“Un hecho trascendental, ejemplificador y de suma importancia”. A pesar de haber transcurrido 13 años, esa fue la evaluación a la que llegaron los denunciantes cuando la semana pasada, finalmente, la Justicia de Corrientes condenó a dos hombres por abigeato triplemente agravado. El productor agropecuario Reinaldo Elpidio Estoup y su capataz, Eduardo López, fueron sentenciados a cinco y cuatro años de prisión, con accesorias legales y costas, respectivamente, por el robo de decenas de animales. Este ilícito tuvo lugar en 2013, afectando a un fideicomiso ganadero. De las 336 cabezas denunciadas como robadas, solo se recuperaron 13.
En un fallo reciente, el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción Judicial de Corrientes, con sede en la ciudad de Mercedes, halló a los acusados penalmente responsables por el robo de ganado perpetrado entre enero y julio de 2013 en un campo situado en la 5ta. Sección del departamento Curuzú Cuatiá.
Según consta en la sentencia 22/25, los jueces determinaron que tanto Estoup como López participaron en el hurto de animales en perjuicio del fideicomiso CRIA1, que arrendaba unas hectáreas en el establecimiento rural “Oscuro”, cercano a la localidad de Perugorría.
Se encontraron los alambres linderos cortados en cuatro lugares distintos.
El tribunal estableció que los hechos configuraron el delito de abigeato agravado por realizarse bajo las condiciones previstas en el artículo 164 del Código Penal (robo simple), pero con alteración de las marcas y señales utilizadas para identificar al ganado, y con la implicación de al menos una persona dedicada a la cría y cuidado de animales, lo que agravó la responsabilidad penal.
Asimismo, se impuso una multa solidaria a ambos condenados, equivalente a tres veces el valor de los animales sustraídos, calculada según la cotización del Mercado Agroganadero (MAG) al día del pago. Según el criterio de los jueces, esta medida busca resarcir económicamente el perjuicio causado. En el mismo fallo, los magistrados dispusieron la entrega definitiva de los animales recuperados al doctor Pablo Fleitas, quien había sido designado como depositario judicial.
Hugo Fernández, quien supervisaba el fideicomiso en ese momento, recordó con claridad cómo transcurrieron los hechos. Todo comenzó en agosto de 2012, cuando el fideicomiso decidió acompañar a una cabaña local en un remate en la Sociedad Rural de Curuzú con 859 vientres.
La prueba indubitable del robo fue que, al encontrar los alambres cortados en cuatro lugares distintos, todos lindantes con el establecimiento de Estoup, no así con los otros campos vecinos.
En ese contexto, Estoup, cuyo campo limitaba con el establecimiento arrendado por la empresa ganadera, se presentó y adquirió más de 200 vacas que, según los damnificados, formaban parte de una estrategia para apropiarse de la marca dentro de su propio establecimiento. En octubre de ese año, fue el mismo capataz, ahora condenado, quien se presentó en Oscuro, ofreciendo buena vecindad y solicitando que cualquier cruce de hacienda fuera notificado para su devolución.
Al mes siguiente, tres crecientes sucesivas, provocadas por el desborde del arroyo Villanueva, afluente del río Corriente, que se prolongaron hasta el otoño de 2013, inundaron casi por completo un potrero de 5000 hectáreas.
Las crecientes sucesivas duraron hasta el otoño de 2013, dejando un potrero entero de 5000 hectáreas prácticamente inundado.
A pesar de que esto les dificultaba llevar a cabo los recuentos necesarios y totales, ya en cada recorrida comenzaban a percibir la falta de animales. “Fue entonces cuando se empezó a desconfiar, porque cada vez que se reunía hacienda, entre medio de las inundaciones, siempre faltaban vacas. No estaban. Pero no teníamos certeza del número real de animales que faltaban en el campo. Por eso pedimos una recolta a los campos vecinos, todos nos devolvieron animales, menos Estoup, que nos aseguró que no tenía nada”, detalló Fernández a LA NACION.
Una vez que se retiró todo el agua, se pudo realizar un recorrido más exhaustivo y llevar a cabo un recuento general de todo el campo; faltaban 276 vacas y 60 vaquillas, como se denomina a la categoría de vaquillona en Corrientes, sumando un total de 336 cabezas ausentes. La prueba irrefutable del robo fue la constatación de que los alambres estaban cortados en cuatro lugares, todos adyacentes al establecimiento de Estoup, y no así con otros campos vecinos.
Así, de manera inmediata, se presentó la denuncia y se iniciaron las actuaciones policiales. Sin embargo, no fue sino hasta diciembre de 2012, casi un año después, que se allanó Tataré, el campo de Estoup. Durante el allanamiento se hallaron 13 vacas provenientes del fideicomiso, comprobándose que no eran las que Estoup había adquirido en el remate: las de la subasta estaban identificadas con marcas particulares y números de caravana.
Los animales recuperados tenían las señales y marcas alteradas.
A lo largo de todo este proceso, que se extendió casi 13 años hasta llegar a la sentencia, Fleitas actuó como abogado de la querella. “Esta causa nos llevó muchísimos años: un juez que en algunos momentos era competente, pero luego decía que no. Los expedientes se retrasaban. Por ejemplo, una cuestión de competencia tardó dos años en resolverse. Posteriormente, surgieron resoluciones favorables a Estoup de las cuales nunca nos notificaron. Luego se logró la nulidad de esas resoluciones, que luego debieron ser revocadas para poder procesarlo”, describió el abogado.
A partir de allí, comenzaron una serie de planteos por parte de Estoup “tendientes a dilatar el proceso”. Cada planteo ocasionaba demoras de un año o más. “Llegamos así hasta 2020, periodo de la pandemia que favoreció la paralización de la causa”, detalló.
Concretamente, en 2021 se realizó la citación a juicio. A partir de ese momento, esperaron la fijación de la fecha hasta marzo de este año, cuando finalmente se programó para mayo pasado: “Tras cuatro días de juicio oral, en una audiencia bastante tendenciosa, se declararon alrededor de 18 testigos. A pesar de los testimonios que debíamos presentar, la defensa no pudo acreditar absolutamente nada, ni lo mínimo. El jueves pasado, los jueces los hallaron culpables. Ambos llegaron libres al juicio y seguramente recurrirán la sentencia. No están presos; Estoup tiene actualmente 73 años y su capataz, 74. Sin embargo, más allá de esta circunstancia, se trata de un hecho trascendental, muy significativo, al menos, para la región, dada la importancia de la persona condenada”.
Es importante recordar que, en 2006, en Chaco, el Senasa interdictó más de 3000 vacunos por irregularidades en su procedencia a la firma Riacho Inglés SA, cuyo propietario era Estoup, en los establecimientos El Trébol y La Esperanza.
Durante todo este tiempo, muchos habían perdido la esperanza. Al respecto, Fernández comentó: “Pensé que nunca habría condena”. Para Fleitas, esta ha sido, sin duda, su causa más prolongada. “Con 46 años, tengo 25 de experiencia en la profesión y he ocupado todos los roles en el sistema judicial, como fiscal, juez y secretario. Tenía 33 años cuando empecé con esta causa. En mi vida he visto una causa que dure tanto tiempo y que sea tan tendenciosa. Uno siente cierto grado de satisfacción, solo un poco, porque lo ideal hubiera sido obtener una respuesta rápida, con mayor celeridad de parte de la Justicia. A pesar de todo, es una resolución importantísima que da fe y razón de una triste realidad que enfrentan los ganaderos de la provincia”, concluyó.
