Los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere fueron procesados este jueves junto a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial; el empresario y dueño de Red Mutual, Walter Grenón; y su hermana, Viviana Grenón.
Según consigna Página Judicial, la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo los acusó por el delito de vaciamiento a raíz de una denuncia que inició Dolores Etchevehere en 2013 en el marco de un proceso sucesorio.
La familia del ex ministro de Agroindustria de MauricioMacri y el principal aportante a la campaña de Alberto Fernández, es decir,Grenón, están siendo investigados por una supuesta administración fraudulentaen la Sociedad Anónima Entre Ríos, empresa que edita El Diario.
La denunciante adelantó que va a apelar loa decisión deBacaluzzo por el sobreseimiento de su hermano Luis Miguel en lo que respecta ala utilización de créditos tomados al banco Itaú para beneficio personal. Loque se califica como estafa.
Entre las maniobras de vaciamiento se encuentra el traspasofraudulento de propiedades y el desvío de créditos en dólares a tasa subsidiadapor el Estado, que habían sido otorgados a para la producción de soja.
Los abogados de Dolores entienden que en “la ruta deldinero” hay elementos suficientes para afirmar que esos créditos fueronutilizados para financiar el vaciamiento de El Diario.
Esta causa fue cajoneada y se activó en noviembre de 2020,cuando el militante social Juan Grabois ingresó en Estancia Casa Nueva ydenunció a sectores de la política y al Poder Judicial de ser cómplices de lamaniobra. A las 48 horas, el juez Carlos Ríos (fallecido posteriormente) imputóa los Etchevhere y Grenón.
Lo cierto es que lo resuelto por Bacaluzzo reconoce laactividad delictiva de los denunciados.
En mayo de 2018, El Diario despidió sin causa y sin cumplircon indemnización alguna a 80 trabajadores. La mayoría decidió litigar y en laactualidad se encuentra con sentencia firme, luego de que la empresa no hayaapelado lo resuelto en primera instancia.
Hace unas semanas Página Judicial dio cuenta de un episodioque enturbia el proceso judicial que se lleva adelante en el marco del concursopreventivo. El juez Civil y Comercial N° 9, Ángel Luis Moia hizo lugar a laventa de un terreno de 700 metroscuadrados en el barrio privado Puerto Urquiza en tan solo $8 millones, hastacinco veces menos del valor de mercado.
La autorización del juez a los dueños de El Diario (Grenónfue reemplazado por Ramiro Nieto) tuvo como argumento la necesidad de lospropietarios de hacerse de fondos para el pago de salarios en la empresa que, atodas luces, es inviable hace años por su inexistente incidencia en el mundoperiodístico y comercial.
La sospecha es que la autorización de venta del capitalinhibido forma parte de una simulación. Es decir, se están autovendiendo aprecio vil para vaciar SAER y proteger esos bienes inmuebles que hoy deberíanestar a disposición para ejecutar las sentencias firmes y favorables queobtuvieron los trabajadores. Un segundo vaciamiento.
El procesamiento de Bacaluzzo incrementa el estado desospecha de los trabajadores sobre el accionar de Moia y la demora en elproceso cuando no hay nada más para hacer que proceder a pagar lasindemnizaciones fijadas por fallo judicial.
Fuente: Página Judicial
