecuaciones” y a sostener la actividad.
Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, coincidió en que la resolución abre un nuevo canal comercial para el productor, pero advirtió que también puede generar efectos no deseados sobre la industria lanera, que cumple un rol central en el agregado de valor. Explicó que Chubut es una provincia fuertemente exportadora y que una parte sustancial de su producción sale procesada. “Chubut es la provincia que exporta el 98% de su lana y casi el 70% se exporta procesada; ahí hay un valor agregado que lo realiza la industria”, remarcó.
Según la Federación Lanera Argentina, entre julio de 2024 y junio de 2025 el país produjo 32 041 toneladas de lana sucia, de las cuales 30.205 toneladas se exportaron, generando ingresos por unos US$ 24,6 millones. En total, el complejo lanero argentino aportó US$ 114,4 millones en divisas, con China como principal destino.
La esquila en los establecimientos ovinos. Con la nueva resolución, los productores podrán exportar la lana sucia directamente desde el origen.
En ese contexto, Luján señaló que la posibilidad de exportar lana sucia directamente desde el campo introduce un cambio relevante en la dinámica de la cadena. “Esto abre una competencia que puede beneficiar al productor, pero también puede afectar a los eslabones industriales, especialmente a los lavaderos”, sostuvo. A su entender, la medida se inscribe en una lógica de apertura que busca generar competencia, aunque todavía no está claro cómo se resguardará el equilibrio entre los distintos actores.
“La resolución abre un mercado directo para el productor, con la posibilidad de mejorar el precio”, afirmó, pero aclaró que todavía hay demasiadas incógnitas. “No sabemos cuáles van a ser las exigencias ni cómo se va a implementar”, advirtió, al señalar que será clave conocer las normas complementarias que establezca el Senasa para evaluar la viabilidad real de la operatoria.
Por eso, Luján consideró que aún es prematuro sacar conclusiones definitivas. “Hay que esperar la reglamentación completa para poder analizar si el impacto termina siendo positivo o negativo para la cadena”, afirmó, y subrayó que en provincias con fuerte desarrollo industrial, como Chubut, cualquier cambio en el esquema exportador puede tener consecuencias relevantes en términos de actividad y empleo.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) valoraron la medida como un paso positivo para la cadena ovina y la enmarcaron dentro de un proceso de modernización y desburocratización. Según señalaron, “la medida representa un avance importante para la cadena ovina, ya que simplificará los procesos de comercialización y reduce costos asociados al acondicionamiento industrial previo”, lo que, remarcaron, “mejora la competitividad del producto argentino en los mercados internacionales”. Además, encuadraron la decisión dentro de una política de “modernización y desburocratización” que apunta a una mayor eficiencia en la cadena de valor.
Por último, la SRA subrayó que la apertura del canal exportador directo no implica una flexibilización sanitaria. “La disposición del organismo oficial mantiene los estándares exigidos por los países importadores, garantizando los controles zoosanitarios necesarios mediante la certificación oficial del Senasa, preservando el estatus sanitario nacional”, afirmaron, y destacaron que la medida también genera oportunidades para pequeños y medianos productores, especialmente en las economías regionales.
