Desde hace tres meses los ganaderos de la provincia de San Luis —y de otras zonas del centro este— comenzaron a detectar, según relatan, un aumento de abigeatos, faena clandestina y venta ilegal de carne a la vista de todos, hechos que hasta hace poco eran ocasionales. Desesperados, se contactaron con las autoridades en busca de una solución a la crisis de seguridad rural.
Alertaron que el campo se convirtió en una “zona liberada”, con mínima presencia policial, y apuntaron a la inacción de municipios, del gobierno provincial y de la Justicia.
Luis Emilio Orquín, delegado de la Sociedad Rural de la Quinta Región y miembro de la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract, sostuvo que “no solamente se roba hacienda en pie, sino que se faena en el campo o se cortan partes, por ejemplo, las extremidades y se llevan eso nada más. En otros casos dejan solo la cabeza”.
Según Orquín, la logística de los delincuentes varía desde camionetas hasta bicicletas; aprovechan las horas de descanso de los productores y actúan con total impunidad. “Cortan los alambres y se meten a los campos. Eso te habla de la desidia de los gobiernos municipales, provinciales, de la Justicia que mira para otro lado y la policía, con más razón”, sentenció.
Los animales son mutilados en los campos y la carne se vende a través de las
La comercialización de lo robado es, según Orquín, uno de los puntos más polémicos del problema, ya que existe un sistema de “delivery de carne robada” que se promociona en las redes sociales a precios bajos y sin controles sanitarios. “Es uno de los temas más sencillos de controlar a través de bromatología de las municipalidades, pero se ha hecho tan habitual y tan buen negocio que sigue creciendo”, explicó. Para el productor, esta situación compromete seriamente la seguridad de los trabajadores rurales y sus bienes, en un contexto donde los funcionarios han hecho “la vista gorda”.
El productor propone medidas básicas como la instalación de cámaras y puestos móviles en las entradas y salidas de los pueblos: patrullar toda la provincia es imposible, pero controlar la venta en carnicerías y a domicilio desde casas particulares sí resulta viable.
Daniel Casella, presidente de la Sociedad Rural de Río V, coincidió en que la inseguridad rural escaló estrepitosamente en los últimos tres meses. En ese marco, el dirigente criticó que la burocracia desalienta a los productores a denunciar: “Es un trámite muy engorroso; tienen a los productores esperando mucho tiempo en las comisarías, y las denuncias electrónicas muchas veces terminan en vía muerta, sin movimiento real en los juzgados”.
La venta de carne a través de las redes sociales, según los productores
La propuesta de las entidades es concreta: crear una fiscalía agropecuaria específica que comprenda la dinámica del delito rural y agilice los procesos. Casella señaló que, aunque existe la patrulla rural, las extensiones de terreno son inabarcables con los escasos recursos actuales.
No obstante, contó que la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, se comprometió a incorporar 20 nuevos móviles en marzo próximo. Esos refuerzos serían clave para patrullar caminos y controlar no solo el robo de hacienda, sino también el tránsito de fitosanitarios y la faena clandestina en zonas calientes.
Un relevamiento a ojo contabilizó más de 30 productores afectados directamente por las faenas. Solo el fin de semana faenaron cuatro animales en una propiedad del sur de la provincia, y en otra simultáneamente faenaron tres yeguas. La situación en los límites provinciales, por ejemplo con Córdoba, también es crítica.
La venta de carne a través de las redes sociales
Casella contó que esperan una respuesta del gobernador Claudio Poggi, a quien le solicitaron una audiencia para abordar el problema. Insistió en que la única salida es el trabajo conjunto: “Es vital coordinar una mesa entre el Ministerio de Seguridad, Producción, la Justicia y las rurales para aceitar los mecanismos”. Mientras esperan esa definición, la ministra derivó la gestión operativa a comisarios e inspectores locales.
Ariel Ayello, productor agrícola, relató que en su caso le han robado agroquímicos y parte de la infraestructura del campo: “Alquilé todo, ya no tengo hacienda, pero igual me han robado cereal, pantallas de boyero y agroquímicos”. Para Ayello, “no hay una política de Estado provincial para prevenir. No hay infraestructura, ni móviles, ni comunicación, ni personal idóneo. En resumidas cuentas, al Ejecutivo provincial no le preocupa el tema”.
Las vísceras abandonadas en los campos
Ignacio Roca (55), vicepresidente de la Sociedad Rural de Río V en Villa Mercedes, vivió el drama en carne propia en su campo sobre la exruta 7. “Me robaron cuatro animales en menos de tres meses. Es un problema totalmente descontrolado”, denunció. Roca detalló que en su último episodio le faenaron dos vacas, lo que representó una pérdida de 2,8 millones de pesos, acumulando $5 millones en lo que va del año. “En los últimos tres meses faenaron más de 20 animales cerca de Villa Mercedes, incluyendo caballos, novillos y vacas”, agregó.
A pesar de las reuniones de alto nivel, las soluciones no llegan. “Dicen que detienen a los delincuentes, pero los largan al día siguiente. Hemos tenido casos a lo largo y ancho de la provincia, incluso en Justo Daract y el problema es generalizado”, aseguró. Roca, tercera generación de productores, dijo que si bien el abigeato siempre existió, la situación actual es desoladora. “Cuando ves el campo con el alambre roto y los animales faenados te da una sensación de desazón. Uno invierte, trata de producir y te encontrás con estas cosas que te desalientan”, analizó.
Desde el gobierno provincial relativizaron el problema y aseguraron que no se registra un aumento real de denuncias. Según indicaron a LA NACION, las estadísticas oficiales muestran que las denuncias se mantienen en niveles similares a los de los últimos diez años. En ese marco, señalaron que la ministra de Seguridad recibió personalmente a representantes de la Sociedad Rural de Río Quinto y que también mantuvo contactos con autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), en la zona de Córdoba.
Si bien remarcaron que respetan las declaraciones de los dirigentes rurales, insistieron en que, desde el punto de vista estadístico, no se observa un crecimiento en las denuncias ni en los hechos delictivos.
Así están los casos de abigeato en San Luis
