Después de más de cinco años de investigación judicial, se elevó a juicio oral una causa por presunta administración fraudulenta millonaria que involucra a un productor ganadero de la provincia de Corrientes. El acusado, Rómulo Augusto Bobbio, enfrenta cargos por la desaparición de casi 2000 cabezas de ganado pertenecientes a la empresa Landver SA, con un perjuicio económico que actualmente se estima en un millón de dólares.
Los hechos se remontan a 2020 y ocurrieron en el departamento correntino de Curuzú Cuatiá. La causa, que tiene como carátula “administración fraudulenta”, fue impulsada por la denuncia de la empresa afectada, respaldada por una extensa producción de pruebas, que incluyó testimonios, documentación comercial, allanamientos y peritajes. La investigación corroboró que Bobbio, en su calidad de administrador de la hacienda, habría desviado y vendido los animales sin autorización ni rendición de cuentas.
“La solidez de la denuncia y de las pruebas reunidas permitió que se dictara prisión preventiva en su momento. Para recuperar su libertad, el acusado debió abonar una fianza de $5 millones”, explicó a LA NACION Silvia Piaggio, abogada de la firma Landver.
En ese entonces, existía una relación comercial entre Landver SA y la firma Balboa y Bobbio SRL, de la que Bobbio es socio. Ambas mantenían un contrato de capitalización de hacienda en el establecimiento “Buena Vista”, propiedad de LandverGza.
Aquel vínculo comercial implicaba que Bobbio se encargaba de toda la administración operativa: sanidad, vacunación, gestiones ante organismos públicos y comercialización.
La situación se complicó en 2019, cuando Landver decidió vender el campo y trasladar la hacienda. Para ello, firmaron un contrato de venta en consignación con la sociedad de Bobbio, quien propuso alojar el rodeo en el campo familiar “Santa Ana del Trébol”. Sin embargo, tras múltiples solicitudes de rendición de cuentas e intentos fallidos de inspeccionar los animales, comenzaron las sospechas. “Nos respondía con evasivas; incluso llegó a reconocer por carta documento que tenía las 1966 cabezas de ganado, pero nunca permitió verificar su existencia. Atribuyó su negativa a las restricciones por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)”, detalló Piaggio.
En agosto de 2020, representantes de Landver, junto a un escribano, se presentaron en el campo para comprobar el estado del ganado, pero Bobbio les negó el acceso. Ante esta negativa, se formalizó la denuncia penal. Posteriormente, en un allanamiento ordenado por la Justicia, solo se encontraron siete toros con la marca registrada de la empresa; el resto del ganado nunca apareció.
La investigación avanzó gracias a las declaraciones de peones, transportistas, funcionarios del Senasa y arrendatarios. Ahí, según Piaggio, “salieron a la luz presuntas maniobras irregulares, donde se habrían emitido documentos apócrifos por ventas inexistentes y falsificado guías de traslado. Un supuesto comprador citado a declarar aseguró que nunca realizó operaciones con Landver ni recibió facturas”.
“La maniobra era sofisticada: creaba documentos de traslado falsos, simulaba operaciones que nunca existieron y luego hacía desaparecer esa documentación. Así evitaba controles policiales. Nadie pudo determinar a dónde fue a parar la hacienda. La vendió sin dejar rastros”, agregó Piaggio.
“Nos respondía con evasivas, incluso llegó a reconocer por carta documento que tenía las 1966 cabezas de ganado, pero nunca permitió constatar su existencia. Alegaba restricciones por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO),”
Silvia Piaggio, abogada de la firma Landver
En septiembre de 2020, el juez de Instrucción ordenó la detención del productor, le prohibió la comercialización de ganado y ordenó el embargo de 500 hectáreas de campo en Mercedes. Según relató la abogada, Bobbio logró vender unas primeras 500 hectáreas antes del embargo, lo que obligó a litigiar en una sucesión en Buenos Aires para lograr trabar medidas sobre otra parcela de igual superficie de otro establecimiento que el acusado tiene en condominio con sus hermanas.
Paralelamente, Bobbio intentó evitar el juicio al solicitar la suspensión del proceso a prueba (probation), ofreciendo una compensación económica. “Pretendía pagar apenas un 15% del daño causado. El juez finalmente rechazó esta propuesta, y la Cámara de Apelaciones confirmó la negativa. Hubiera sido un premio para quien lucró con el delito”, subrayó la abogada.
“Concederle la probation hubiera eludido una sanción penal efectiva, debilitando la acción ejemplificadora de la Justicia. Esto enfatiza la seriedad del delito, preserva la integridad del sistema judicial y refuerza un mensaje social esencial: quien obtiene beneficio ilícito debe enfrentar plenamente las consecuencias judiciales y económicas de sus acciones. La Justicia no puede permitir que el autor se beneficie de su propia acción ilegal. Considero que el fallo es ejemplificador”, añadió.
La investigación avanzó con declaraciones de peones, transportistas, funcionarios del Senasa y arrendatarios
Según explicó, el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción de Corrientes, integrado por los jueces Jorge Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Alberto Ríos, será el encargado de llevar adelante el juicio oral, que podría iniciarse entre septiembre y octubre de este año.
Este órgano colegiado es el mismo que, días atrás, condenó por abigeato a Reinaldo Elpidio Estoup y a su capataz, Eduardo López, a la pena de cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, con accesorias legales y costas.
Actualmente, en la causa contra Bobbio se estima que el daño patrimonial causado alcanza los $1300 millones. “Más de 30 testigos están convocados, incluyendo funcionarios de Fucosa, policías y agentes de Marcas y Señales. La prueba es sólida y esperamos una sentencia ejemplificadora”, afirmó Piaggio.
Para la abogada, de probarse la responsabilidad penal de Bobbio, la pena máxima prevista por el Código Penal para este tipo de delitos podría alcanzar hasta seis años de prisión.
“Aunque no se trató estrictamente de un robo, se violaron todos los principios de confianza y legalidad. La Justicia debe actuar con firmeza para desalentar este tipo de hechos”, concluyó.
LA NACION intentó comunicarse con un número de contacto de Bobbio que figura en el expediente judicial, sin embargo, al llamar, el mismo no corresponde a un abonado en servicio.
