Productores de las zonas rurales del oeste bonaerense afectadas por las inundaciones llevaron su reclamo a la Legislatura provincial. En el Salón Antonio Cafiero del Senado presentaron un paquete de propuestas para aliviar la situación del sector y promover soluciones estructurales frente a la emergencia. Entre los pedidos se destacó la necesidad de conformar una mesa de trabajo que reúna a representantes de la Nación, la Provincia, los municipios, las entidades rurales y a los propios productores. Según adelantaron, podría haber novedades sobre esa iniciativa en las próximas semanas.
“Vinimos a la Legislatura porque creemos que la parte legislativa es indispensable; es un órgano que, además, sirve de contralor al Ejecutivo”, explicó la productora Carolina Donegani. “No vamos solamente con quejas, vamos con propuestas”, agregó.
El encuentro contó con la participación de las Comisiones de Asuntos Agrarios de ambas cámaras. Estuvieron la diputada Sabrina Sabat (Unión y Libertad), el senador Alejandro Cellillo (UCR – Somos Buenos Aires), y los legisladores Luciano Bugallo (Coalición Cívica), Silvina Vaccarezza, Nerina Neumann (UCR – Cambio Federal) y Jorge Schiavone (PRO), entre otros.
El planteo por las inundaciones estuvo en el centro de la reunión. Ricardo Pristupluk
Por parte de los productores asistieron Donegani, Alejandra Córdoba y el tambero Diego Martín; expusieron las consecuencias sociales y productivas de las inundaciones. Relataron que hay familias con caminos intransitables y escuelas rurales sin docentes desde marzo pasado porque los accesos quedaron destruidos.
Durante el encuentro los productores presentaron un petitorio con propuestas legislativas orientadas a reducir la presión impositiva y a brindar asistencia económica a los damnificados. También reclamaron que se retomen y concluyan obras pendientes del Plan Maestro del Río Salado, cuya ejecución acumula más de tres décadas de demoras.
Vale recordar que, a fines de septiembre último, el gobierno nacional anunció ante la Mesa de Enlace el inicio de las obras de dragado del Río Salado, con una primera etapa de unos 33 kilómetros que incluye tareas de ensanche y profundización del cauce. Según se informó entonces, los trabajos buscan prevenir inundaciones, mitigar sequías y mejorar el escurrimiento del agua en la cuenca.
Los productores señalaron, además, la necesidad de controlar los canales ilegales que alteran el escurrimiento natural y agravan las inundaciones. “La Dirección Provincial de Hidráulica, que posee el poder de policía, debe intervenir con urgencia para ordenar la situación”, remarcaron. Frente a ello propusieron armar una mesa de trabajo que articule a diferentes actores de Nación, Provincia, Municipios, entidades rurales y productores rurales.
El reclamo también incluyó un rechazo al proyecto de sobretasa vial que se discute en el municipio de Carlos Casares. Según explicaron, la medida “llega en el peor momento” y “profundizaría la crisis de muchos productores que hoy no pueden ni circular”.
Alejandro Cellillo (UCR – Somos Buenos Aires) y Sabrina Sabat (Unión y Libertad)
“Desde los primeros días de marzo la parte sur de Carlos Casares se encuentra en estado crítico y de emergencia por el agua”, relató Donegani. “Nos organizamos por fuera de las entidades de la zona y decidimos encarar todos los reclamos administrativos y judiciales, incluso denuncias penales contra funcionarios de la Cuenca del Salado y algunos intendentes, en especial el de Carlos Casares [Daniel Stadnik]”, dijo.
Los productores presentaron un petitorio con propuestas legislativas orientadas a reducir la presión impositiva y brindar asistencia económica a los damnificados. Gza.
La diputada Neumann Losada (UCR – Cambio Federal) destacó la gravedad de la situación y la necesidad de actuar en varios frentes. “La situación es crítica, caótica y dolorosa. En toda crisis o inundación uno quiere resolver las cosas ya mismo, y a veces no es viable porque el agua está como está”, señaló. Neumann explicó que propuso a los productores definir acciones concretas e inmediatas, más allá del trabajo legislativo. “Les planteé que nos digan qué se puede hacer puntualmente ahora, en lo inmediato, y empezar a ponernos a trabajar. Más allá de lo legislativo, desde lo político y desde lo humano, porque lo legislativo lleva su tiempo, y lo que no tienen los productores en este momento es tiempo”, dijo.
También consideró fundamental ampliar el espacio de diálogo y activar los comités de Cuenca, que —dijo— “no se reúnen habitualmente” en la zona afectada. “Yo soy de una región donde el comité de Cuenca funciona todo el año. Los intendentes se reúnen cada dos o tres meses y van evaluando qué obras se pueden hacer. Eso da tranquilidad, porque cuando llega una situación como esta, al menos hay un trabajo previo”, explicó.
En lo inmediato, la legisladora mencionó que podrían evaluarse exenciones impositivas o reducciones en las tarifas eléctricas, así como la reparación de los caminos principales. “Son cuestiones que tiene que hacer el Estado, y nosotros desde el Legislativo acompañar. Es fundamental que el Estado esté presente, provincial y nacional”.
De izquierda a derecha, Alejandra Córdoba y Carolina Donegani
En la misma línea, Bugallo señaló que desde su bloque ya presentaron proyectos vinculados con el mejoramiento de caminos rurales, obras hídricas y pedidos de acceso a la información sobre el financiamiento de la Cuenca del Río Salado, a la que consideró el núcleo del problema. “El cuello de botella que se generó, sumado a la falta de previsibilidad y de obras, o de un plan maestro del agua para toda la provincia, es lo que impide ordenar los distritos”, sostuvo.
El legislador, que días atrás recorrió la región afectada con el primer candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica ARI, Juan Manuel López, advirtió que los campos siguen anegados, los caminos están destruidos y muchas obras de drenaje quedaron a medio hacer. “De nada sirve que un distrito arregle los caminos y haga canalizaciones si aguas abajo no está hecho”, agregó.
Para Bugallo, la provincia necesita un plan integral del manejo del agua, con coordinación entre municipios, la Dirección de Hidráulica y el Ejecutivo bonaerense “para que cada distrito no actúe por su cuenta”.
